A casi un mes de las elecciones presidenciales que le dieron la victoria a Lula Da Silva, Brasil continúa enfrentando una serie de cuestionamientos sobre el resultado arrojado por las urnas. En diferentes puntos del país, con convocatorias pequeñas pero sostenidas desde la confirmación de la derrota de Bolsonaro, varios manifestantes vienen organizando protestas frente a cuarteles militares y cortes de calles para pedir intervención militar.
Sin ninguna prueba que lo demuestre, los allegados a Bolsonaro alegan que el resultado de la elección es producto de un fraude, motivo por el cual exigen a las Fuerzas Armadas que se levanten y tomen el poder. Si bien desde el núcleo del bolsonarismo se insiste en la espontaneidad de dichas manifestaciones, es posible apreciar cierto nivel de financiamiento, articulación y organización que ya está siendo investigado por la justicia electoral.
Según un informe presentado por la Policía Federal al presidente del Superior Tribunal Electoral, existe un grupo de empresarios que está detrás de las protestas. A partir de dicho informe es que la justicia llegó a determinar el bloqueo de 43 cuentas bancarias de personas físicas sospechosas de incitar, apoyar, participar y financiar esos actos antidemocráticos.
En su mayoría, los empresarios acusados son personas vinculadas al agronegocio, uno de los sectores más beneficiados por el actual gobierno, principalmente en relación a la cuestión ambiental debido a la política de flexibilización de normas ambientales y crecimiento de la deforestación incentivada por el derrotado presidente.
Según un informe presentado por la Policía Federal al presidente del Superior Tribunal Electoral, existe un grupo de empresarios que está detrás de las protestas.
Si bien las manifestaciones mostraron poco apoyo popular, la persistencia en las demandas así como la falta de claridad por parte del propio Bolsonaro tras la victoria de su adversario, incentivaron el surgimiento de otras denuncias. En el análisis presentado por varios especialistas, el silencio de Bolsonaro y el incentivo de varios de sus aliados a las manifestaciones antidemocráticas, se debe a un intento de “tercerización” del golpe que pueda ahorrarle ser responsabilizado en caso de que este fracase.
Es el caso del pedido presentado por el Partido Liberal, actual partido del presidente, al Tribunal Superior Electoral para solicitar la anulación de los votos de 280 mil urnas usadas en la segunda vuelta electoral. Según explicó el partido en su pedido, dichas urnas habrían presentado “errores” que serían los responsables por la victoria a Lula.
En el pedido el partido hace referencia puntualmente a los votos de la segunda vuelta y no menciona los votos de la primera, donde también fueron utilizadas dichas urnas. Curiosamente, en dicha ocasión las mismas urnas fueron las responsables de otorgar la victoria del partido en la elección para diputados y senadores, en la cual el PL logró elegir la mayor cantidad de escaños para sus candidatos y así conseguir la bancada más grande en ambas cámaras.
Debido a este reclamo y a la falta de pruebas en la presentación del pedido, la justicia electoral determinó el pago de una multa de 22 millones de reales por parte del PL, al tiempo que bloqueó el dinero del cual dispone el partido, denominado fondo partidario.
En la decisión, el presidente del TSE dice que el PL no presentó datos que demostraran que los supuestos “fallos” se habían producido en la primera ronda y que la información era necesaria en aras de la “coherencia”. El ministro dice que sólo la “ignorancia, que no parece ser el caso” o la “evidente mala fe” llevarían al partido a afirmar que los resultados de las elecciones serían perjudiciales.
“La total mala fe del peticionario en su extraña e ilícita petición, que amenaza ostensiblemente el estado de derecho democrático y que se lleva a cabo de forma inconsecuente con el objetivo de fomentar movimientos criminales y antidemocráticos que, incluso con graves amenazas y violencia ha estado bloqueando varias autopistas y vías públicas en todo Brasil, quedó demostrada, tanto por la negativa a añadir a la petición inicial, la ausencia total de pruebas de irregularidades y la existencia de una narración totalmente fraudulenta de los hechos”, sostuvo en su decisión el presidente del TSE.
Como sucedió a lo largo de los cuatro años de la gestión de Jair Bolsonaro al frente del país, la intención tanto de las manifestaciones como de los pedidos de anulación de votos, responden a un intento de mantener viva la llama del golpismo así como la intención de cuestionar la legitimidad del gobierno que asume a partir del 1 de enero.
A pesar de que las propias Fuerzas Armadas en su informe sobre la seguridad de las urnas determinó que no se registraron fallas que pudieran alterar el resultado, el cuestionamiento a la elección que le dio la victoria a Lula persiste como la estrategia del gobierno saliente para justificar la derrota.
La decisión de la justicia electoral de penalizar a la fórmula compuesta por el partido de Bolsonaro con una multa millonaria y el bloqueo de los fondos ya generaron un quiebre hacia dentro. Tanto el Partido Progresista (PP) como Republicanos, que se vieron perjudicados por la decisión judicial de bloquear los fondos partidarios, ya comenzaron a despegarse del PL y a cuestionar la estrategia golpista.
De esta manera, la estrategia de fogonear una ruptura institucional a partir del cuestionamiento del resultado de la elección presidencial parece perder fuerza frente a la respuesta de las instituciones.
Mientras tanto y faltando ya pocas semanas para el traspaso de mando, se especula con los próximos movimientos del gobierno saliente ante su cada vez más desesperado intento por mantenerse en el poder.
