Brasil: detienen a cuatro militares y a un policía que planearon envenenar a Lula en 2022

Según la revelación de la Policía Federal, el plan buscaba evitar que Lula asumiera la presidencia y dar un golpe de Estado. También proyectaba matar al entonces vicepresidente electo Geraldo Alckmin y al juez de la Corte Alexandre de Moraes. Entre los detenidos hay un exasesor de Bolsonaro.

Mientras buena parte de la atención global se posaba en Río de Janeiro en el último día de la cumbre del G20, este martes sucedió en Brasil otro hecho de gran impacto internacional: la policía detuvo a cuatro importantes militares, entre ellos un excolaborador de Jair Bolsonaro, por un supuesto plan para matar en 2022 al entonces mandatario electo Luiz Inácio Lula da Silva.

La organización criminal planeaba envenenar con un agente químico a Lula para impedir su asunción y dar un golpe de Estado, según un comunicado de la Policía Federal (PF) que también informó la detención de un agente de la fuerza.

“Para ejecutar al presidente Lula, la investigación describe, teniendo en cuenta su vulnerable estado de salud y sus frecuentes visitas al hospital, la posibilidad de utilizar veneno o productos químicos para provocar un colapso orgánico”, detalla el informe policial.

Los detalles del plan

Según la revelación de la Policía, los investigados denominaron al plan “Puñal Verde y Amarillo”, tenía previsto ejecutarse el 15 de diciembre de 2022 y también proyectaba asesinar al entonces vicepresidente electo, Geraldo Alckmin,

Un par de meses antes, Lula había ganado las elecciones a un Bolsonaro que nunca reconoció su derrota. La investigación asegura que el proyecto se habría discutido el 12 de noviembre en la casa del general Walter Braga Netto, exministro de Defensa y exjefe de gabinete de Bolsonaro y más tarde su candidato a vicepresidente.

Del documento también surge que Mauro Cid, estrecho colaborador de Bolsonaro, estuvo “probablemente” al tanto de esa reunión. Además, el documento con los detalles de la operación se habría impreso en el Palacio del Planalto, sede de la presidencia brasileña, mientras Bolsonaro se encontraba allí.

Según la investigación, también planificaban el asesinato del juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien le hicieron tareas de seguimiento.

El propio Moraes, considerado por Bolsonaro como su enemigo político, y a quien ha tachado de “dictador”, es el juez que dio curso a las detenciones de este martes.

Quiénes son los militares detenidos

Los sospechosos son el general de brigada de reserva Mário Fernandes, entonces jefe sustituto de la Secretaría General de la Presidencia con Bolsonaro, los tenientes coroneles Helio Ferreira Lima, Rodrigo Bezerra Azevedo y Rafael Martins de Oliveira y el policía federal Wladimir Matos Soares.

Los cuatro militares pertenecen a las fuerzas especiales del Ejército brasileño, en particular a un grupo denominado kids pretos (jóvenes negros), formado por militares de la órbita bolsonarista entrenados en las fuerzas especiales. Podrían enfrentar los cargos de abolición violenta del Estado de derecho, golpe de Estado y asociación criminal.

Todas las miradas apuntan a Bolsonaro

El Partido de los Trabajadores (PT) acusó a Bolsonaro de ser el “autor intelectual” de la trama.

“Este tipo de situaciones tienen que ser castigadas con rigor. No podemos estar jugando con la extrema derecha. Si no entendemos esto, va a seguir sucediendo”, dijo la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, en una entrevista para el portal UOL.

Por su parte, la bancada del PSOL en la Cámara de Diputados pidió a la Corte la prisión preventiva contra Bolsonaro y el general Walter Braga Netto.

“Lo que comenzó como una reunión –en la casa del señor Braga Netto, es bueno señalarlo– podría haber logrado cosas terribles: el grupo incluso se posicionó en las calles de Brasilia para una ‘acción clandestina’, que habría tenido como objetivo al ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes”,señala el documento del PSOL.

“Los líderes de este grupo siguen libres y son capaces de promover más delitos y entorpecer las investigaciones. No hay forma de que podamos admitir, como sociedad, que criminales como estos estén libres, dentro de la política y sigan pidiendo amnistía”, advirtió Erika Hilton, diputada por el PSOL.