La causa sobre el ARA San Juan apunta contra el gobierno de Cambiemos y la Armada. El testimonio de un contraalmirante asegura que Macri sabía dónde estaba el submarino un año antes de su hallazgo. Mientras, se montó un espionaje ilegal contra los familiares de las 44 víctimas.
Por Julián Pilatti
Foto: Gastón Piccioni
A tres años de la desaparición del submarino ARA San Juan, la causa que investiga el origen de su hundimiento se vio atravesada por dos sismos que bien podrían arrastrar al ex presidente Mauricio Macri, al ex ministro de Defensa Oscar Aguad y a decenas de miembros de la Armada argentina.
Ahora se sabe que el gobierno y los altos jefes de la Fuerza conocían la verdad sobre el destino del submarino un año antes de su hallazgo, y que además, se practicó un espionaje ilegal hacia los familiares de los 44 tripulantes.
A los indicios respecto de las malas condiciones en las que se ordenó navegar –y que hablan de una evidente desidia del Estado y la Armada-, se le suman contundentes pruebas respecto a un accionar de inteligencia sobre los familiares del ARA San Juan, particularmente hacia las mujeres involucradas en la búsqueda de sus seres queridos. Las mismas comenzaron a salir a la luz cuando -casi por accidente- el juez Alejo Ramos Padilla, solicitó información a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con sede en Mar del Plata, en el marco de otra causa respecto a espionaje y extorsión.
Allí se descubrieron entre tres y cuatro discos con imágenes e información sobre la identidad de los familiares de los tripulantes del submarino, en donde se vio reflejado el modus operandi de los viejos servicios de inteligencia durante la dictadura cívico-militar.
El hecho activó una denuncia penal por parte del nuevo gobierno, el Ministerio de Defensa, ahora conducido por Agustín Rossi y la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. Pero como si fuera poco, en las últimas semanas el testimonio de un contraalmirante arrepentido, Enrique López Mazzeo, confirmó que tanto la Armada como el propio gobierno de Macri sabían del paradero del submarino, al menos un año antes de que fuera identificado en una búsqueda internacional.
Por eso, el fiscal de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, le pidió a la jueza de la causa, Marta Yañez, que tanto el ex presidente Macri, como su por entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el ex jefe de la Armada, Marcelo Srur, sean imputados por la muerte de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Algo que podría convertirse en la causa más problemática para el ex mandatario, en caso que perdure en la justicia.
Para Juan Manuel Mannarino, uno de los periodistas que reveló por primera vez esta serie de delitos desde el portal Cohete a la Luna, es clave identificar que con los familiares del submarino se aplicó un verdadero “espionaje ilegal”, algo que describe como uno de “los peores delitos en manos del Estado”.
“Cuando la interventora (Caamaño) hace la denuncia advierte que las tareas de inteligencias no estaban ordenadas ni autorizadas por ningún juez. Esto es muy importante porque hay una ley de inteligencia que permite tareas siempre y cuando estén reglamentadas”, describe Mannarino en diálogo con ARG Medios.
Para el investigador y periodista “había una intención clara y manifiesta de utilizar el aparato del Estado para infiltrarse y espiar a los familiares”. El accionar sistemático está comprobado desde los primeros meses de 2018 hasta el fin del gobierno de Macri, con una saña especial hacia las mujeres.
“Las mujeres fueron el blanco predilecto de la inteligencia”, afirma el periodista, quien agrega que en el mundo de la inteligencia se utiliza una especie de semáforo “que mide la peligrosidad” y en el caso del ARA San Juan las mujeres se ubicaban en el color rojo.
De hecho, uno de los mecanismos para “ganarse la amistad” de las madres y mujeres de los tripulantes desaparecidos fueron similares a los que utilizó la dictadura militar con sus infiltrados en los organismos de Derechos Humanos. “Algunos se hicieron pasar por brujos, otros por mentalistas, inclusos por estudiantes de periodismo”, cuenta Mannarino y hace una analogía con las estrategias de algunos íconos del espionaje en la época del genocidio, como fue Alfredo Astiz.
Ahora, el inesperado testimonio del contraalmirante Enrique López Mazzeo (también imputado en la causa) parece haber roto ese pacto de silencio tan conocido y bien ejecutado en las filas castrenses, y pone en jaque la impunidad que hasta ahora había reinado en la causa por el ARA San Juan. El gobierno sabía del paradero del submarino cuando todas las pantallas y diarios del país especulaban sobre el destino de los 44 tripulantes.
El nexo que se está investigando en este mismo momento es la relación entre la AFI con agentes de la Armada. En el medio, siempre el gobierno de Macri. Por eso, la querella no tiene dudas: asegura que hubo una articulación entre tres sectores para llevar a cabo la tarea de espionaje ilegal y al mismo tiempo, ocultar la verdad sobre el caso que paralizó a todo el país.
