Este lunes 22 de mayo el Congreso peruano declaró persona non grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El mexicano es el segundo jefe de Estado que es repudiado desde el legislativo peruano, siendo anteriormente el presidente colombiano Gustavo Petro quien recibió el rechazo.
Los motivos de tales enemistades están vinculados a las declaraciones públicas de ambos mandatarios acerca de la situación política y social que vive Perú. En el caso de Petro, el colombiano llegó a decir en febrero que la policía peruana “marcha como nazis contra su pueblo”, en referencia a la represión y asesinatos contra manifestantes.
Respecto de AMLO, la enemistad se originó en diciembre, tras la destitución del entonces presidente peruano Pedro Castillo. Cansado de las obstrucciones de los legisladores, que mantenían al mandatario prácticamente en arresto, sin poder salir del país, Castillo ordenó disolver el Congreso, ante lo cual la respuesta legislativa fue la destitución y la prisión del expresidente. Quien lo sustituyó en la presidencia fue Dina Boluarte con la intención de convocar elecciones, algo que aún no se ha producido.
En dicha ocasión el presidente mexicano no sólo apoyó a Castillo sino que aceleró la gestiones en la embajada de México en el país para la retirada tanto de ciudadanos mexicanos como de familiares del propio Castillo, quienes tras el golpe legislativo lograron asilo en el país. Ante la posición de México, el Ejecutivo comandado ya por Boluarte decidió expulsar al embajador mexicano Pablo Monroy por la posición del gobierno respecto de la situación en el país.
Tras el repudio del Congreso peruano el último lunes, AMLO declaró: “Muchas gracias, muchas gracias [por declararme persona non grata], me sentiría muy mal si esos legisladores y la señora que detenta el poder me entregaran una condecoración o me aplaudieran, a lo mejor me produciría vergüenza”.
“El pueblo de México está empoderado, es lo que le falta al pueblo peruano, que se empodere, y muchas gracias por declararme persona no grata, es un timbre de orgullo”, ha repetido esta mañana. “Todo nuestro respeto, admiración y cariño al pueblo. Estamos muy conscientes de que [quienes gobiernan] son una élite, una minoría rapaz: políticos corruptos, traficantes de influencias, periodistas vendidos, intelectuales alcahuetes. No son el pueblo”.
Para el Gobierno de Perú, López Obrador es un presidente que ha “apoyado el golpe de Estado de Pedro Castillo”, una injerencia que le reprochan. Para el mandatario mexicano, Boluarte es una “presidenta espuria”.
Antes de la declaración del legislativo contra el mandatario mexicano, las aguas volvieron a un punto de ebullición cuando López Obrador justificó su negativa de pasar la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico a Perú al referirse a Dina Boluarte: “no es legal ni legítima”. Estas palabras provocaron la respuesta de la canciller Ana Cecilia Gervasi, quien tildo esa postura de “negligente”.
López Obrador ya se había pronunciado sobre la moción del legislativo peruano en la víspera del debate, al decir que el Congreso estaba “mal asesorado”. “Para mí es un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren non grato. No es correcto”, afirmó el mandatario, que volvió a insistir en que Pedro Castillo, quien se encuentra detenido desde diciembre por dos órdenes de prisión preventiva, debe ser liberado. “Le inventan delitos, le fabrican delitos de corrupción y demás. Lo que debería de hacerse en el Perú, además de darle la libertad al presidente, de restituirlo para que se haga un acuerdo y se convoque a elecciones generales lo más pronto posible, y que sea el pueblo del Perú el que decida”.
El documento legislativo aprobado este lunes exhorta al Ministerio del Interior y a la Cancillería para que lleven a cabo las “acciones necesarias” para que López Obrador no pise suelo peruano.
Existe otra moción, impulsada por una congresista del derechista Avanza País para que se demande al Estado mexicano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por considerar que “viola flagrantemente el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico” y “afecta los derechos y expectativas” del Estado peruano.
Perú vive meses de gran aumento de la violencia. A la destitución de Pedro Castillo le siguió una fuerte movilización popular, principalmente de comunidades campesinas -históricamente las más relegadas y quienes más representadas se sentían por Castillo-. La respuesta del Estado al clamor popular fue la represión policial responsable de decenas de muertes y violaciones de derechos humanos denunciadas por varias organizaciones sociales y ONGs.
Según un informe presentado por Amnistía Internacional a fines de enero de 2023, “desde el inicio de las masivas protestas en las distintas regiones del país en diciembre del 2022, el Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP) han disparado de forma ilegítima armas letales y usado otras armas menos letales de forma indiscriminada contra la población, especialmente contra personas Indígenas y campesinas, en el contexto de la represión de protestas, constituyendo ataques generalizados”.
Mientras la represión a las protestas continúa en Perú, aún no hay fecha definida para la realización de elecciones generales.
