La destrucción ambiental que sostiene el gobierno brasileño no solo preocupa a activistas y ONGs que desde siempre defienden la preservación. Los efectos del avance del fuego y la explotación ilegal en ecosistemas como Pantanal, Cerrado y Amazonas plantean un escenario económico complicado para el país, agravado por las varias medidas que dificultan la fiscalización y facilitan los crímenes ambientales.
Solo en 2020 cerca de 15,2 billones de dólares fueron retirados de Brasil, el volumen más grande de dinero desde que comenzó la compilación de las estadísticas en 1982. Además, inversores extranjeros retiraron 87,3 billones de reales de la Bolsa de Valores brasileña desde el comienzo del año, casi el doble de lo registrado en 2019 y la mayor salida desde 2008.
Estos datos consideran los resultados de las exportaciones e importaciones, conocida como cuenta financiera, además del flujo financiero de inversiones, es decir, aportes de títulos de deuda o dividendos emitidos y recibidos en el exterior. Es en esta última donde se concentran las salidas y contabilizan 89,6 billones de dólares desde enero de 2020. En otras palabras, el boicot al país por su política ambiental le está costando a Brasil su ya frágil estabilidad económica.
Estos movimientos así como la caída de las inversiones directas en un 85% en agosto (peor desempeño desde 2016), están directamente vinculados al aumento de la deforestación, lo cual daña la ya desgastada imagen de Brasil en el exterior por el manejo de la pandemia. Así y todo, en su discurso ante la 75° Asamblea General de las Naciones Unidas, Bolsonaro quiso destacar que Brasil fue en 2019 el cuarto mayor destino de inversiones del mundo. Los datos arriba expuestos muestran exactamente lo contrario.
A pesar de lo delicada de la situación del país en materia económica y en su imagen exterior, y teniendo en cuenta la postura del presidente, quien acusa a la prensa de mentir acerca del desastre ambiental, la situación no parece mostrar un desenlace positivo.
Alianzas para frenar el desastre
Las presiones externas para que se ponga fin a la deforestación ya muestran un horizonte complicado. En carta al vicepresidente Hamilton Mourão, ocho países europeos, destino del 25% de las exportaciones del país, ya manifestaron que el aumento de la deforestación dificulta la compra de productos brasileños. A su vez, en junio de 2020 el parlamento holandés ya había rechazado el acuerdo Mercosur Unión Europea por el riesgo de deforestación.
También en junio el Comité de Asuntos Tributarios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se opuso al plan de estrechar lazos con Brasil por causa de la política ambiental y de derechos humanos. Además, inversores extranjeros que administran más de 3 trillones de dólares enviaron cartas a las embajadas brasileñas de ocho países para expresar su preocupación con la deforestación.
Pero las presiones no solo vienen de afuera. En julio y agosto, tanto empresarios nacionales como representantes de los bancos Itaú, Bradesco, Unibanco y Santander exigieron al vicepresidente “acciones concretas para combatir la deforestación”. A su vez, fueron esos bancos quienes anunciaron en septiembre que se cortaría el financiamiento de empresas que estén vinculadas a la deforestación.
En la misma línea, empresas exportadoras brasileñas vinculadas al agronegocio entienden que desvincular su imagen de la del gobierno puede ser una estrategia acertada, motivo por el cual muchas de ellas han acelerado la adopción de prácticas sustentables. Esta postura se da en un momento en que un grupo de 17 multinacionales forman una alianza global en defensa del medio ambiente con el objetivo de cobrar acciones de protección a sus proveedores.
Sin embargo, la alianza más inédita se dio entre ONGs, sector financiero y representantes del agronegocio, quienes firmaron una carta dirigida al gobierno brasileño donde expresaron que la reducción de la deforestación es de “fundamental importancia para el país”.
La respuesta del gobierno brasileño sigue siendo negar lo evidente. En su discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas el presidente incluso llegó a sugerir que Amazonas no se incendia porque es un “bosque húmedo” y que los focos se producen siempre en los mismos lugares por acción de indígenas y caboclos “en búsqueda de sobrevivir, en áreas ya deforestadas”.
Especialistas advierten el riesgo económico
La alianza entre bancos, empresas y ONGs aparece en este contexto como una estrategia central para frenar el afán destructor del gobierno. Esa es la evaluación del director de la Fundación Armando Alvares Penteado, Rubéns Ricupero, quien en una entrevista al diario Globo expresó lo inédito de la situación: “Tengo más de 80 años y nunca vi algo así. Nunca vi una situación en que se de una convergencia externa e interna, con ONGs, empresas y bancos. Hay otra excepción, que no representa ni al 1% de ese empresariado, que son los mineros, madereros y sectores de la agropecuaria, que eligieron y tienen el apoyo del presidente”.
Por su parte, el ex presidente del Banco Central Arminio Fraga advirtió en una audiencia virtual organizada por el Supremo Tribunal Federal, que “el mismo oscurantismo que nos afectó y nos afecta en el combate a la pandemia nos afecta también en los temas ambientales (…) La deforestación y otros crímenes, además de agravar el problema global, van a traer un riesgo enorme para el ecosistema del agronegocio, el sector más exitoso para la oferta de nuestro país”.
La situación ambiental de Brasil nunca había generado tanta preocupación en el empresariado nacional, quienes en su mayoría apoyaron la candidatura de Bolsonaro con la promesa de crear condiciones que los beneficie en el mercado. Si son las élites económicas las que garantizan la estabilidad política en beneficio de sus intereses, ¿cuál será la situación que les planteará un éxodo de inversiones y el bloqueo de productos nacionales provocados por el negacionismo de Bolsonaro?
