De manera récord para esta época del año, 11 agroexportadoras vendieron 7 mil millones de dólares en 3 días sin retenciones a la exportación. El volumen de venta de soja y derivados es tan escandaloso en favor del complejo agroexportador, que hasta la Sociedad Rural Argentina se quejó por quedar afuera de la maniobra del Ministro de Economía Luis Caputo. Con esta operación, las cerealeras hicieron una diferencia de 1.500 millones de dólares.
En el artículo 1 del boletín oficial, publicado el 22 de septiembre pasado, fija en 0%, la alícuota del Derecho de Exportación para los productos y derivados de la soja, hasta el 31 de octubre de 2025. Y agrega “o hasta la finalización del día en que se alcance la suma de registraciones de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por un importe equivalente a DÓLARES ESTADOUNIDENSES SIETE MIL MILLONES (USD 7.000.000.000), lo que ocurra primero”.
Los productores no llegaron a presentar el cargamento en las exportadoras para venderla porque en muy poco tiempo se agotó el beneficio. La Mesa de Enlace, es decir la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas y la Federación Agraria, quedaron fuera de su propio modelo de negocios. La razón es que los puertos están privatizados por pocas multinacionales que acopian o procesan los granos de soja para ser exportados.
Solamente el complejo agro-exportador, agrupado en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), tiene la capacidad de acopiar esa enorme cantidad de granos para vender. Es más, estas multinacionales también pueden presentar Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) aún no teniendo el producto guardado o el permiso de embarque correspondiente. La razón es porque tienen espalda para depositar los dólares para liquidar la venta del producto de exportación. De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el 24 de septiembre las agroexportadoras liquidaron 19,5 millones de toneladas de granos y productos. Estos datos expresan que seis compañías anotaron casi el 80% de las operaciones registradas: LDC Argentina, Cargill, Bunge Argentina, Aceitera General Deheza, Cofco International Argentina y Molinos Agro.
Pedro Peretti, el ex titular de la Federación Agraria, calificó como una “megaestafa” la decisión del gobierno de abrir la ventana de retenciones cero granos. Aseguró que la medida fue “totalmente pactada con la Cámara Argentina de Aceiteros y Exportadores de Granos”, lo que derivó en que “se dejaran de pagar casi 1.800 millones de dólares al fisco. Fue un acuerdo para liquidar 7 mil millones en 72 horas, que benefició a Cargill, Dreyfus, Cofco y Bunge. Al campo no le llegó nada”, remarcó.
El salvavida de plomo de los Estados Unidos
En el marco del rescate financiero al plan económico de Luis Caputo y de la reunión entre el presidente Javier Milei y Donald Trump, se concretó un pedido explícito de las autoridades norteamericanas: la re-instauración inmediata de las retenciones a las exportaciones argentinas. La solicitud, anunciada por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, responde directamente a la presión del agro estadounidense, que alertó sobre la competencia que representan los productos argentinos para su cosecha recién levantada. Este acuerdo, denunciado por varios sectores locales como una “megaestafa” contra los intereses nacionales, evidencia cómo la salvación del plan económico argentina queda supeditada a demandas externas.
Por otro lado, el problema es que en el mercado doméstico, la medida de quita de retenciones, impactará directamente en el aumento de los precios de los alimentos y de los insumos básicos para la producción de carne. Una medida que, en lugar de fortalecer al sector productivo, favorece la especulación y la concentración económica.
La Federación Rural para la producción y el arraigo calificó la medida en un comunicado como un “manotazo de ahogado” del Gobierno de Javier Milei para llegar a las elecciones. Para la organización, esta decisión evidencia las prioridades económicas y los sectores a los que se dirige la gestión. En ese sentido expresaron: ”¿Qué otra cosa se podría hacer con esos 1500 millones de dólares?”. Afirmaron que, por ejemplo, ese monto alcanzaría para garantizar por dos años el funcionamiento de instituciones clave para el desarrollo nacional, como el INTA, el INTI, INV y el INASE; el hospital Garrahan, las universidades nacionales y el CONICET, las cuales, señalaron, este gobierno se encarga de “desfinanciar y destruir”.
