La expresidenta de facto Jeanine Añez fue arrestada por pedido de la Justicia Boliviana. Además, otros exministros vinculados por el Golpe de Estado tuvieron la misma suerte. Algunos sectores de la derecha se manifestaron en contra de la decisión de la justicia.
La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, y sus exministros Arturo Murillo, Yerko Núñez, Álvaro Coímbra, Fernando López y Rodrigo Guzmán.
La decisión fue tomada por la existencia de pruebas respecto a la probable participación de los exfuncionarios en los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Asimismo, la orden de aprehensión establece el riesgo procesal de fuga debido a que los sindicados cuentan con un flujo migratorio activo, tal cual establece el certificado migratorio.
La ex-presidenta de facto Jeanine Áñez fue aprehendida el pasado sábado en la madrugada en Beni y fue trasladada a La Paz. Además la Fiscalía también aprehendió al ex-comandante del Ejército Jorge Pastor Mendieta Ferrufino que fue parte del Alto Mando cuando el ex-comandante de la institución castrense Williams Kaliman “sugirió” la renuncia del presidente Evo Morales.
Los hechos que catapultaron a Añez a la presidencia están rodeados de ilegalidad. La ex senadora no fue electa como presidenta del Senado. Añez se autoproclamó en una sesión ilegal y violó el artículo 169 de la CPE (Constitución Política del Estado) que establece que la sucesión constitucional llega hasta la presidencia del Senado o de Diputados.
“El juicio que se le ha abierto a Añez es en calidad de ex-senadora, quien junto a miembros de su partido, con menos del 3 por ciento de votos, tomaron el poder. Lo que procede es un juicio ordinario y no un juicio de privilegio a un exmandatario como es el juicio de responsabilidad” explicó Tania Aruzamén, periodista desde Bolivia.
Durante su gobierno, Añez violó derechos humanos y políticos reconocidos en la CPE y provocó masacres que son delitos de lesa humanidad que no prescriben. La CIDH, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH), la Clínica de Derechos Humanos de Harvard, el Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia de Estado y la Defensoría del Pueblo, han confirmado ese extremo.
“El Golpe de Estado se produjo en 2019 cuando se obligó al presidente electo Evo Morales a renunciar y a escapar a México y posteriormente a Argentina, con una terrible persecución a militantes del Movimiento Al Socialismo por grupos de derecha armados y radicalizados. La causa que se le inició a ex-integrantes del gobierno de facto fue abierta por conspiración, sedición y terrorismo. A eso se le sumará nuevas causas como daño al Estado, corrupción y ante todo un juicio por responsabilidad en las masacres de Senkata y Sacaba donde murieron más de 35” comentó Aruzamén.
Entre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Añez se encuentra la masacre de Senkata. Un informe del Gral. Franko Orlando Suárez dirigido al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Gral. Sergio Carlos Orellana, señala que el Plan “Sebastián Pagador” desplegó a la planta de Senkata una “patrulla de satinadores que formaba parte de la División Mecanizada 1 del Ejército al mando del capitán René Orlando Espinoza”.
El informe, publicado por la Agencia Boliviana de Información detalla que militares de las fuerzas especiales de satinadores y cóndores que se formaron en la Escuela de Cóndores de Sanandita y de la División Mecanizada 1 del Ejército aplacaron a “sangre y fuego” las protestas de alteños el 19 de noviembre de 2019 en la planta de gas de Senkata, donde fallecieron 10 personas producto del disparo de armas de fuego.
Asimismo, el informe pone en evidencia que entre las armas y vehículos desplegados para la masacre de Senkata se encuentran un vehículo ZFB-05 del Regimiento de Infantería 8 Ayacucho, 54 instructores y siete vehículos ZFB-05 del Regimiento de Satinadores Tte. Germán Busch, camiones FAW, fusiles Galil, escopetas calibre 12 mayor, pistolas lanzagranadas, pistolas 9 mm de dotación, cartuchos de gas de 37 mm, cartuchos 11 mayor y granadas Baseball.
En Santa Cruz, en Cochabamba y La Paz hubo concentraciones de fuerzas de derecha como antesala a la cita en la que se definirán acciones conjuntas en contra de lo que calificaron de “persecución política”.
En La Paz, el lugar de concentración fue la Universidad Mayor de San Andrés y la plaza del Bicentenario, donde centenares de personas con banderas bolivianas reeditaron las protestas de octubre de 2019.
En ese sentido, la periodista Aruzamén sostuvo que “existen amenazas de grupos cívicos que son los grupos que han organizado el Golpe de Estado en el 2019. Ayer han realizado un cabildo abierto en Santa Cruz, hubo pequeñas movilizaciones en otras ciudades. El punto álgido de conflicto siempre ha sido Santa Cruz. Es el Departamento que tiene el mayor peso económico y el mayor interés para tomar el Estado”.
A las movilizaciones de la derecha, se le sumó la nueva injerencia de la Organización de Estados Americanos quien a través de un comunicado expresó “su propia preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno”
Comunicado de la Secretaría General de la #OEA sobre #Bolivia https://t.co/GiBGg3JGqE pic.twitter.com/3Hh6o2qWww
— OEA (@OEA_oficial) March 17, 2021
Asimismo, exigió la liberación de todos los detenidos y solicitó crear una comisión internacional que investigue los casos de corrupción en Bolivia desde el Gobierno de Morales hasta la actualidad, incluyendo el periodo de Áñez.
“La sociedad civil está atenta en lo que pueda desembocar estas acciones judiciales. Sabemos que se ha pronunciado Luis Almagro diciendo que va a hacer una investigación independiente. No nos podemos olvidar del papel que cumplió la OEA en el Golpe de Estado con un informe dudoso sobre el fraude electoral, algo que no se pudo sostener” agregó Aruzamén.
La organización interamericana cuestionó el sistema judicial boliviano y afirmó que no existen garantías de un juicio “justo”, de “imparcialidad ni debido proceso” contra los ahora antiguos altos cargos del Gobierno.
Por su parte, el expresidente Evo Morales Ayma, a través de su Twitter, sostuvo que la OEA “nunca se pronunció por los 36 asesinatos, los más de 800 heridos, los 1.500 detenidos ilegalmente y el centenar de perseguidos.”
Por justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado. Que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) March 13, 2021
