Un nuevo informe de la Encuesta Nacional Inquilina de septiembre 2024, elaborado por Inquilinos Agrupados y Ni Una Menos, expone el alarmante deterioro en la situación económica de los inquilinos y las inquilinas en Argentina, a nueve meses de la eliminación de la ley de alquileres mediante el Decreto 70/2023.
Con más de 2.500 respuestas de hogares inquilinos de todo el país, el estudio revela un panorama preocupante de incremento en los costos de alquiler, condiciones contractuales desfavorables y altos niveles de endeudamiento.
Al igual que en los informes de enero, marzo y junio, los resultados destacan un fuerte aumento en los valores de los alquileres, con plazos más reducidos y actualizaciones de precios que ocurren de manera mensual o trimestral, lo que ha llevado a muchos inquilinos a endeudarse para poder cubrir los gastos básicos vinculados a la vivienda.
En especial, el informe pone en evidencia cómo la situación de desprotección se ha agravado desde noviembre de 2023, fecha en que entró en vigencia el decreto.
Uno de los datos más impactantes del informe es que el 26,7% de los inquilinos encuestados afirmó haberse mudado en los últimos tres meses por no poder afrontar el costo del alquiler, un aumento significativo respecto al 15% que reportó la misma situación en junio.
Además, el 92% de quienes se mudaron se encuentran bajo condiciones contractuales por fuera de la ley de alquileres, que originalmente establecía plazos de tres años y actualizaciones anuales según el Índice de Contratos de Locación, ahora aplicable solo para el 14,8% de los inquilinos.
Otro dato relevante es el nivel de incidencia del alquiler en los ingresos. En septiembre de 2024, el 44,5% de los ingresos de los hogares encuestados se destinaba al pago del alquiler y las expensas, porcentaje que asciende al 49,8% para aquellos contratos iniciados bajo el DNU 70/2023.
Las diferencias en el costo de los alquileres son notables en todo el país. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), los inquilinos con contratos firmados en 2024 bajo el decreto pagan hasta un 35% más que aquellos que aún están bajo la ley de alquileres. En Santa Fe, esta diferencia alcanza hasta un 40%.
En cuanto a la duración de los contratos, solo el 7,2% de los inquilinos bajo el DNU tiene plazos de tres años, mientras que los contratos más cortos, de entre uno y dos años, son ahora los más comunes, representando el 59,9% de los casos.
Asimismo, casi el 95% de los inquilinos afronta aumentos en sus alquileres en períodos iguales o menores a seis meses, lo que agrava la incertidumbre y la inestabilidad para quienes alquilan.
El informe también revela que la situación económica de los inquilinos está cada vez más marcada por el endeudamiento, con el 64,6% de los hogares inquilinos declarando tener algún tipo de deuda.
La mayoría de los encuestados (42,2%) expresó que enfrentará dificultades para pagar el alquiler en los próximos meses, mientras que el 46,7% dijo que tal vez las tenga. Solo el 12% se mostró optimista sobre su capacidad de pago.
Las principales preocupaciones de los inquilinos son la vivienda, los ingresos y las tarifas de servicios públicos, en un contexto donde los aumentos de salario no acompañan el constante incremento en los alquileres.
Con el mercado inmobiliario cada vez más exigente y la eliminación de la ley de alquileres, la precarización de las condiciones de vivienda continúa afectando a miles de personas en Argentina.
El impacto de estas políticas se traduce en una creciente dificultad para acceder a una vivienda digna y la consolidación de un sector de la población que ve cómo sus ingresos se esfuman mes a mes en el pago del alquiler y sus gastos asociados.
