Este domingo el mandatario brasileño Jair Bolsonaro encabezó un acto en Brasilia donde lanzó oficialmente su precandidatura a presidente para las elecciones de octubre de este año. Acompañado por algunas figuras de su gobierno y aliados, Bolsonaro manifestó que la disputa no será de la izquierda contra la derecha, sino “del bien contra el mal”.
En su discurso, Bolsonaro recicló parte de su estrategia de 2018, apelando al sentimiento anti Partido de los Trabajadores (PT) que le garantizó un amplio caudal de votos y enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción. A su vez, presentó alguna de los logros de su gobierno, como el Auxilio Brasil (que reemplaza al programa Bolsa Familia implementado durante el primer mandato del ex presidente Lula), la incorporación del pix (billetera virtual de gran popularidad en el país) y la renegociación de las deudas del Fondo de Financiamiento Estudiantil (Fies).
En relación a la lucha contra la corrupción, Bolsonaro declaró que durante su mandato “se terminó la fiesta con el dinero público. Buscan cualquier cosa, cualquier gota de agua para transformarla en un tsunami”.
Si bien insistió con esta idea, lo cierto es que su gobierno, así como también su familia, aparecen involucrados en varios actos de corrupción. El más reciente es el escándalo por el pago de coimas dentro del Ministerio de Educación, revelado en los últimos días, que derivó en la renuncia del ministro Milton Ribeiro.
En el conteo de irregularidades también se encuentra el escándalo denominado “rachadinha”, un esquema de corrupción a través del cual tanto el presidente como sus hijos se habrían enriquecido a lo largo de los 30 años que Bolsonaro se desempeñó como diputado federal. A su vez, durante su mandato como presidente, Bolsonaro impulsó la desarticulación del Portal de la Transparencia, una plataforma que sirve de control de las cuentas públicas. En la misma línea, decidió que los gastos de su tarjeta corporativa, herramienta del Ejecutivo para los gastos que implica el cargo de mandatario, debían mantenerse en secreto.
En su discurso, el presidente también afirmó que todos pueden equivocarse y merecen una segunda oportunidad: “Todos somos humanos. Podemos equivocarnos. ¿Quién nunca se equivocó de los que están en este escenario? Y debemos y podemos tener una segunda oportunidad para volver a ser útiles para la sociedad”, señaló el mandatario.
A su lado en el escenario se ubicaron figuras investigadas y hasta imputadas por casos de corrupción. Es el caso del ex presidente y actual senador por Alagoas Fernando Collor, investigado actualmente en una acción de la operación Lava Jato y destituido de su cargo en 1992, por un escándalo de corrupción.
También acompañó a Bolsonaro el presidente del Partido Liberal (PL) Valdemar Costa Neto, al cual el mandatario se afilió para poder disputar la elección. Valdemar fue condenado por corrupción en 2012 y llegó a estar preso por el caso conocido como mensalão. Tanto Collor como Costa Neto forman parte del grupo de legisladores y partidos que conforman el centrão, cuyo número en la Cámara de Diputados viene actuando en favor del Ejecutivo a cambio de cargos y presupuestos y que fue blanco de críticas del propio Bolsonaro y parte de su gabinete en 2018.
Ante el actual panorama de desgaste de la figura del presidente, producto de la crisis sanitaria, económica y social profundizada por la pandemia, las opciones para generar nuevas alianzas y revertir la impopularidad creciente quedaron reducidas a algunos partidos del centrão, denominados en su momento por el propio presidente como “vieja política” y de los cuales buscó desprenderse en 2018.
Las encuestas
La elección que se disputará en octubre de este año llega en un panorama de polarización. Por un lado, el actual mandatario busca reelegirse luego de tres años y algunos meses de pocos logros concretos y muchos escándalos, así como discursos encendidos contra adversarios políticos e instituciones. Del otro lado, el favorito según las encuestas es el ex presidente Luis Inácio Lula Da Silva, que recuperó sus derechos políticos durante el 2021 y desde entonces viene tejiendo alianzas con sectores de centro y de derecha para disputar un tercer mandato.
Según los últimos datos, Lula tiene el 43% de las intenciones de voto por sobre 26% de Bolsonaro. En tercer y cuarto lugar aparecen el ex juez y ex ministro de Bolsonaro, Sergio Moro -autor material de la elección del actual mandatario en 2018- con 8% y Ciro Gomes con 6%. Si bien la campaña no comenzó formalmente y todavía restan varios meses para octubre, tanto las encuestas como el ánimo social evidencian una disputa que tendrá a Bolsonaro y a Lula como los candidatos entre los cuales se definirá el mandato, que comienza en 2023.
El principal problema que enfrenta el actual presidente tiene que ver con el índice de rechazo, que llega al 55%. Esto significa que hay un porcentaje mayoritario del electorado brasileño que no votaría bajo ningún punto de vista por Bolsonaro, lo cual en principio y ante el actual contexto vuelve inviable su reelección.
Dicho rechazo se enmarca en la situación económica y social en la que se encuentra Brasil desde 2019. A la crisis que produjo la pandemia de covid-19 a partir de 2020 en todo el mundo, se le suma el abordaje negacionista del presidente, quien minimizó la peligrosidad del virus que ya se cobró más de 600 mil vidas en el país, haciendo de Brasil uno de los países con más muertes por coronavirus en el mundo. Las dudas sembradas en relación a la vacunación también contribuyeron con su desgaste, profundizado por una comisión de investigación que apuntó en un informe detallado las acciones y omisiones del gobierno durante la pandemia.
A su vez, el aumento del precio de los alimentos a nivel mundial, situación que se ve actualmente empeorada por el aumento internacional del petróleo, generó un aumento significativo de la pobreza, que ya alcanza a un 13% de los brasileños, y de la inseguridad alimentaria que sufren actualmente más de 50 millones de personas en el país.
Con pocos logros concretos y muchos errores, a los cuales se le suman los ataques a las instituciones e intentos de desestabilización a lo largo de su mandato, Bolsonaro intentará conquistar la reelección en un escenario por demás desfavorable.
Censura
Uno de los principales dolores de cabeza para el presidente en los últimos días fue el festival Lollapalooza realizado en San Pablo durante el fin de semana, donde varios artistas nacionales e internacionales dejaron claro su descontento con el actual gobierno. Las manifestaciones contra Bolsonaro y a favor de Lula fueron motivo para que el PL, partido del presidente, presentara una acción ante la Justicia Electoral para prohibir manifestaciones políticas en el festival.
Artistas como Pablo Vittar, Ludmila, Lulu Santos y Marcelo D2, muy populares en el país, utilizaron el escenario del festival internacional para instar al público a empadronarse para la elección de octubre y votar para cambiar el gobierno, lo cual motivó cánticos contra Bolsonaro entre el público presente.
Ante el pedido del PL, la justicia electoral del país llegó a prohibir la realización de lo que consideran “propaganda política electoral anticipada” durante la realización del evento. Lejos de disminuir las manifestaciones, la decisión judicial potenció el descontento tanto de artistas como del público, quienes ante cada oportunidad aprovecharon para dedicarle palabras e insultos al presidente.
50 mil? Poxa… menos uma bolsa. FORA BOLSONAROOOOO. Essa lei vale fora do país? Pq meus festivais são só internacionais. 🤷🏽♀️
— Anitta (@Anitta) March 27, 2022
Al tiempo que se realizaba el festival, el propio Bolsonaro encabezaba un acto político en Brasilia para presentar su precandidatura en una evidente propaganda política electoral anticipada que, a diferencia del festival, no fue notificada por la justicia electoral.
Tanto artistas como diferentes personalidades de la política salieron a repudiar la decisión judicial, a la cual calificaron de censura anticipada. El presentador de televisión Luciano Hulk llegó a comparar la decisión judicial con el Acto Institucional número 5, el acto más duro de la última dictadura militar en el país. Por su parte, el youtuber Felipe Neto llegó a ofrecer asistencia y ayuda económica para aquellos artistas que fueran multados por expresar su posición política durante el festival.
El ex ministro del Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello, quien también ya presidió el Tribunal Superior Electoral que emitió la orden de censura, se sumó al cuestionamiento de la decisión judicial y dijo que la misma era “inadmisible” durante una democracia.
En las últimas horas, el PL llegó a pedir al TSE que archive el pedido de censura al festival tras la declaración del presidente del Tribunal Edson Fachin de que llevaría la denuncia para su análisis al pleno del tribunal para su análisis.
Ante un panorama por demás desfavorable en varios aspectos, el actual presidente de Brasil apuesta a su antigua estrategia para conquistar un segundo mandato. Tanto las encuestas como el ánimo social se presentan como escollos a superar para alcanzar dicho objetivo.
