Bajo la lluvia, envueltos en pilotos y con bicicletas cargadas, este sábado 10 de enero la caravana salió desde la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El recorrido total es de 500 kilómetros divididos en ocho etapas, con llegada prevista para el domingo 18 a Necochea y Puerto Quequén.
Puerto Quequén es uno de los principales puertos cerealeros del país. En 2025, según datos oficiales del propio Consorcio, se movilizaron alrededor de 9 millones de toneladas de granos y subproductos, como aceites y pellets. De sus tres grandes terminales de exportación, una —la más importante, ubicada en las ex instalaciones de la Junta Nacional de Granos— concentra cerca del 40% de todo lo que se exporta por el puerto, unas 3,5 millones de toneladas anuales.
Esa terminal es la que tiene la concesión vencida. Según explicó Mario Aduhl, integrante de la Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén, “la concesión se venció hace más de tres años, después de más de tres décadas de explotación privada. Estas instalaciones son propiedad de la provincia de Buenos Aires”. Y agregó: “Como legítimos dueños dijimos: no queremos alquilarla más. Queremos explotarla nosotros, la provincia”.
Desde la Asamblea señalan que el esquema actual es una “privatización encubierta”, basada en concesiones de larguísimo plazo. “No estamos hablando de expropiar nada. Es un simple contrato vencido. Tenemos todo el derecho del mundo a no renovarlo y a trabajar esas instalaciones desde el Estado”, remarcan.
“La platita es de ellos y las penas son de nosotros”
El comercio exterior de granos es hoy la principal fuente de divisas de la Argentina. Entre 2019 y 2024, el complejo agroindustrial habría aportado más del 60% de los dólares brutos y más del 90% de las divisas netas que quedaron en la economía nacional. Sin embargo, ese flujo está altamente concentrado en un puñado de empresas multinacionales.
En Puerto Quequén operan, entre otras, Bunge, Viterra, Cofco, ACA y LDC, las mismas firmas que controlan gran parte del comercio exterior en el resto de los puertos cerealeros del país. En el caso de la terminal principal, se trata de un conglomerado integrado por varias de estas compañías.
Esto produce que sean ellas mismas quienes inciden en los precios de exportación, quién puede exportar y bajo qué condiciones. Al embarcar granos, las exportadoras realizan declaraciones juradas sobre cantidades y plazos de arribo. Si no se cumplen, deben pagar penalizaciones al puerto receptor, que en muchos casos también es operado por empresas del mismo grupo económico.
“Las mismas empresas son dueñas de la terminal y al mismo tiempo son las exportadoras. Están en los dos lados del mostrador”, señaló Aduhl. Y agregó: “No cumplen un verdadero servicio público. Si un exportador chico quiere operar, le buscan el pelo al huevo y no le dan la oportunidad. Esto favorece la concentración y la expulsión de pequeños productores”.
Desde la Asamblea advierten que este modelo facilita subfacturación, evasión impositiva, maniobras con precios de transferencia y fuga de divisas, y limita severamente la capacidad del Estado para controlar volúmenes, calidades y valores reales de exportación.
“Las que exportan no son la Argentina: las que exportan son las agroexportadoras, que en un 99% son capitales transnacionales”, remarcó el referente. “Puerto Quequén este año exportó alrededor de 9 millones de toneladas. Son 9 millones de toneladas de plata. ¿Y a nosotros qué nos queda? Las rutas rotas, las calles rotas, la miseria. La plata se la llevan las grandes corporaciones”.
Soberanía portuaria y renta provincial
Desde la Asamblea proponen que la provincia cree una Sociedad del Estado que opere la terminal, compre, acopie y exporte granos, funcionando como una empresa “testigo” para transparentar el comercio exterior.
“Estamos proponiendo que la provincia de Buenos Aires cree una sociedad del Estado para comercializar los productos de nuestra tierra que salen por terminales que son nuestras”, explicó Aduhl.
Según estimaciones difundidas por el espacio, solo esa terminal podría generar entre 280 y 300 millones de dólares anuales si fuera explotada directamente por el Estado provincial. “Con una sola terminal podríamos multiplicar por diez la construcción de viviendas populares por año. Es plata fuerte que hoy se va del país y podría quedar acá para mejorar la vida de los bonaerenses”, sostuvo.
Además, en 2026 vencería la concesión de otra terminal, lo que abriría la posibilidad de que hasta el 70% de las exportaciones de Puerto Quequén queden bajo gestión estatal. “Ahí ya estaríamos hablando de alrededor de 500 millones de dólares por año para la provincia”, afirmó.
Los documentos de la Asamblea subrayan que la recuperación de la operatoria permitiría no solo fortalecer las finanzas públicas, sino también impulsar empleo, reconstruir una flota mercante, reactivar la industria naval y mejorar el poder de negociación de pequeños y medianos productores.
“Desde hace 33 años los bonaerenses estamos perdiendo una masa de dinero muy grande que se está regalando”, denunció Aduhl. “Esto no es contra nadie: es en defensa del pueblo de la provincia de Buenos Aires, de sus trabajadores y de sus productores”.
La bicicleta como forma de visibilizar un debate estructural
La caravana ciclista busca instalar este debate en el espacio público. Durante ocho días, los ciclistas recorren pueblos y ciudades para difundir el reclamo y explicar por qué, según la Asamblea, la soberanía portuaria es una pieza clave de cualquier proyecto de desarrollo.
“El momento es ahora. El tren está pasando ahora y hay que aprovecharlo”, sintetizan. La llegada a Necochea y Quequén, el próximo domingo, incluirá actividades de difusión y encuentro con organizaciones locales.
