“Al vivir en campamentos abarrotados, los niños y las familias necesitan con urgencia alimentos, refugio y agua potable. Las vacunas se han detenido, las instalaciones sanitarias y de agua han sido dañadas o destruidas, y los suministros básicos saqueados”, dice UNICEF.
La población sitiada de la región de Tigray, ubicada en el extremo norte de Etiopía, se enfrenta al hambre, la falta de agua potable, medicina, saneamiento y atrocidades sexuales generalizadas. Se han levantado alertas de que la región podría estar al borde de la hambruna y el genocidio.
El martes 16 de febrero, UNICEF advirtió que más de 222.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, han sido desplazadas internamente en la guerra entre las tropas federales etíopes y el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) de la región, conflicto que lleva casi tres meses.
“Al vivir en campamentos abarrotados, los niños y las familias necesitan con urgencia alimentos, refugio y agua potable. Las vacunas se han detenido, las instalaciones sanitarias y de agua han sido dañadas o destruidas, y los suministros básicos saqueados”, dijo el comunicado de UNICEF.
El Jefe de Comunicación regional de UNICEF para África Oriental y Meridional, James Elder, describió la situación como «profundamente preocupante» y agregó que «hay poco combustible para operar los sistemas de agua y saneamiento, por lo que las familias beben agua no potable, lo que a su vez expone a los niños a enfermedades mortales».
El acceso físico a la región sigue estando en gran medida vedado a los periodistas. Las telecomunicaciones y el acceso a Internet también siguen muy restringidos. El gobierno federal ha concedido un acceso muy limitado a los trabajadores humanitarios internacionales.
Las «evaluaciones limitadas de las Naciones Unidas y los socios que hemos podido realizar muestran que el hambre es una preocupación muy grave, con picos alarmantes en la desnutrición aguda», dijo Elder.
El gobierno federal solo permitió que 53 miembros del personal de las agencias de la ONU y las ONG ingresen a Tigray para brindar asistencia humanitaria.
Según la Actualización Humanitaria Etiopía-Tigray de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (UNOCHA) del 13 de febrero, «gran parte de las zonas rurales, donde vivía el 80% de la población antes del conflicto, permanecen aisladas de las actividades humanitarias asistencia.»
La UNOCHA también dijo que «están surgiendo informes de socios como la Cruz Roja Etíope (ERCS) de niños hambrientos y traumatizados por experiencias violentas».
«Ves que su piel está realmente en sus huesos. No se ve comida en su cuerpo», dijo Abera Tola, presidente de ERCS, en una conferencia de prensa el 10 de febrero. El número de muertes por inanición «podría ser una, dos o tres, pero ya sabemos que después de un mes significan miles. Después de dos meses, serán decenas de miles». A pesar de esto, «el ochenta por ciento del Tigray es inalcanzable en este momento en particular» agregó.
Operando bajo el gobierno cada vez más autoritario del primer ministro Abiy Ahmed, el ERCS emitió una aclaración al día siguiente diciendo que su declaración no implicaba que el gobierno federal hubiera restringido el acceso de ERCS, sino que la falta de recursos había limitado su capacidad para llegar a los necesitados.
La guerra civil en Tigray
La guerra en la región de Tigray comenzó el 4 de noviembre de 2020, cuando el primer ministro Ahmed, que fue galardonado con el premio Nobel de la paz en 2019 por hacer las paces con Eritrea, ordenó a las tropas federales que ingresaran en la región para desalojar el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) del gobierno del Estado.
Se dijo que esto fue en represalia a un ataque a la base militar del gobierno federal en la capital de Tigray, Mekelle, por tropas leales al TPLF. En lo que se prometió que sería una rápida campaña militar para restaurar la autoridad del gobierno federal en la región, las tropas federales capturaron Mekelle el 28 de noviembre. Fueron asistidas por milicias controladas por el vecino estado de Amhara, en el sur de Tigray, que tiene una larga trayectoria de animosidad con los tigrayanos.
El TPLF fue anteriormente la fuerza dominante en la política etíope, pero fue marginado después del ascenso de Ahmed. Antes de que Ahmed llegara al poder como reformador, grandes sectores de la población fuera de la región de Tigray consideraban que el TPLF era responsable de una serie de medidas contra las libertades políticas. Una amplia sección de las fuerzas progresistas también había apoyado la agenda nacionalista de Ahmed, que buscaba superar las divisiones étnicas en el país.
Sin embargo, varias medidas que Ahmed había tomado para proteger libertades políticas y de prensa ahora están siendo pisoteadas bajo su propio gobierno. En las elecciones regionales celebradas en Tigray en septiembre de 2020, en contra de la decisión del gobierno federal de posponerlas a la luz de la pandemia de COVID-19, el TPLF obtuvo una abrumadora mayoría de votos.
La mayoría de los soldados del TPLF se han retirado ahora al terreno montañoso y, según se informa, han lanzado una guerra de guerrillas de bajo nivel contra las tropas federales, consideradas ocupantes por una gran parte del pueblo de Tigray.
El TPLF también ha acusado durante mucho tiempo a las tropas eritreas de estar involucradas en el ataque a la región. También se opone al tratado de paz de Eritrea con el gobierno etíope. Si bien el gobierno de Eritrea continúa negando la acusación, varios informes de los medios indican lo contrario.
Las tropas eritreas y las tropas federales etíopes han sido acusadas de cometer atrocidades generalizadas contra civiles en la región de Tigray. «Estoy muy preocupado por las graves denuncias de violencia sexual en la región de Tigray en Etiopía, incluido un alto número de presuntas violaciones en la capital, Mekelle. También hay informes preocupantes de personas presuntamente obligadas a violar a miembros de su propia familia, bajo amenazas de violencia inminente», dijo Pramila Patten, Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre Violencia Sexual en los Conflictos.
«Según los informes, algunas mujeres también han sido obligadas por elementos militares a tener sexo a cambio de productos básicos, mientras que los centros médicos han indicado un aumento en la demanda de anticoncepción de emergencia y pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual (ITS), que a menudo es un indicador de violencia sexual en conflictos» agregó Patten.
Las víctimas incluyen «más de 5.000 refugiados eritreos, en y alrededor del área de Shire, que viven en condiciones espantosas, muchos de ellos al parecer durmiendo en un campo abierto sin agua ni comida», lo que indica que los partidarios de TPLF también pueden estar involucrados en estas atrocidades.
Este artículo fue publicado originalmente por Peoples Dispatch. Foto: SkyNews
