La discusión sobre una ley que frene el negacionismo en Argentina, volvió a emerger en el debate luego de que la referente de Abuelas de Plaza de Mayo lo mencionara en su discurso del 24M
Si bien hubo decenas de proyectos que existen desde el 2016, hay diferencia en cuanto a sus penas y aplicaciones. ¿Quiénes deberían ser sancionados por emitir discursos negacionistas? ¿Qué alcance puede llegar a tener la ley? ¿Podría ser aplicada en Argentina?
En países como en Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Hungría, Italia, Gracia, República Checa y Suiza, se considera delitos la negación de hechos como el Holocausto Judío o del Genocidio Armenio.
En el caso particular de Francia, la ley Égalité et citoyenneté (Igualdad y ciudadanía) prevé penas de hasta un año de prisión y una multa de hasta 45.000 euros para aquellos que nieguen públicamente genocidios reconocidos por Francia, como es el caso del Genocidio Armenio, o el Holocausto.
#24M 🗣️ La presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto habló frente a una multitud en Plaza de Mayo#TelamSeDefiende #TelamNoSeCierra #SomosTelam pic.twitter.com/XXyvcNRMKL
— Somos Télam (@somostelam) March 24, 2024
Distintos proyectos para frenar el negacionismo
El 2 de septiembre de 2003, el ex presidente Néstor Kirchner promulgó la ley 25.779 que declaró nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que hasta ese momento impedían que sean juzgados los responsables de delitos de lesa humanidad.
A través de a sanción de las “leyes del perdón y de la impunidad”, donde se condenaba a genocidas por sus delitos de detención, tortura y desaparición de personas, comenzaron los juicios de lesa humanidad y la reparación histórica sobre políticas de Memoria Verdad y Justicia.
“Era otro contexto que no permitía volver atrás” dijo para ARG Verónica Bogliano, Abogada de DDHH. “La demostración de eso, fue el masivo rechazo al 2×1”, señaló la abogada.
La medida que se intentó ejercer en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri pretendía aplicar la vieja ley 24.390 (vigente entre 1994 y 2001) que conmutaba dos años de pena por cada uno sin sentencia a genocidas.
La medida fue dictada por la Corte Suprema la cual estaba integrada por los jueces Rosenkrantz y Rosatti, quienes habían sido designados por decreto por Mauricio Macri. El fallo tuvo que volver atrás debido al repudio masivo de la sociedad.
Un año antes de la masiva marcha por el intento del 2×1, se había escrito el primer proyecto que intentaba ponerle fin a dichos negacionistas, pero a diferencia de los que le sucedieron; “tenía un objetivo más de divulgación y promoción que de sanción”, dijo la abogada Bogliano.
El proyecto que fue presentado por el ex intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez y que consiguió media sanción en la Cámara Baja bonaerense, inscribía que era obligación que en todos los actos públicos de gobierno se incorpore el término “Dictadura Cívico-Militar”, y el número de 30.000 junto a la expresión “desaparecidos”, cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país.
“En ese momento no era el negacionismo tal como lo conocemos ahora como el discurso contra hegemónico, sino más bien hacía referencia a la teoría de los dos demonios, que desde el gobierno de Alfonsín se habla” dijo la abogada Bogliano.
En 2021, en plena pandemia, se escribió un proyecto similar, pero con mayor tono sancionatorio, que incluía además la “negación, banalización o subestimación pública de la Soberanía de la Nación Argentina sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimo e insulares correspondientes”. Además de, sancionar a las personas que “públicamente nieguen, impidan, o menosprecien la existencia de una pandemia y sus efectos sobre la salud pública”
“En Malvinas siempre se habló de este contra discurso sobre la gesta patriótica promovida por las fuerzas armadas que en territorio continental estaban desplegado un plan sistemático de exterminio lo cual siempre fue un contrasentido sobre la Memoria, Verdad y Justicia”, dijo para ARG el abogado del Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM), Jerónimo Guerrero Iraola.
“Hicimos ese aporte en el proyecto porque creemos que sobre la cuestión Malvinas todavía hay una enorme cuenta pendiente del Estado”, agregó Iraola.
En 2023, a partir de las declaraciones emitidas por la candidata a vicepresidenta Victoria Villaruel, que finalmente terminaría asumiendo en su cargo el 10 de diciembre de ese año, se impulsó la elaboración de otro proyecto que frene los discursos públicos negacionistas de la última dictadura cívico-militar.
Con el aporte de H.I.J.O.S, la UBA y la organización de Abuelas de Plaza de Mayo, se elaboró un nuevo proyecto con el mismo espíritu sancionatorio pero restringido únicamente a funcionarios públicos. Además de que no plantean la prisión como sanción sino la inhabilitación o destitución.
Todos estos proyectos, y otros más que fueron presentados en ambas Cámaras no obtuvieron los suficientes dictámenes para ser debatidos y sancionados como ley.
Mismo espíritu, distintas consecuencias
Si bien los últimos dos proyectos mencionados (2021 y 2023) mantienen el mismo objetivo de frenar el negacionismo en Argentina, las diferencias están en el tipo de aplicación y su pena; una incluye a la población civil y otro lo acota a funcionarios públicos, agentes de las fuerzas de seguridad o integrantes de las Fuerzas Armadas. Uno, inscribe la pena como delito que puede ser condenado en la cárcel, y otro únicamente con inhabilitaciones de funciones públicas. Otros, incluyen los dos.
Para la abogada Guadalupe Godoy; “La sanción no parece la vía adecuada para contrarrestarlos. Creo que el modo más efectivo de seguir disputando sentido en los terrenos donde nos sentimos más cómodos como las calles, no el terreno judicial”, dice Godoy para ARG
Por el contrario, para la abogada Verónica Bogliano, “que el pueblo ayer haya salido a la calle masivamente en las plazas de todo el país, da un poco el termómetro de lo que quiere y necesita”, afirma.
Además, para Bogliano debe ser sancionado “todo aquel que tenga responsabilidades institucionales”, ya sea en ámbitos públicos políticos como en el ámbito educativo, por ejemplo.
Para Godoy en caso de sanciones; “seria de mayor eficacia que sean hacia las declaraciones de funcionarios públicos, porque sería contraproducente ir contra aquellos que emiten esos discursos por redes sociales que son muchas veces pibes y pibas que de cierta forma pueden llegar a pensar que es ir contra el statu quo”, agrega.
