La muerte de 600 mil personas por Covid en Brasil tienen un autor intelectual: el presidente Jair Bolsonaro. Como acción deliberada más que como estrategia negligente, el mandatario brasileño se ocupó personalmente de promover la desinformación, vender falsos remedios y diseminar el contagio en diferentes puntos del país generando aglomeraciones y renegando del uso de máscara.
Con el negacionismo como bandera y la colaboración de otros actores políticos que conforman su gobierno, Bolsonaro se puso al frente de una batalla macabra contra la vida y la salud del pueblo brasileño, alegando que todo el mundo iba a morir un día, que el Covid era solamente una gripezinha y que los medios de comunicación alimentaban innecesariamente la paranoia para contribuir con la destrucción de la economía.
Con los casos en aumento y el distanciamiento social como única garantía de evitar el contagio, en marzo de 2020 los gobernadores de los estados comenzaron a imponer cuarentenas estrictas y a incentivar el distanciamiento, el uso de máscaras y de alcohol en gel. Al mismo tiempo y en la vereda opuesta, el presidente brasileño decidió radicalizar su discurso contra las esas medidas y contra las decisiones de la Corte Suprema, que garantizó la autonomía de los estados para decidir la mejor forma de gestionar el enfrentamiento de la pandemia.
Sus aliados hicieron lo propio y ni bien se instalaron las medidas, el presidente y su tropa comenzaron a recorrer el país convocando manifestaciones con mensajes antidemocráticos (destitución de los ministros de la Corte Suprema, cierre del Congreso e intervención militar con Bolsonaro en el poder) y xenófobos (responsabilizando al gobierno de la República Popular China por la pandemia y refiriendose al covid como el virus chino), colaborando abiertamente para acelerar la contaminación en pleno aumento de los casos.
Lo que al principio parecía ser puro y simple negacionismo, con el tiempo se reveló en un método. Según se supo a través de la Comisión Parlamentaria de Investigación del Senado, que durante 2021 investigó las acciones y omisiones del gobierno durante la pandemia, el ejecutivo adoptó la defensa del tratamiento precoz con hidroxicloroquina e ivermectina con el objetivo de mostrar a la población que existía un tratamiento preventivo Contra el covid que permitiría retomar la actividad económica y sin riesgo el contagio.
Algunas obras sociales, como es el caso de la firma Prevent Senior, impulsaron la experimentación de la hidroxicloroquina en pacientes con Covid sin informar sobre los efectos colaterales y alterando estadísticas para presentar falsos resultados que posteriormente fueron divulgados por el propio presidente como estudios serios que confirmaban sus teorías. Más que curar pacientes infectados, el método fue utilizado para abaratar costos y evitar internaciones, lo cual posteriormente se reveló como una manipulación que costó decenas de vidas que podrían haber sido salvadas.
Al mismo tiempo y por pedido de los ministerios de Defensa y Salud, el Laboratorio Químico Farmacéutico del Ejército, uno de los principales productores de remedios del país, aumentó la producción de hidroxicloroquina. De 250 mil comprimidos anuales, el ejército pasó a producir 3,2 millones sólo en 2020.
La búsqueda por acelerar el ritmo de los contagios respondía también a la necesidad de alcanzar una aparente inmunidad del rebaño. En la visión del gabinete de asesores en salud del Ejecutivo, para superar la pandemia la mejor opción era que la mayor cantidad de gente posible se infectara para que pudieran producir anticuerpos de forma natural y de esa forma superar la pandemia más rápido que en el resto del mundo. Con esto también se evitaba el gasto de millones de dólares en vacunas, otro de los blancos contra los cuales apuntó el presidente y su tropa.
Lejos de superar la pandemia, la estrategia arrojó un resultado macabro: la cepa de Manaos, considerada hasta ese momento la más contagiosa, se expandió por todo el país infectando a personas jóvenes sin patologías previas y engrosando la pila de cajones en los cementerios. Fue en esa ciudad del estado de Amazonas que se vieron las escenas más dramáticas de la pandemia en el país, cuando a principios de enero de 2021 decenas de personas murieron de asfixia debido a la escasez de oxígeno. Días antes de que empezaran a circular esas imágenes, el Ministerio de Salud envió miles de dosis de hidroxicloroquina como respuesta al aviso de la Secretaría de Salud del Estado que alertaba acerca de la falta de oxígeno en los hospitales de la capital amazonense.
Con el comienzo de la vacunación a nivel mundial y la demostración de la ineficacia de las drogas defendidas por el gobierno brasileño, la presión por la adquisición de los inmunizantes ganó fuerza. Tras alegar cuestiones de precios y cláusulas absurdas en los contratos como argumento para rechazar la compra con los laboratorios productores, el Ministerio de Salud encaró negociaciones con empresas intermediarias investigadas y acusadas de fraude, que ofrecían vacunas al doble del valor ofrecido por los laboratorios.
Para garantizar la viabilidad del esquema de corrupción en la compra de vacunas, Bolsonaro reemplazó primero al Ministro de Salud Luis Henrique Mandetta, que defendía las medidas no farmacológicas como el uso de máscara y el distanciamiento social. En su lugar entró Nelson Taich, que duró menos de un mes y fue reemplazado por el General Eduardo Pazuello, quien más tiempo permaneció al frente del cargo y cuya primera medida fue modificar el esquema de conteo de casos y víctimas fatales por Covid. Sin previo aviso, el ministerio pasó a informar el número de personas curadas sin especificar las muertes y los números totales en un intento claro de ocultar la información con el cual el gobierno debió retroceder posteriormente ante las presiones de diferentes sectores.
Ya a inicios de 2021 y tras mucho desgaste principalmente tras la crisis de oxígeno en Manaos, Pazuello fue reemplazado por Marcelo Queiroga, un cardiólogo y diputado federal que comenzó su mandato como ministro reivindicando la ciencia, pero que no demoró mucho en mostrarse tan o más bolsonarista que su antecesor al defender los dichos del presidente sobre la hidroxicloroquina y la ineficacia de las máscaras.
Así como Queiroga y Pazuello, otros personajes del entorno presidencial contribuyeron en gran medida con el desastre sanitario auspiciado por el gobierno brasileño. Desde los más de seis mil militares que conforman el ejecutivo, hasta los partidos que, a cambio de ministerios y presupuesto, le sirven de sustentación al gobierno dentro de la Cámara de Diputados para barrer cualquier posibilidad de juicio político.
También contribuyeron aquellos que, con el avance de la pandemia y la situación catastrófica, fueron abandonando el barco para no ver su imagen perjudicada pero que hasta entonces se empeñaron en defender la barbarie que se avecinaba. Algunos permanecieron a pesar de todo y se abrazaron el negacionismo incluso antes del comienzo de la pandemia y otros que hoy posan como críticos fueron quienes viabilizaron la llegada de Bolsonaro al poder a las vísperas de la crisis sanitaria más grave de los últimos 100 años.
A lo largo de sus mandatos como diputado, Bolsonaro ya demostraba su incapacidad y su falta de empatía por el sufrimiento ajeno, con lo cual alegar desconocimiento o sorpresa por los hechos antes relatados no inocenta a quienes fueron cómplices. Responsabilizar a Bolsonaro por el genocidio que vive Brasil es el primer paso para buscar justicia, pero no exime a quienes de forma omisa o deliberada contribuyeron para agravar la crisis sanitaria. Tanto Bolsonaro como el bolsonarismo -implícito y explícito- que se apoderó del gobierno deben pagar por las 600 mil vidas perdidas durante la pandemia de Covid19.
Este articulo fue publicado originalmente en PIA Global