A un año de la represión que casi mata a Pablo Grillo

A un año de la brutal represión a la marcha de jubilados en la que el fotógrafo Pablo Grillo fue herido, su familia y organizaciones exigen justicia sobre la cadena de mando que ordenó el operativo represivo, incluyendo a superiores de Gendarmería y autoridades políticas responsables del dispositivo de seguridad.

El 12 de marzo de 2025 quedó marcado como uno de los episodios más graves de represión estatal de los últimos años en Argentina. Ese día, durante una movilización de jubilados frente al Congreso, el fotógrafo Pablo Grillo recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un gendarme que le dio directamente en la cabeza.

Después del ataque, Grillo atravesó 10 meses de internación, operaciones y rehabilitación. Durante mucho tiempo su pronóstico fue crítico: incluso se llegó a temer que quedara en estado vegetativo. Su recuperación fue posible gracias a la rápida asistencia de personas que estaban en la movilización, al sistema de salud pública y al acompañamiento de sus familiares, amigos y compañeros

La recuperación fue lenta y marcada por pequeños avances. Según contó su padre, Fabián Grillo, el fotógrafo comenzó de a poco a recuperar funciones básicas: “Habla, mira, ve, oye, mueve los brazos, mueve las piernas… se paró y dio unos pasitos con la kinesióloga”, dijo su padre en una entrevista.

El disparo que cambió todo y el reclamo que sigue vigente

Aquella tarde de marzo, Grillo cubría como fotorreportero una protesta convocada por jubilados frente al Congreso. En medio de la represión, un efectivo de Gendarmería disparó un cartucho de gas lacrimógeno que impactó en su cabeza, provocándole lesiones gravísimas. El golpe le generó fracturas de cráneo, hematomas subdurales y heridas complejas, lesiones que pusieron su vida en riesgo inmediato.

La causa judicial por el ataque contra Pablo Grillo tiene como principal imputado al gendarme Héctor Jesús Guerrero, señalado por haber disparado el cartucho de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotógrafo durante la represión. La Justicia determinó que el efectivo realizó varios disparos con una pistola lanzagases y que al menos uno de ellos fue efectuado de manera horizontal, una modalidad expresamente prohibida por los protocolos de uso de ese armamento.

Por ese hecho, Guerrero fue procesado por lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función como integrante de una fuerza de seguridad y abuso de armas, una acusación que quedó firme luego de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un recurso presentado por su defensa. Con esa decisión judicial, el expediente avanzó hacia la etapa previa al juicio oral, mientras continúa la recolección de pruebas en la causa.

Al cumplirse el primer aniversario del ataque, familiares, amigos y organizaciones de derechos humanos volvieron a exigir justicia. El reclamo apunta no solo al gendarme que efectuó el disparo sino también a la cadena de mando que ordenó el operativo represivo, incluyendo a superiores de Gendarmería y autoridades políticas responsables del dispositivo de seguridad desplegado aquel día frente al Congreso

La familia sostiene que lo ocurrido no fue un exceso individual sino el resultado de decisiones políticas y operativas que habilitaron el uso de la fuerza contra manifestantes y periodistas.