La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) se convirtió en estas últimas semanas en el campo de batalla entre los aliados de Bolsonaro y sus opositores. No podía ser de otro modo. La CPI, conformada en su mayoría por opositores, fue creada con el fin de investigar las acciones y omisiones del presidente brasileño respecto al combate contra la pandemia.
Conformada por once senadores y siete suplentes, la CPI deberá indagar, en un plazo de 90 días prorrogables, la gestión del gobierno federal sobre el combate a la pandemia y, específicamente, el colapso sanitario transcurrido en enero en Manaos donde pacientes COVID-19 murieron por falta de oxígeno. El foco está puesto en Bolsonaro y, en segundo lugar, en Eduardo Pazzuelo, ex ministro de Salud.
Por tomar algunos ejemplos respecto a las acciones y omisiones del gobierno, la CPI investiga las once ofertas de compra de vacunas recibidas y rechazadas por el gobierno, el discurso negacionista de Bolsonaro y la consecuente campaña a favor de medicamentos sin eficacia comprobada contra el virus. Las transferencias de recursos hacia Estados y municipios también serán analizadas ante posibles desvíos.
Los senadores oficialistas intentan salvar a Bolsonaro
Los esfuerzos de la base aliada a Bolsonaro por reafirmar su base de apoyo dentro de la comisión y desviar la atención puesta en las acciones del presidente han sido, hasta el momento, poco fructíferos. Ante la propuesta del senador Renan Calheiros como relator de la comisión —es decir, quien será responsable de construir el relato de las conclusiones de la CPI—, los senadores bolsonaristas intentaron reemplazarlo por tratarse del padre del gobernador de Alagoas, quien podría ser investigado en esta causa.
El presidente de la CPI, Omar Aziz, desestimó el pedido alegando que su participación era inherente a su cargo de senador. En su discurso de apertura y sin nombrar directamente a Bolsonaro, Calheiros dejó en claro su postura: “La comisión será una antítesis estridente y cotidiana del oscurantismo negacionista y sepulcral”.
La agenda de la comisión supone otra derrota para los senadores. De los 310 pedidos de información aprobados por la CPI, conformada en su mayoría por opositores, fueron excluidos los testimonios de especialistas asociados a la defensa del uso de hidroxicloroquina u otros medicamentos sin eficacia comprobada y disidentes al aislamiento social.
Por el contrario, serán sometidos a análisis más de 200 momentos en los cuales Bolsonaro propagó el discurso negacionista alentando a no seguir las normas básicas de salud para contener el virus. También incluirá los testimonios de tres ex ministros de Salud, el actual titular, Marcelo Queiroga, y el Presidente de Pfizer.
El ABC de la CPI
La comisión es un recurso a disposición de la minoría parlamentaria utilizado para investigar casos de abuso de poder y brindar transparencia a las acciones del gobierno. Tiene un plazo determinado y una agenda a seguir determinada al momento de ser aprobada. Si bien la CPI adquiere competencias propias de la justicia, tiene sus limitaciones.
Su objetivo es investigar y evaluar las pruebas, pero no se responsabiliza, juzga ni sanciona a ninguna autoridad, aunque puede reunir elementos que contribuyan a una eventual responsabilidad por parte de los órganos responsables. Para ello, debería contar con el apoyo de la Cámara de Diputados donde hoy se encuentran 110 pedidos de juicio político contra Bolsonaro a la espera de ser analizados.
La CPI fue encomendada tras una medida cautelar expedida por Luis Barroso, ministro del Tribunal Federal Supremo. Si bien la CPI es una atribución parlamentaria, el presidente de la Cámara de Senadores, Rodrigo Pacheco, se oponía a instalarla alegando a su posible instrumentalización contra el presidente.
La decisión tomada por Barroso se basa en el pedido de los senadores Jorge Kajuru y Alessandro Vieira quienes alegaron la presunta omisión del presidente de la Cámara al no determinar la puesta en marcha de la CPI, luego de obtener las firmas mínimas necesarias de los parlamentarios para su creación.
Cuatro ministros, tres declaraciones y una ausencia
La CPI comenzó la semana pasada con los testimonios de los ex ministros de Salud, Henrique Mandetta y Nelson Teich. Mandetta fue el primer titular al frente del ministerio en los inicios de la pandemia. En sus declaraciones, destacó la falta de unanimidad tanto en el discurso como en las acciones del ministerio y de Bolsonaro. Sobre las acciones contrapuestas entre ambos el ex ministro resaltó; “Fue muy vergonzoso para el Ministro de Salud que iba en un sentido y el Presidente en el otro”.
Por su parte, Teich, sucesor de Mandetta y a cargo del Ministerio por 28 días, destacó los motivos de su dimisión: “Esta falta de autonomía fue más evidente en relación a los desacuerdos con el gobierno sobre la efectividad y extensión del uso del medicamento cloroquina para el tratamiento de Covid-19 (…) Y eso fue lo que me motivó a irme. Sin la libertad de dirigir el ministerio, decidí renunciar”.
La expectativa estaba puesta en Pazuello, el tercer ex ministro que ocupó el cargo el último año y es motivo de investigación por la crisis de desabastecimiento en Manaos. Sin embargo, el testimonio no llegó. Pazuello alegó haber estado en contacto con personas con COVID, lo cual lo dejaría inhabilitado a comparecer ante la CPI el día pautado. Curiosamente, días antes el ex ministro había sido visto —registrado en las redes sociales— paseando sin máscara en un shopping de Manaos. Su deposición fue aplazada hasta el 19 de mayo.
El último en presentarse la semana pasada ante la CPI fue el actual ministro de Salud, Marcelo Queiroga. En su comparecencia, el ministro admitió que los números anunciados por el gobierno federal sobre la cantidad de vacunas compradas eran superiores y no corresponden con la realidad. De los 560 millones de dosis anunciadas, fueron contratadas la mitad, 280 millones.
El riesgo de la CPI para Bolsonaro
En el pasado, la CPI condujo al juicio político al presidente brasileño Fernando Collor en 1992 por su participación en un esquema de corrupción. Si bien los expertos concuerdan en que difícilmente la actual CPI pueda traducirse en un un juicio político que destituya al presidente, ella sí supone otro tipo de riesgo para la gestión actual.
En este contexto, la comisión puede contribuir a responsabilizar a Bolsonaro por los discursos y la postura ante la pandemia. El problema mayor para el presidente brasileño no reside en ser destituido de su cargo sino en el desgaste que puede atravesar su gestión durante el proceso de investigación.
En conversación con el diario brasileño Folha do São Paulo, la politóloga y profesora del Instituto de Estudios Políticos y Sociales de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Argelina Cheibub Figueiredo, cree que es más probable que el informe se centre en el hecho de si se cometieron delitos comunes más que indicar responsabilidad sobre tales crímenes.
Para Figueredo, el probable impacto de la CPI para Bolsonaro será la reducción de su apoyo político por el desgaste que debe provocar la investigación. La encuesta de marzo de Datafolha mostró que el 54% de los brasileños desaprueba el desempeño de Bolsonaro en la pandemia y solo el 22% lo aprueba. Además, la politóloga considera que la presión del CPI puede hacer que el gobierno cambie su postura en la lucha contra la pandemia.
