Hace varios años los 1° de mayo pasaron a ser un día más de descanso, lo que comúnmente se llama un feriado dominguero. Incluso las organizaciones de izquierda, quienes religiosamente movilizan cada año, mermaron sus niveles de participación. Este año puede que sea distinto ya que las principales centrales gremiales convocaron a movilizar al monumento al trabajo, ubicado a algunas cuadras de la Casa Rosada.
La marcha no será multitudinaria como la gran concentración del 24 de enero en la Plaza Congreso, pero implicará una respuesta a uno de los peores ataques hacía la clase trabajadora desde el retorno a la democracia. Un punto más de una agenda de iniciativas convocadas por la CGT, iniciada con la adhesión a la histórica movilización por las universidades públicas y que concluirá con el paro nacional del 9 de mayo.
Los canales de negociación con el gobierno nacional están prácticamente cortados, no solo para la CGT sino también para las CTA y los movimientos de trabajadores de la economía popular representados por la UTEP. Todos entienden que el escenario será, inexorablemente, de mayor confrontación. Las centrales sindicales deben defenderse de un feroz ataque del capital sobre el trabajo por parte de un gobierno que aun cuenta con amplios niveles de apoyo, incluso en las mismas bases de los sindicatos.
Según el último informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) el salario mínimo, vital y móvil ha tenido un brutal descenso a partir de la asunción de Milei. El valor de salario mínimo que se había fijado para el mes de diciembre quedó absolutamente por debajo del aumento de precios del 25,5% de ese mes. Durante el último Consejo del Salario en febrero del 2024, el gobierno lejos estuvo de querer recuperar el poder adquisitivo de los ingresos de la clase trabajadora sino, por el contrario, profundizó su caída.
La Secretaría de Trabajo definió en aquel momento una suba total de 30% en tramos, que llevó el salario mínimo a 202.800 pesos desde el mes de marzo. De este modo, entre noviembre de 2023 y el mes de abril, el salario aumentó nominalmente 38,9% frente a una inflación que puede estimarse en más de 110%. Se consumó así en pocos meses una reducción real de 34,1%.
Dadas las reducciones previas que ya habían tenido lugar, en abril de 2024 el poder adquisitivo del salario mínimo se ubica 44,7% por debajo del nivel que tenía en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos, y 57,7% por debajo del de noviembre de 2015.
Tan grande es el retroceso que el valor real de los salarios se ubica incluso por debajo del nivel de 2001/2002. También en la comparación con las líneas de pobreza y de indigencia se evidencia el retroceso histórico. En abril el salario mínimo sólo alcanzó para adquirir poco más de la mitad de la canasta básica de alimentos que define la línea de indigencia para una familia tipo y menos de un cuarto de la canasta de pobreza, relaciones solo comparables al peor momento de la crisis tras el estallido del régimen de convertibilidad.
El DNU 70/2023 esbozó las aspiraciones del gobierno para la subsistencia de quienes viven del trabajo. La “Ley Bases” que ya cuenta con media sanción en Diputados amenaza con concretar legalmente esas aspiraciones. De aprobarse la ley se modificaría la ley 24013 de regulación laboral y la ley de Contratos de Trabajo; se reemplazaría las indemnizaciones por un fondo de cesantías; se permitiría que trabajadores autónomos contraten hasta 5 personas sin que se aplique relación de dependencia; y no habría castigo o multas a quienes contraten en negro.
Las negociaciones de la CGT, y la presión sobre el bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto, dieron de baja el artículo 98 del borrador del Poder Ejecutivo, que establecía penas de 6 meses a 3 años de prisión a quienes bloqueen empresas. Se quitó también el artículo que establecía la eliminación de las cuotas solidarias, por las que los trabajadores financiaban a las obras sociales sindicales. También se quitó la eliminación de la ultraactividad, que establece la vigencia de los convenios colectivos de trabajo hasta tanto se negocie uno nuevo.
Tampoco se reglamentará la restricción del derecho a huelga a través de la inclusión como servicios esenciales de sectores como la educación, y se descartó la introducción de cambios en el régimen del teletrabajo.
Las cartas del conflicto están sobre la mesa, solo que la respuesta dad hasta ahora no estaría frenando la ofensiva. Quizá por lo rápido del choque, quizá por la magnitud de la derrota reciente. Si hacemos el conteo, el gobierno de Javier Milei cuenta con una movilización opositora masiva por mes, algo inédito. Si bien el gobierno cuenta hoy con la victoria de una media sanción de la “Ley Bases” en Diputados, el golpe de la multitudinaria marcha universitaria fue una de las primeras balas que entró sin capacidad de defensa. Este es el marco de una nueva movilización por el 1 de mayo.
Para sumar las voces protagónicas, ARG Medios dialogó con el secretario general de la UTEP, Alejandro “Peluca Gramajo, y con el secretario general del SUTEBA y la CTA bonaerense, Roberto Baradel.
ARG Medios: ¿Cómo se preparan para la movilización del 1ro de mayo? ¿Hay algo especial en esta ocasión?
Alejandro Gramajo: Sin lugar a dudas este 1° de mayo no es un día cualquiera porque el conjunto de las trabajadoras y los trabajadores, del pueblo humilde y del pueblo en general, está sufriendo un atropello sistemático de quita de derechos y deterioro de la calidad de vida de los argentinos. Esta situación hace que este primero de mayo esté inscripto en el plan de lucha que venimos desarrollando desde la CGT, la UTEP, la CTA, el movimiento de mujeres, los universitarios, los inquilinos, los pequeños comerciantes, etc.
El 24 de enero con el paro y movilización logramos frenar el primer intento de aprobar la Ley Ómnibus. El 8 de marzo las mujeres dieron un contundente rechazo a la política de ajuste de MIlei. Los movimientos populares hicimos el 10 de abril una masiva movilización al Ministerio de Capital Humano en la 9 de Julio. El 23 de abril el sector universitario convocó a una gran manifestación popular en defensa de la educación pública. Y así podemos enumerar diversas acciones en contra de este modelo económico de hambre y saqueo. Este primero de mayo desde el conjunto de la clase trabajadora nos movilizaremos masivamente y en unidad para ponerle un freno al gobierno de Javier MIlei.
Roberto Baradel: Es muy importante movilizarnos en unidad con todas las centrales sindicales. Se ha conformado, como quedó claro en el Congreso, una alianza entre sectores de derecha y ultraderecha que va por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, por la entrega del patrimonio nacional y el blanqueo de capitales sin tener en cuenta la fuente de financiamiento.
ARG Medios: ¿Cómo ves a la clase trabajadora en este momento?
AJ: Por un lado, veo que el gobierno ha dejado en claro que sus consignas de campaña de ajustar a la casta política hoy tienen nombres concretos: esa casta son los jubilados, los pequeños comerciantes, los trabajadores formales tanto privados como públicos, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular.
Desde que asumió el gobierno de MIlei, todos los trabajadores viven peor. Los trabajadores asalariados perdieron contra la inflación, mientras todos los servicios aumentaron, los servicios públicos, el transporte, el combustible, los alimentos, la salud y la educación privada. Todo aumentó a niveles desorbitantes.
Mientras que los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular perdieron la changa, comen una vez al día por la suba de los alimentos. El gobierno desfinanció la política de urbanización de barrios populares, las unidades productivas de la economía popular, los centros de primera infancia, la agricultura familiar, entre otros, empezando a generar un deterioro de la organización comunitaria facilitando el avance del crimen organizado y el narcotráfico en los barrios populares.
RB: Hay una dificultad grande para el sector que no está registrado. Esto ha consolidado en la conciencia de muchos trabajadores y trabajadoras un feroz individualismo. Cuando se habla de derechos muchos de estos trabajadores te dicen que no tiene los derechos que si tiene el sector formal.
Creo que tanto el sector informal como el formal, sea perteneciente al Estado o al privado, tenemos que aunar fuerzas para avanzar en un país que permita distribuir la riqueza y generar condiciones de vida digna para todos y no solamente para un sector privilegiado.
ARG Medios: ¿Cómo ves al sector que representa ustedes particularmente?
AJ: En términos gremiales, venimos sufriendo una pérdida de derechos. En el 2016, logramos sancionar la Ley de Emergencia Social, que creo que el Salario Social Complementario, luego transformado en Potenciar Trabajo, que ha sufrido una campaña sistemática de estigmatización, de persecución, de deslegitimación, que ha generado condiciones para que este gobierno avance en un proceso de ajuste sobre esa política.
En el 2018, logramos la Ley de Barrios Populares, que también este gobierno estigmatizó y desprestigió para efectivamente desfinanciar las obras en los barrios populares. Lo mismo hizo con la política alimentaria, sin embargo, frente a la complicada situación que vivimos los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular hemos avanzado mucho en un proceso de lucha y de resistencia con todas las organizaciones de la economía popular, de la economía comunitaria y del conjunto de las organizaciones sociales y populares de la argentina. Pero sabemos que sin lugar a dudas, la unidad, la organización, la solidaridad, la fe y la lucha son el camino para revertir esta situación.
RB: Lo veo como un sector organizado, con conciencia, que no escapa a lo que piensa la sociedad en general, en un sentido o en otro, pero un sector muy organizado y con conciencia en términos de defensa de la educación pública y de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
También los veo con una actitud solidaria, en el marco de pertenecer a un central y construir cotidianamente las condiciones que nos permitan la unidad con otros sectores de trabajadores, algo que es clave para torcer la correlación de fuerzas y salir de esta crisis. Hay que enfrentar a quienes quieren destruir las organizaciones sindicales y explotar cada vez más a los trabajadores y a las trabajadoras.
Un ejemplo muy claro fue el reciente Consejo del Salario donde los empresarios, algunos de los cuales para el presidente son héroes por fugar capitales, ofrecieron un salario mínimo vital y móvil de apenas 200 mil pesos. Una vergüenza.
