13 misiones de mantenimiento de la paz se encuentran en desarrollo en diversos países de África, Asia y Medio Oriente, según la información proporcionada por las Naciones Unidas.
En América Latina y el Caribe el terreno de actuación de las misiones de paz ha incluido también a El Salvador, Guatemala y la República Dominicana. Sin embargo, la gran mayoría de las misiones de la ONU, e incluso otras desplegadas de forma conjunta o bajo la órbita exclusiva de la Organización de Estados Americanos (OEA) se han dado en Haití. 8 en total desde la intervención de la Misión Civil Internacional en Haití (MICIVIH) en el año 1993.
El reconocido intelectual haitiano Camille Chalmers afirma que un conflicto político doméstico se utilizó en el año 2004 como pretexto para organizar un golpe de estado y una posterior ocupación multilateral. El golpe estuvo a cargo de un grupo de ex-militares de las Fuerzas Armadas disueltas por el presidente Jean-Bertrand Aristide en el año 1995. Estos ingresaron desde territorio dominicano hasta la capital Puerto Príncipe, siendo asesorados y financiados por los Estados Unidos y apoyados tácitamente por Francia y Canadá.
Tras el exilio forzoso de Aristide el presidente interino Boniface Alexandre solicitó el primer despliegue de una Fuerza Multinacional Provisional. Compuesta por soldados canadienses, franceses, estadounidenses y chilenos, este sería el germen de la futura Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH). Pero tanto el pedido como la ocupación en sí contravenían la Constitución de 1987. La Carta Magna de Haití, un país con un régimen semi-parlamentario, limita esas atribuciones a la Asamblea Nacional, su máximo órgano legislativo.
Los argumentos de la ONU: “estabilización” e “intervencionismo humanitario”
Desde entonces una serie de eufemismos surgieron para justificar la ocupación, tales como la “suspensión de la soberanía”, el “intervencionismo humanitario” y la “pacificación”. En la práctica la pacificación implicó un ejercicio de represión política selectiva, la realización de diversos crímenes sexuales y la propagación de una epidemia de cólera desde una base de la MINUSTAH que se cobró 10 mil vidas e infectó a más de 800 mil personas, según reconoció tardíamente el por ese entonces Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon.
La creación de la MINUSTAH se dio en el contexto de una creciente “securitización” de la agenda internacional en el contexto de la post Guerra Fría. Desde la caída de la Unión Soviética y el declive del Movimiento de Países No Alineados, el Consejo de Seguridad tendría un carácter cada vez más discrecional y se reducirían las atribuciones de la Asamblea General. A su vez, el Artículo VI de la carta fundacional del organismo, referido al arreglo pacífico de controversias, sería desplazado de forma creciente por el Artículo VII que prevé la “imposición de la paz” y el despliegue de los ejércitos de Cascos Azules.
Por otro lado, un nuevo paradigma jurídico internacional comenzaría a imponerse: el del “intervencionismo humanitario” y la “responsabilidad de proteger” -también conocido como R2P por su onomatopeya anglófona-. Según la jurista y especialista cubana en relaciones internacionales, Leyla Carrillo Ramírez, se trata de formas de “intervención extranjera coercitivas”. Éstas, según la autora, contradicen los principios de soberanía y autodeterminación de las naciones, aún cuando se amparen en la violación real o presunta de los derechos humanos de las poblaciones locales.
Brasil: el “principio de no indiferencia” y las aspiraciones geopolíticas
En el año 2004 sería Brasil el encargado de asumir la comandancia militar de la MINUSTAH, además de ser el país que suministraría el mayor contingente militar: 1.670 soldados tan sólo al comienzo de la misión.
El principio rector de la diplomacia brasileña sería el de la “no indiferencia”, una suerte de variación local de la R2P. Esta arista de la política exterior del gigante sudamericano iría acompañada de su voluntad de incidir en la política internacional a tono con su carácter de país emergente, miembro dinámico del BRICS y potencia subregional.
Brasil lideró la política de control de poblaciones en barrios populares como los de Bel Air y Cité Soleil. En este último se desarrolló una intervención armada que asesinó al menos 27 civiles y dejó un saldo de 30 heridos según los testimonios de los pobladores y la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, según consta en un dossier especial del Instituto Igaraparé y el Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Brasil, la auto-evaluación oficial sería sumamente elogiosa, calificando a la actuación brasileña en Haití de “epopeya militar”.
El otro motivo para participar tendría que ver con las negociaciones directas establecidas entre el gobierno brasileño, el francés y el norteamericano. Según Ricardo Seitenfus, ex Representante de la Secretaría General y Jefe de la Oficina de la OEA en Haití, George W. Bush habría prometido al gobierno brasileño un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a cambio de hacerse cargo de la MINUSTAH.
Argentina y la relegitimación de las Fuerzas Armadas
Como en todo el Cono Sur, las Fuerzas Armadas de Argentina se vieron involucradas en el terrorismo de estado y la represión coordinada del Plan Cóndor a mediados de la década del ‘70. Pero sólo en Argentina los militares alcanzarían un nivel de descrédito tan pronunciado, producido por factores como la derrota en la Guerra de Malvinas y la emergencia de un poderoso movimiento de derechos humanos.
La participación argentina se debió a un intento de refuncionalizar y relegitimar las fuerzas en un contexto democrático, según un libro producido entre la Universidad Nacional de Quilmes y el Ministerio de Defensa. De hecho, un documento de trabajo del Frente de Todos presentado en octubre de 2019 se refería, en su apartado sobre política exterior, a la necesidad de fortalecer la presencia argentina en misiones de paz, tomando como referencia la experiencia de la participación en la MINUSTAH.
Sin embargo, el propio estudio mencionado destaca los enormes déficits en la formación de las tropas enviadas a Haití. Entre ellas la incompatibilidad entre la formación militar y la asunción de tareas policiales, el absoluto desconocimiento sobre la realidad y la cultura locales y la práctica ausencia de formación con perspectiva de género. Cuestión más que relevante tratándose de tropas que se desempeñaron en un contexto de gran vulnerabilidad social y que más tarde cometieron numerosos crímenes sexuales según numerosas investigaciones e informes. La socióloga haitiana Sabine Lamour nos refirió que las organizaciones feministas y de mujeres han constatado muchos de ellos en localidades como Bombardopolis, Port-Salut, Gonaïves y Puerto Príncipe, pese a tanto el Estado nacional como las embajadas extranjeras no mostraron ningún interés en rastrear los casos.
A un año de la finalización de la última misión en Haití, las naciones latinoamericanas -con la salvedad de Cuba y Venezuela, quienes se abstuvieron de participar- aún no han realizado un balance completo y conjunto sobre los 15 años de ocupación del país. Ni tampoco han ofrecido una respuesta satisfactoria ni políticas de reparación a las víctimas de esta extensa y costosa guerra unilateral.
