El expresidente Alberto Fujimori obtuvo la impunidad que buscaba luego de que el Tribunal Constitucional (TC) se declarara a su favor, fundando un recurso de hábeas corpus que solicitaba restituir el indulto humanitario que se le otorgó en el 2017.
La votación de los magistrados estuvo dividida: tres votaron en contra; Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda; y tres a favor: el presidente Augusto Ferrero Costa, el ponente Blume Fortini y José Luis Sardón. El polémico beneficio para Fujimori se consagró con el voto de desempate del presidente del Tribunal Constitucional.
En 2018, Pedro Pablo Kuczynski firmó la Resolución Suprema 281-2017-JUS, del 24 de diciembre de 2017, que concedió el indulto humanitario y ordenaba la libertad de Alberto Fujimori, en retribución por los votos que Kenji Fujimori -su hija- consiguió para evitar la primera vacancia presentada en su contra.
En ese sentido, se había pronunciado la Corte Suprema del Perú cuando anuló el indulto humanitario, sosteniendo que esta omisión de cargos que le había otorgado el Gobierno de PPK, fue un arreglo político que se iba a traducir en votos en el Congreso. Además, que no se reunían las condiciones para otorgar la excarcelación. Asimismo, la Corte Interamericana de DDHH (CIDH) había expresado que no había lugar para ningún tipo de indulto cuando se trataba de “delitos de lesa humanidad”, como los cometidos por Fujimori.
Así, es la segunda vez que se le otorga la libertad al exdictador. Con el indulto humanitario otorgado por Kuczynski, Fujimori estuvo en libertad durante un año, pero posteriormente tuvo que regresar a la cárcel, luego de que el Poder Judicial anulara la decisión.
Con esta nueva decisión, el ex mandatario alcanzaría la libertad luego de haber cumplido 15 de los 25 años de condena por los crímenes cometidos en los Casos Barrios Altos, La Cantuta, entre otros.
Tras conocerse la nueva sentencia, militantes fujimoristas fueron hasta el cuartel policial de Lima donde Fujimori ha estado cumpliendo su condena. Por otra parte, en ciudades como Lima, Cusco, Trujillo y Arequipa, miles de personas se movilizaron en rechazo a la restitución de un indulto que consagra la impunidad fujimorista. Asimismo, se ha convocado a una gran marcha nacional este sábado 19 de marzo para rechazar la decisión del Tribunal Constitucional.
Apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Diferentes organismos de derechos humanos de Perú han anunciado que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para impugnar la decisión del TC. En tanto, los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos solicitaron medidas provisionales a la Corte IDH para que Fujimori no goce de impunidad.
La posibilidad de revertir el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que excarcela al exdictador Alberto Fujimori dependerá exclusivamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos tienen un precedente favorable: el 15 de junio del 2018, la Corte IDH rechazó el indulto a Alberto Fujimori por vulnerar las sentencias en los casos La Cantuta y Barrios Altos. Aquella resolución dispuso que el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional corrijan su decisión de excarcelar a Fujimori.
Los casos por los que Fujimori fue condenado
Alberto Fujimori fue juzgado y condenado por los crímenes de La Cantuta (1992) y Barrios Altos (1991). En ambos casos, a Fujimori se le considera autor mediato. También, en estas dos causas, el Estado peruano reconoció su responsabilidad por los hechos.
Estos fueron calificados por el tribunal interamericano como violaciones graves a los derechos humanos, en el caso Barrios Altos, y como crímenes de lesa humanidad, en el caso La Cantuta.
El primero sucedió el 3 de noviembre de 1991. Seis individuos encapuchados y armados del grupo Colina irrumpieron una vivienda en Barrios Altos, en Lima. Los agentes de inteligencia ordenaron a los asistentes tirarse al piso y luego les dispararon indiscriminadamente. Murieron 15 personas, entre ellas un niño de 8 años de nombre Javier Ríos Rojas, y otras cuatro quedaron gravemente heridas.
El caso no fue investigado judicialmente hasta el 19 de abril de 1995, casi cuatro años después de los hechos. Sin embargo, el Congreso promulgó dos leyes de amnistía —apoyada por los tribunales militares— que impidieron el desarrollo de las investigaciones por un tiempo.
El segundo hecho ocurrió algunos meses después. El 18 de julio de 1992, en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán La Valle, más conocida como La Cantuta, en donde nueve estudiantes y un profesor fueron sustraídos de sus residencias y posteriormente, desaparecidos. Los restos de dos de ellos fueron hallados en fosas clandestinas un año después. Los fujimoristas acusaron, sin base alguna, a las víctimas de ser simpatizantes de Sendero Luminoso.
Ambos crímenes son considerados violaciones a los derechos humanos, pero no fueron los únicos ocurridos durante bajo el gobierno de Fujimori, convirtiendo así al Perú en el Estado con mayor número de sentencias condenatorias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La mayoría de ellos fueron cometidos por el llamado Grupo Colina, grupo de tareas del Servicio de Inteligencia que actuaba como un escuadrón de la muerte bajo las órdenes y protección del gobierno de Fujimori.
Esterilizaciones forzadas: procesado y a la espera de justicia para las víctimas
Los casos de Barrios Altos y La Cantuta no son los únicos que pesan sobre el dictador. Además de sentencias por cargos de corrupción, Fujimori está procesado por las esterilizaciones forzadas practicadas durante su régimen contra unas 300 mil mujeres y 20 mil hombres.
Se trata principalmente de campesinas quechuahablantes de las zonas más pobres y excluidas del país, que fueron esterilizadas contra su voluntad como parte de un siniestro plan para reducir la población de los sectores más pobres.
Varias de las víctimas murieron como consecuencia de las intervenciones para esterilizarlas. A finales del 2021, un juez dispuso iniciar un proceso penal por este caso al exdictador junto a tres de sus ministros de Salud.
La derrota de los hijos de Fujimori en varias elecciones y las continuas movilizaciones contra el exdictador y su familia demuestran que no hay lugar para la impunidad en Perú. Sin embargo, el poder de la familia que supo controlar todos los ribetes del poder, siguen marcando el funcionamiento del sistema político, económico y judicial del país.
