Hace un año a esta altura, el gobierno nacional anunciaba la Ley Bases; un paquete de leyes desregulatorias que redireccionaría el rumbo del país. Entre ellas, el Régimen Federal Pesquero, capítulo que luego quedaría fuera del paquete legislativo por fuertes presiones del sector.
El anuncio de Milei fue un diciembre del 2023 y la posterior aprobación en el Congreso fue un 24 de junio de 2024. Sin embargo, el 31 de enero del año pasado fue un momento bisagra para la pesca argentina en donde muchos volvieron a respirar cuando se conoció que los artículos 211 al 220 sobre la modificación del Régimen Federal Pesquero (Ley 24.922) habían quedado eliminados de la normativa.
A un año de la incertidumbre que terminó el último día antes de que se repartan las cuotas de captura de pesca, el sector de la pesca describe la maniobra de Sturzenegger como “un susto”. ¿Cuál fue el objetivo del gobierno? El dicho de “pegarle al chacho para que aparezca el dueño”, calza bien, porque “los dueños del mar” aparecieron.
El empresariado pesquero sale en los medios
La Ley tenía tres ejes claves que modificarían al 100% la forma de pescar en argentina: la apertura a licitaciones internacionales, la posibilidad de operar con tripulación extranjera y el permiso de descargar en cualquier puerto del mundo. Según Jorge Frías, presidente de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (AACPyPP), eso “terminaría con la pesca argentina tal y como la conocemos desde los años 70”.
En el lapso de tiempo para negociar que los empresarios de la pesca argentina tenían, comenzaron los llamados, las reuniones, y las negociaciones con funcionarios. Mientras tanto, mantenían una postura confrontativa públicamente, como Domingo Contessi, presidente del astillero Contessi y director del Grupo Veraz, una de las familias más poderosas en el mundo de la pesca, y que nunca le esquivaron a las alianzas políticas.
Durante el gobierno de Macri, el líder del PRO le ofreció a Contessi el Astillero Río Santiago mientras los despidos eran moneda corriente y el riesgo de una privatización estaba a la vista. Contessi admitió públicamente haber apoyado a Javier Milei, y también aseguró ser uno de los arrepentidos en votarlo.
“Lo que nunca imaginamos es que las ideas de la libertad vendrían con la amenaza de una virtual expropiación del sector pesquero, la vulneración de la seguridad jurídica y la consecuente destrucción del caladero. Esto mismo es lo que plantea indirectamente, tal vez por desconocimiento, la modificación propuesta a la Ley Federal de Pesca que se incluyó en la Ley Ómnibus”, dijo Domingo Contessi en un acto homenaje de botadura.
⚠️🤔¿El primer arrepentido de la era Milei?
En @pasaroncosas899 entrevistaron al presidente del astillero Contessi y director del Grupo Veraz (pesca), que apoyaba las ideas de Milei y que descubrió tempranamente que su industria es una de las primeras víctimas de la Ley Ómnibus. pic.twitter.com/XyViTOoKxE— Todo Negativo (@TodoNegativo) January 2, 2024
La incertidumbre no duró hasta la eliminación del capítulo de la pesca en la Ley Bases. Faltaba lo más importante; asegurarse las cuotas de captura de pesca que vencían el 31 de diciembre del año pasado, y se renovarían por 15 años más, según la ley.
Durante un año la industria pesquera vivió con total incertidumbre. La garantía de un escenario que seguía igual iba a estar cuando se repartieran las cuotas de merluza, algo con lo que el gobierno jugó y aplazó hasta el último día, con la complicidad del Consejo Federal Pesquero.
El empresario marplatense Antonio Solimeno había declarado en un medio local que: “Muchos hemos hecho proyectos en base a resoluciones ya emitidas desde el Consejo Federal Pesquero en el año 2018, entendíamos que las condiciones iban a ser iguales y con los mismos parámetros”
EL gobierno jugó con fuego. El 31 de diciembre del año pasado, último día hábil, las cuotas se repartieron con la garantía de que toda quedará inamovible durante 15 años más. Todo volvió a la normalidad; las construcciones de flotas nacionales volvieron a reanudarse, y las importaciones de insumos se retomaron. La pesca nunca paró.
Después de un año de tensiones, llamados y negociaciones entre el sector empresario de la pesca nacional y el gobierno, los empresarios terminaron aplaudiendo el resultado de la cuotificación, que quedó tal como estaba.
El capitulo de la pesca está fuera de la Ley Ómnibus.
Desde el primer día defendimos el trabajo de la región Mar del Plata. Hoy, gracias a las conversaciones que llevamos adelante entre el sector público y privado, se escuchó al interior, se defiende el laburo de miles de…
— Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) January 31, 2024
Mar argentino sorteado al mejor postor
“Las modificaciones al Régimen Federal Pesquero iban a terminar con la pesca tal y como la conocemos”, dice para ARG Jorge Frías. Venía a proponer una nueva forma de pescar, que ni siquiera tenía antecedentes que lo sustentaran a nivel mundial.
Inclusive Estados Unidos tiene políticas proteccionistas de su mar; cuenta con una ley centenaria vigente desde el año 1920 que se llama “Jones Act”, la cual prohíbe que cualquier buque de cabotaje (transporte, pesca, remolque, etc) opere entre puertos de Estados Unidos si no fue construido en ese país.
Sturzenegger tildó de “deficitaria” a la industria de la pesca y aseguró que “las pocas empresas pescan gratis los peces de todos”. Al gobierno no le alcanzaba los 630 millones de dólares anuales que la industria pesquera le aporta al fisco (1800 millones de dólares anuales exportados menos el 35% de impuestos pagados).
¿Cuál era la jugada del gobierno con la industria pesquera? ¿Realmente se trataba de ecuaciones numéricas deficitarias?
Pareciera que la ola venía aún más fuerte: la desregulación de Sturzenegger pretendía abrir las aguas hacia las empresas del mundo y como consecuencia fundir la argentina, que no podría competir con semejantes potencias en ultramar.
Las licitaciones abiertas al mejor postor permitirían que la asignación de Cuotas Transferibles Individuales de Captura (CITC), o sea, lo que cada empresa puede pescar, no contemple las actuales condiciones del Régimen Federal de Pesca; como la obligatoriedad de que la flota sea nacional, la historia de pesca y lo que aporta a la economía argentina.
El permiso de operar con tripulación extranjera y la eximición de pasar por puertos argentinos resonó como un disparate entre los consorcios portuarios, la industria naval, y los gremios de la pesca. Se irían más de 100 mil puestos de trabajo que otorga hoy la industria pesquera en el país, entre plantas procesadoras, construcción de buques, logística portuaria y personal capacitado para operar en el mar.
Además, el proyecto de ley eliminaba todos los incentivos al agregado de valor, ya que solo le interesaba “la mejor oferta económica” por las cuotas de pesca.
El mar “de todos” para unos pocos
A un año de asustar a la industria pesquera, hoy el negocio del mar sigue como si nada hubiera pasado; un empresariado pesquero con mucho poder que no es conocido por el gran grueso de los argentinos. Lo cierto es que el gobierno buscaba conocer de primera mano cómo funciona el sistema. Y lo logró, de la peor manera.
A pesar de haber sido la corrupción, no un blanco para combatir, sino una perfecta excusa para instalar un plan de saqueo de recursos marinos, nadie se opone. Jorge Frías describe a la Ley Federal de Pesca como “un manual de instrucciones para hacer negocios”, y agrega: “Se suponía que el espíritu de la ley era no monopolizar, y cuando vas al historial de los empresarios tienen un grupo con tres empresas distintas y cada una con sus respectivas cuotas.”
El Consejo Federal Pesquero; organismo interjurisdiccional que define la política pesquera del país, dejó de estar a la altura hace mucho tiempo. “La evasión que hay en empresas marplatenses es enorme, y hay un interés de los empresarios de que no se sepa lo que pasa en el mar para manejar las cosas como ellos quieren” .
Bajo la ley Federal de Pesca sancionada en 1997 también existen maniobras ilegales y corruptas. “Fue un instrumento que sirvió para ordenar la jurisdicción del mar durante aquellos años. Sin embargo, pasan los años y nadie la corrigió”, aseguró el Capitán de ultramar.
“El Exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina Norberto Yauhar, nos acusó públicamente de depredar el mar argentino, pero son los funcionarios que aplican la ley federal pesquera y son los que deciden junto con los empresarios, donde, como, cuando y quienes pescan”, concluyó Frías.
