La motosierra de Milei pasó por la “Hidrovía”

Milei disolvió el ECOVINA por decreto utilizando un artículo de la Ley Bases y dejó a las provincias afuera de las decisiones sobre la "Hidrovía"

El Gobierno Nacional disolvió el ECOVINA en el decreto 688/2024, un ente que incorporaba a siete provincias en la toma de decisiones del tramo fluvial argentino del Río Paraná. Para desarticular el organismo, el Gobierno utilizó el artículo 3 de la ley Bases que habilita “disolver organismos con el objetivo de desburocratizar el Estado.”

El ECOVINA es un organismo creado durante la gestión de Alberto Fernández para acompañar al organismo que estaba a cargo de la administración y cobro de peaje. Dicha modificación se hizo luego de que todas las regulaciones de la Vía Troncal Paraná- Paraguay estén en manos de privados durante 20 años. Pero antes de explicar el impacto de su disolución recordemos el momento en el que el Río Paraná-Paraguay dejó de ser argentino:

El 21 de febrero de 1995, Carlos Saúl Menem, firma el decreto que lleva a licitación la concesión de la vía navegable troncal Paraná-Paraguay. Esto sin antes sancionar la Ley Nº 24.093, que produce la descentralización del sistema nacional de puertos, siendo el paso previo para la concesión.

La administración de un tramo de las vías troncales pasa a estar en manos de la empresa belga Jan de Nul y la local EMEPA. Ambas asociadas en la concesionaria llamada Hidrovia S.A. Nombre que se convierte en lo que no debería ser; un sinónimo de las vías navegables Paraguay-Paraná. La misma llegó a facturar 200 millones de dólares anuales, concentrando el 80% de las exportaciones y el 90% de las importaciones argentinas.

Lo que iba a durar una década se prolongó un cuarto de siglo. Los siguientes gobiernos siguieron estirando la concesión privada. La consecuencia no solo fue la fuga de divisas, sino también el desvanecimiento de una industria naval que había sido ejemplo mundial en sus épocas de oro.

El 11 de septiembre del 2021, a través del decreto 949/20 Argentina volvió a recuperar el control económico sobre sus vías navegables, y el cobro a grandes buques extranjeros por transitar por el tramo norte de las Vías troncales del Paraná, pasó a facturarse a través de la Administración General de Puertos (AGP).

Sin embargo, dicho decreto fue criticado por distintos sectores: organizaciones y sindicatos repudiaron la renovación de la concesión de las tareas del dragado y balizamiento con empresas extranjeras mediante concesiones, lo que generaba un gasto importante en su mantenimiento, y la paralización en la industria naval argentina.

Entonces, ¿Qué fue lo que hizo la gestión de Alberto Fernández con la “Hidrovía”? Según un informe de la AGP, durante un año de concesión nacional, el Estado recaudó arriba de 29 millones de dólares.

Además, junto con la medida también se creó el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegables (Ecovina) conformado por siete provincias ribereñas (Buenos Aires, Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos) pero con su única base operativa en Rosario.

Entonces, el panorama a partir de ese momento- y hasta ahora- es una vía navegable que tiene como dueña a todos los argentinos, pero que su ente regulador está en manos de una empresa de capitales nacionales autárquica al estado nacional: la AGP, quien define junto con otros directorios- como el Ecovina- las tarifas, y las concesiones de las obras de dragado y balizamiento del corredor fluvial.

Las funciones de estos dos entes son indelegables a una sociedad privada en el marco de un esquema estatal. No hay figura jurídica que tome la administración de la vía navegable y tercerice a otro privado las operaciones.

Desde la provincia de Buenos Aires, sostienen que la verdadera intención detrás de esta medida es concentrar nuevamente en el gobierno central las decisiones sobre la Vía Navegable Troncal, sin la intervención de las provincias afectadas, con el objetivo de una privatización a fin de año. ¿Podría suceder?

Según los pasos que viene siguiendo el gobierno nacional, todo indicaría que el ultimátum será cuando el tramo argentino del Río Paraná pase completamente a manos privadas. Sin embargo, no será tan fácil ya que se suman tensiones por otro lado; al establishment agroexportador no le convence mucho la privatización del tramo por donde pasan sus barcos con cereales y granos para exportar. Ya que eso significaría la existencia de “un dueño del río” que tenga la potestad de imponer el precio que quiera ponerle a cada buque sin importarte su trazo federal, o su impacto medioambiental.

Volver más fuertes a los aliados y debilitar a las provincias

Otro de los objetivos que tuvo de fondo esta medida fue la fortaleza hacia dos importantes figuras que hoy se disputan para dentro del gobierno nacional: Toto Caputo y Mauricio Macri.

Ambos tienen representación en el área de Puertos y Vías Navegables (SPVN). Toto Caputo es el ministro de Economía, organismo que regula directamente esta área. Y Mauricio Macri tiene a uno de los suyos encabezando la SPVN; el exfuncionario macrista Iñaki Arreseygor.

La SPVN quedó facultada para licitar y adjudicar tanto el dragado y balizamiento de la vía troncal que va desde la zona de Confluencia hasta la salida oceánica como de otros tramos menores y complementarios de la hidrovía; todo “bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje y/o de concesión de servicio público mediante el cobro de tarifas, peajes u otras remuneraciones”.

Por otro lado, la provincia de Buenos Aires es nuevamente una de las más afectadas. No solo por la pérdida de decisión sobre el río que costea todo el territorio bonaerense, y sobre el cual existen actividades que giran en torno a los puertos, sino también por el peligro que corre uno de los proyectos más importantes que tenía en vista el gobernador Axel Kicillof: la puesta en marcha del canal de Magdalena.

El gobierno nacional no destina obras para comenzar el dragado del canal de Magdalena que sustituirá el paso por Montevideo que actualmente tienen que hacer todas las embarcaciones que se dirigen hacia el sur tiene que pasar igualmente por ese canal. “Le pedimos por favor al Gobierno Nacional que avance con la planificación del Canal, o bien que nos entregue la jurisdicción del mismo porque no está en aguas provinciales, así nosotros comenzamos su construcción,” había dicho el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carli Bianco en una conferencia de prensa.