El proyecto de ley para reformar el Estado que envió Javier Milei al Congreso Nacional continúa su recorrido en comisiones al tiempo que aglutina rechazos. La principal oposición desde la sociedad civil es la que está siendo motorizada por las centrales gremiales nucleadas en la CGT, que esta semana ratificó el paro nacional del 24 de enero y comenzó a tejer puentes con diversos espacios políticos en el Congreso como el radicalismo y la coalición cívica.
Ayer luego del plenario en el que participaron todas las regionales del país el secretario General, Héctor Daer aseguró la existencia de una coordinación con espacios políticos para rechazar el DNU y la ley Omnibus: “Hablamos con Unión por la Patria, con una parte numerosa del radicalismo, con el bloque de (Miguel Ángel) Pichetto, mañana con la Izquierda y estamos a confirmar con Innovación Federal”. Además explicó que seguramente se corten las calles el día de la movilización, en referencia al protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich.
El otro integrante del triunvirato de la CGT, Pablo Moyano dijo, por su parte, que la prioridad será “voltear el DNU” y valoró que por primera vez en años “la CGT está más unida que nunca”.
Según trascendió, las centrales sindicales se reunieron con representantes del peronismo federal que conduce parlamentariamente Miguel Ángel Picheto, con un sector del radicalismo referenciado en Facundo Manes y con integrantes de la Coalición Cívica. (con charlas directas con Elisa Carrió incluidas)
En lo que respecta a la UCR la posición frente a las reformas que busca implementar Javier Milei está dividida entre el sector que lidera el jefe de bloque Rodrigo de Loredo, más dialoguista y propenso a votarle las leyes al gobierno nacional (llegó a decir que “el radicalismo no liderará una oposición contra el proyecto de ley”) y otro sector que estaría representado por Facundo Manes, diputado nacional que estuvo a punto de liderar su propio bloque radical en diciembre. Este último no estaría de acuerdo con las reformas planteadas y llevaría al menos 10 diputados a votar en contra de la ley.
En el radicalismo hay una serie de puntos claves que no estarían dispuestos a negociar, sobre todo lo que tiene que ver con baja de jubilaciones, privatizaciones d empresas públicas, aumento de retenciones, blanqueo de capitales y delegación de facultades legislativas al ejecutivo. Todo lo demás está resaltado en amarillo para negociar. Lo ideal para el bloque del partido centenario sería poder negociar cada artículo como si fuera una ley aparte de otra, algo que el oficialismo no parece muy dispuesto a hacer.
Por otro lado el bloque Hacemos Cambio Federal, escindido de Juntos por el Cambio, busca algo similar al radicalismo: negociar algunos puntos de la ley con los que acordaría. Un camino similar buscaría la Coalición Cívica, que no quiere saber nada con delegar funciones del legislativo al ejecutivo. Ninguno de estos bloques está en contra de reformas laborales como las propuestas en el DNU y en la ley Ómnibus.
Así las cosas, los gremios continuarán con la ronda de articulaciones descontando el apoyo de los diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda y los Trabajadores.
