Los tiempos se apresuraron. El duro revés electoral del domingo puso a la gestión de Economía a cargo del ministros/candidato Sergio Massa contra la espada y la pared. Casi como una capitulación, aceptó la devaluación leonina impuesta por el FMI en pos de garantizar un inmediato desembolso de los dólares que cree necesitar para garantizar alivio fiscal y estabilizar el barco.
El gobierno, que había pedido dinero a la Corporación Andina de Fomento, a los bancos chinos, a Qatar, siempre en pos de pagar vencimientos con el FMI y no tener que devaluar, ahora se enfrenta a un escenario incierto donde prefiere ir a lo seguro. Este escenario explica el repentino viaje del ministro de Economía a Washington y destrabar personalmente cualquier inconveniente.
Al cierre de esta nota el dólar oficial cotiza $347, y el dólar paralelo tocó los $800, bajando luego a $770. Las cuevas dicen un precio a una hora, y luego otro. Este alto nivel de inestabilidad cambiaria se traduce rápidamente en especulación en los precios. Hay corralones que guardan sus materiales a la espera de una nueva cotización, por solo poner un ejemplo de uno de los sectores más importantes de la economía.
El escenario también llega a las fábricas y sus insumos, a los comercios y sus productos, y así como un interminable efecto dominó. Sin previo aviso, la petrolera Raízen Argentina aumentó el precio de los combustibles. Para Shell, la suba fue del 14% en todos sus combustibles tras la devaluación de la moneda. De esta manera, Raizen aplicó el segundo aumento de combustibles del mes de agosto y se adelantó a las negociaciones que llevará adelante con el Gobierno, tras el vencimiento del acuerdo que permitía ajustes graduales de precios de alrededor del 4%.
Los frigoríficos aseguran que entre lunes y martes sufrieron aumentos del 60%. A esta suba, se le suma la renegociación entre los comerciantes y el Gobierno sobre el vencimiento de Precios Justos, con un aumento que podría estar entre el 9% y 15%. El Gobierno les reclamará a las empresas de consumo masivo que mantengan a raya los aumentos.
La nueva unidad de renegociación de precios comenzó a funcionar este martes, ahora bajo el mando del titular de la Aduana Guillermo Michel, junto con el secretario de Comercio Matías Tombolini y el viceministro de Economía Gabriel Rubinstein. Aseguran que el Gobierno ofrecería una serie de beneficios fiscales como la exención del impuesto PAIS para la importación de bienes y servicios para quienes acepten formar parte del programa.
La certera económica juega con tres factores que espera actúen a su favor: Por un lado, el 6,3% del Índice de precios al consumidor (IPC) del mes de julio que se conoció esta semana y mostró a Sergio Massa como un posible domador de la inflación (números que pueden sufrir un tremendo desbarajuste en agosto), y por otro lado el alivio fiscal que supondría un inmediato desembolso de U$D 10, 7 mil millones por parte del Fondo.
Parte de este desembolso deberá ir necesariamente a enfrentar los efectos de la devaluación y el aumento de precios. Hablamos de aumentos en programas sociales, bonos en salarios y jubilaciones, y demás medidas que impliquen más que alivio fiscal, alivio social, ni más ni menos que con un reloj que cuenta solo 60 días desde hoy hasta los comicios de octubre.
