El sacerdote Javier Olivera Ravasi, que organizó una reunión de diputados libertarios con represores en la cárcel de Ezeiza, fue echado de la Diócesis de Zárate-Campana. Ya no podrá residir en la dicha diócesis por disposición de la autoridad eclesiástica y tendrá que volver a Santa Rafael (Mendoza) o buscar otro lugar donde vivir.
La sanción se tomó luego de que la propia Conferencia Episcopal emitió un comunicado tomando distancia de las gestiones que hizo el cura y de fuertes gestos del papa Francisco que recibió a víctimas de la última dictadura militar.
“Dado que en reiteradas ocasiones se recibieron en este Obispado numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano -máxime proviniendo de un sacerdote-, se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder. Al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud, y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis de Zárate-Campana así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta Diócesis”, informó en un comunicado.
En un encuentro celebrado el martes con el presidente de la Conferencia Episcopal, Oscar Ojea, y con el vicepresidente del mismo cuerpo, obispo Marcelo Colombo, una delegación de representantes de los organismos defensores de derechos humanos había pedido la expulsión de Olivera Ravasi de la Iglesia “por las actividades que viene desarrollando y por ser heredero del proyecto de impunidad de los genocidas”.
Olivera Ravasi es hijo del ex militar Jorge Antonio Olivera, también condenado por violaciones a los derechos humanos, entre ellos el secuestro y desaparición de la modelo Marie-Anne Erize.
A partir de la decisión del obispado de Zárate-Campana, el cura Olivera Ravasi deberá regresar a San Rafael (Mendoza), la diócesis a la que pertenece según la norma eclesiástica o, de lo contrario, buscar que algún otro obispo lo acoja.
La disposición no adelanta sobre la posibilidad de que se tomen otras medidas que restrinjan la actividad religiosa del cura, ni tampoco sobre su estatus como sacerdote.
