En noviembre se cumplieron tres años del asesinato del Rafael Nahuel, al tiempo que la causa de Santiago Maldonado parece instalar nuevas pruebas que explican una desaparición forzada. El informe del Grupo Interdisciplinarios de Expertos y Expertas Independientes.
Por la espalda, Rafael Nahuel cayó muerto mientras las balas de la Prefectura acechaban un nuevo desalojo violento de la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, Bariloche. El joven mapuche murió el mismo día que enterraban a Santiago Maldonado, luego del largo martirio de su búsqueda, aparición y una autopsia que intentó cerrar el caso abruptamente.
Casi como en una síntesis de la injusticia, este 25 de noviembre no solo se cumplieron tres años del asesinato de Rafael Nahuel, sino que vuelven a sonar las pruebas que hablan de una desaparición forzada en el caso Santiago Maldonado.
Una causa con interrogantes abiertos
Las profundas irregularidades en la investigación por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago, más el componente determinante de las fake news y la campaña de trolls en redes sociales, explicaron el caso como un simple accidente (“se ahogó solo”). De hecho, en 2018 el juez Lleral cerró la causa con este argumento, a pesar de las decenas de pruebas que apuntaban a la Gendarmería.
La Doctrina de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tomó legitimidad ante la inacción de la justicia, lo que permitió que la cacería de las fuerzas de seguridad continuara. Así, a un mes y días de la aparición del cuerpo de Santiago en el Río Chubut, la Prefectura asesinó a Rafael Nahuel, caso que sigue sin detenidos pese a la identificación del prefecto asesino.
Con la llegada de Alberto Fernández al poder, el Estado se acercó a la familia Maldonado y recientemente le ofreció a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una “solución amistosa” para con el caso, luego de que el organismo intimara a las autoridades argentinas.
Esto, significa un gesto del gobierno pero ademñas podría resultar un impulso para reactivar la causa, que duerme desde hace un año y medio en los juzgados de Comodoro Rivadavia. A todo esto, la familia de Santiago le encomendó un informe a un Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEEI), compuesto por varios profesionales de Chile, Colombia y México.
El GIEEI analizó la investigación punto por punto y sacó a la luz, elementos que pasaron inadvertidos durante los días más angustiantes por la desaparición y muerte de Santiago. Resulta por demás increíbles que el juez Lleral haya pasado por alto algunas pruebas.
En resumen, uno de los hallazgos más contundentes pasó por volver a remarcar que –según la autopsia- un elemento que llevaba consigo Santiago Maldonado ese 1 de agosto durante la represión de la Gendarmería tenía ADN de otra persona. Específicamente de un masculino.
Las cinco conclusiones del grupo de expertos
En primer lugar, el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes remarca el contexto en el cual se produjo la desaparición de Santiago. Para los profesionales “Santiago era un defensor de los Derechos Humanos” y defendía a “los derechos vulnerados de la comunidad mapuche Pu Lof” al momento de la feroz represión ilegal de la Gendarmería.
También indicaron que la “Argentina carece de un protocolo para la protección de defensores y defensoras de los DDHH”, por eso le recomendó al Estado que “desarrolle normas y protocolos que garanticen la atención, prevención y garantía de defensoras y defensores de DDHH” y que “reconozca los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas”.
Pero el segundo apartado apunta a algo por demás fundamental. Para el Grupo de Expertos, a Santiago “no se lo buscó con vida” y pone serias dudas respecto a su misteriosa aparición, 78 días después, en una zona que ya había sido rastrillada al menos cuatro veces. “La primera búsqueda fue 4 días después de su desaparición; nadie explica por qué no se encontró su cuerpo en los anteriores rastrillajes; no se hizo la reconstrucción de los hechos”, destacan desde el informe quel pidió la familia.
En tercer orden, el nuevo informe del grupo de expertos independientes pone sobre la mesa un elemento que no se conocía hasta ahora y que podría cambiar rotundamente la causa: la aparición de ADN de otra persona y el hecho de que no se descarte la desaparición forzada, por solo ausencia de “hechos de violencia” en su cuerpo.
“El informe de la junta de peritos indica la existencia de un ADN masculino desconocido sin que se haya profundizado en este dato”, sostiene y explican a su vez que “la ausencia de información sobre lesiones en el cadáver no puede interpretarse como inexistencia de hechos de violencia alrededor de la muerte”. “Recomienda al Estado determinar el lugar, fecha, causa y modo de muerte de Santiago”, agregan los investigadores.
Finalmente, el informe del cual participaron profesionales interdisciplinarios de tres países, enfatiza el hecho que el país carezca “de legislación adecuada para prevenir, reconocer, registrar, investigar, sancionar y reparar las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales posteriores a 1983”, y hace un apartado sobre el desencadenante rol de los medios de comunicación y redes sociales durante la desaparición de Santiago.
“El análisis de medios y de redes en torno al caso evidencia un interés e injerencia por diluir responsabilidades del Estado en la desaparición a través de la estigmatización y desvalorización de Santiago; el manejo de los datos buscó siempre fortalecer “el accidente”, explican.
“La información tuvo como fuente principal la oficial”, agregan y recomiendan al Estado “investigar las injerencias indebidas en el direccionamiento de las investigaciones y en la comunicación de sus resultados, y en la creación de ambientes de estigmatización que repercuten en la opinión pública y en las redes sociales”, ante la firme sospecha que la campaña fue direccionada por sectores afines al gobierno de Mauricio Macri.
