La ministra Patricia Bullrich anunciará en conferencia de prensa el restablecimiento de la vigencia de la resolución 956/2018. Se trata del protocolo general para el empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas federales.
El “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”, más conocido como Doctrina Chocobar, habilita a las fuerzas de seguridad federales a disparar por la espalda o a personas desarmadas sin necesidad de dar la voz de alto ni de mediar una agresión previa.
La Doctrina Chocobar quiebra el paradigma del uso excepcional de la fuerza letal que prescriben los estándares internacionales, como por ejemplo el Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la ONU, y la Ley de Seguridad Interior.
De esta forma, se pierde la noción de proporcionalidad al habilitar el uso de armas de fuego contra quienes portan otro tipo de armas o incluso no portan armas. Se genera una amplitud de situaciones caracterizadas como de “peligro inminente” habilita el uso de la fuerza letal contra personas que están huyendo o que forman parte de un grupo en el que hay una persona armada.
Asimismo, en algunos casos, los policías podrían saltearse garantías tan básicas como el principio de inocencia. Esto ocurre, por ejemplo, porque se otorga la posibilidad de disparar a personas que los policías suponen que podrían haber cometido un delito y se estén dando a la fuga.
Otro de los graves problemas de la Doctrina Chocobar es que no expresa que, aun cuando se utilicen las armas de fuego, los funcionarios deben reducir al mínimo los daños y lesiones y proteger la vida humana, ni tampoco explicita que se deberá hacer lo posible para excluir el uso de armas de fuego contra niños, niñas y adolescentes.
Además de elevar las amenazas a la vida y la integridad, la resolución es un avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, ya que busca limitar al máximo la capacidad de este último de ejercer su tarea de control del accionar policial.
Este protocolo fue dejado sin efecto por la exministra de Seguridad Sabina Frederic, el 20 de diciembre de 2019, una de las primeras medidas que tomó durante su gestión en el gobierno de Fernández.
El restablecimiento del protocolo fue cuestionado desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que criticó que esa norma “que habilitó a las fuerzas de seguridad federales a disparar por la espalda o a personas desarmadas impunemente, determinó un incremento importante de fusilamientos de gatillo fácil”.
“Bastó que en diciembre de 2019 se derogara el protocolo Chocobar para que en los cuatro años siguientes hubiera 35 personas menos asesinadas por la espalda, desarmadas, por integrantes de las fuerzas federales” agregaron desde Correpi.
