La base naval estadounidense en la provincia cubana de Guantánamo se prepara para añadir un nuevo capítulo a su larga y oscura historia. El miércoles de la semana pasada, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva con la que pretende crear en este territorio un centro de detención para migrantes deportados.
La medida fue anunciada durante la promulgación de la Ley Laken Riley, una polémica normativa que endurece las penas para los migrantes acusados de delitos menores, como robo o violencia, y que fue aprobada en el Congreso mediante un acuerdo bipartidista.
Durante el acto, Trump declaró que firmaría una orden ejecutiva para «ordenar a los Departamentos de Defensa y Seguridad Nacional que empiecen a preparar instalaciones para 30.000 migrantes en Guantánamo». Dijo que el envío de migrantes deportados se reservaría para los «criminales», a los que describió como «tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan, porque no queremos que vuelvan».
Esta medida fue presentada como una forma de «duplicar la capacidad de detención» de Estados Unidos, después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) revelara que actualmente tiene capacidad para retener a unos 40.000 deportados.
A pesar de la insistencia de Trump en señalar un supuesto vínculo entre la migración y la delincuencia en Estados Unidos, investigaciones académicas indican que no son los inmigrantes quienes mayormente cometen delitos. Según un reciente estudio dirigido por Ran Abramitzky, profesor de Economía de la Universidad de Stanford, los inmigrantes tienen una de las tasas de encarcelamiento más bajas del país, incluso un 30% inferior en comparación con la población blanca.
Una “demostración de brutalidad”
El anuncio fue repudiado de inmediato por el gobierno cubano, que en un comunicado oficial calificó la decisión como una «demostración de brutalidad» por parte de la administración Trump. El texto señala que el territorio donde se encuentra la Base Naval estadounidense es una porción de Cuba que «permanece ocupada militarmente de manera ilegal y contra la voluntad de la nación cubana».
La retirada de Estados Unidos de los territorios que ocupa militarmente en la provincia cubana de Guantánamo es una demanda histórica del Gobierno cubano desde el triunfo de la Revolución en 1959.
La declaración también destaca que «esta instalación militar es identificada internacionalmente, entre otras razones, por albergar un centro de tortura y detención indefinida, fuera de la jurisdicción de los tribunales estadounidenses, donde han permanecido detenidas hasta 20 años personas que nunca han sido juzgadas ni condenadas por delito alguno».
Además de la infame prisión que EEUU mantiene en Guantánamo, la base naval alberga desde hace años un centro para migrantes interceptados en el mar, principalmente procedentes de Cuba y Haití. Por lo tanto, el plan de la administración Trump implicaría ampliar la base existente (separada de la prisión).
Según un informe publicado el año pasado por la organización sin ánimo de lucro International Refugee Assistance Project, los migrantes llevados a Guantánamo fueron detenidos en condiciones insalubres y «similares a las de una prisión». Mientras están «atrapados en un sistema punitivo» del que los funcionarios no asumen ninguna responsabilidad.
Violación del derecho internacional
Situada en el sureste de Cuba, la Base Naval de Guantánamo no sólo es una de las bases militares más antiguas mantenidas por Estados Unidos en suelo extranjero, sino que también representa uno de los ejemplos más paradigmáticos y flagrantes de la arrogancia imperialista en América Latina y el Caribe.
Luego de décadas de lucha en las Guerras de Independencia (1868-1898), el pueblo cubano estaba a punto de conseguir la autonomía del Reino de España. Cuando los independentistas cubanos prácticamente habían derrotado al ejército español, Estados Unidos intervino en 1898 con la excusa del hundimiento del USS Maine en La Habana.
Este suceso sirvió de pretexto a Estados Unidos para intervenir en la guerra, que culminó con la ocupación militar de Cuba y la firma del Tratado de París (1898), por el que España cedía al país del norte el control de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam.
En 1901, bajo la presión de Estados Unidos, Cuba se vio obligada a incluir en su Constitución la llamada «Enmienda Platt». Este apéndice, redactado por el senador estadounidense Orville Platt, otorgaba a este país el derecho a intervenir militarmente en Cuba cuando lo considerase necesario y obligaba a la isla a arrendar terrenos para bases navales.
En este marco, los presidentes Tomás Estrada Palma (Cuba) y Theodore Roosevelt (Estados Unidos) firmaron en 1903 un acuerdo por el que cedían a perpetuidad el territorio de Guantánamo para su uso como estación naval.
Desde entonces, la base naval de Guantánamo ha sido un símbolo de la injerencia estadounidense en la región. Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, el gobierno de Fidel Castro denunció repetidamente la presencia militar estadounidense como una violación de la soberanía nacional.
Cuba sostiene que el acuerdo de 1903 carece de validez legal porque se firmó bajo coacción y contradice el artículo 52 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece la nulidad de los tratados impuestos por la fuerza o la amenaza.
Un infame centro de tortura
Aunque la base se ha utilizado para diversos fines a lo largo de su historia, su capítulo más oscuro comenzó en 2002, cuando el gobierno de George W. Bush la convirtió en un centro de detención de sospechosos de terrorismo capturados en el marco de la «Guerra contra el Terror».
Fue una maniobra estratégica: al establecer la prisión fuera del territorio continental de Estados Unidos, el gobierno pretendía eludir la jurisdicción de los tribunales federales y evitar el escrutinio de la prensa y las organizaciones de derechos humanos.
Alrededor de 800 personas de más de 30 países, incluidos menores, fueron recluidas en Guantánamo sin cargos formales, acceso a abogados ni garantías de un juicio justo. Muchas de estas personas fueron capturadas en operaciones militares secretas o entregadas a Estados Unidos por gobiernos aliados a cambio de recompensas, en lo que se conoció como el programa de «entregas extraordinarias».
Las condiciones de la prisión de Guantánamo han sido denunciadas por varias organizaciones internacionales. Técnicas de interrogatorio como el ahogamiento, la privación del sueño, el aislamiento prolongado y la exposición a temperaturas extremas han sido documentadas por grupos como Amnistía Internacional y el Centro para las Víctimas de la Tortura.
En 2006, un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó estas prácticas de «equivalentes a tortura» y exigió el cierre inmediato del centro.
A pesar de las promesas de varios presidentes estadounidenses, entre ellos los demócratas Barack Obama y Joe Biden, la prisión de Guantánamo sigue funcionando. A partir de 2023, más de 30 detenidos permanecerán en la base, muchos de ellos sin juicio. Un informe de relatores especiales de la ONU, publicado en el 20 aniversario de la apertura de la prisión, concluía que Guantánamo representa «un legado de violaciones sistemáticas de los derechos humanos».
