Chile se prepara para una elección que podría torcer el rumbo económico heredado del pinochetismo. La elección está atravesada por la saturación de camas críticas en un sistema sanitario gestionado por el mercado.
El 10 y 11 de abril Chile tendrá una triple elección histórica. Se elegirán autoridades municipales, autoridades regionales y los representantes de la Asamblea Constituyente, quienes tendrán la responsabilidad de redactar una nueva carta magna en reemplazo de la Constitución heredada del pinochetismo.
Las elecciones se desarrollan en una situación sanitaria compleja. Pese a que ya se vacunaron 6 millones de personas, el país debió volver a fase 1 en casi 40 comunas de las Regiones Metropolitana, Coquimbo, Valparaíso, El Maule, Ñuble, Biobío y Los Lagos. Chile sufrió la semana con más contagios nuevos desde que comenzó la pandemia, llegando a casi 50 mil casos activos totales y registrando 7.084 casos nuevos en un solo día.
La apuesta al plan de vacunación como único antídoto contra el COVID19 se descontroló ante la falta de cumplimiento social de las medidas preventivas, alcanzando una saturación del 95% de las camas críticas. La crisis sanitaria también puso en debate el aplazo de las elecciones.
En ese contexto es que Chile deberá votar representantes para la Asamblea Constituyente. La izquierda y los sectores progresistas se proponen superar la limitación impuesta por la derecha de alcanzar dos tercios de los votos para aprobar demandas históricas, aquellas que intentan trastocar el actual modelo económico, político y social. Existen dos grandes temas en agenda para este sector: los derechos sociales y la ampliación de la democracia.
Un primer objetivo es incluir en la nueva Constitución el acceso a derechos sociales largamente postergados, como seguridad social, educación, vivienda, empleo y salud. “En la Constitución del 80´ los derechos sociales están entregados al mercado o con un rol muy subsidiario por parte del Estado. Se ha discutido muchísimo el tema de la educación y la salud. Se ha puesto en evidencia con la pandemia que el acceso a la salud es muy importante. Tenemos que pasar a un sistema público con apoyo estatal” explicó Sebastián Salinas, de Convergencia Social.
En materia de derechos sociales, una de las discusiones neurálgicas es el sistema jubilatorio. Actualmente los fondos son administrados por las aseguradoras privadas, creadas bajo el régimen de Pinochet y consideradas uno de los pilares del modelo económico chileno. En 2020, se aprobó la llamada Ley del 10%, que permite el retiro de hasta el 10% de los ahorros previsionales que administran las aseguradoras privadas de pensiones o AFP. “Las AFP ya no aguantan más. Se discute la posibilidad de que en la Constitución quede asegurado también ese derecho social” agregó Salinas.
Con la redacción de la nueva Constitución también estará en juego la incorporación de los derechos de bien común. Un aspecto central es el acceso al agua, privatizada durante la dictadura y consagrada como propiedad privada en la Constitución del 80´. Esta política se profundizó con la transición democrática que también privatizó el saneamiento. Chile paga hoy las tarifas más altas de América Latina para consumir agua potable, que es propiedad de grandes empresas transnacionales: el grupo Suez controla hoy el 90% del suministro.
Asimismo, la sociedad chilena desconfía de la política y exige participar en la toma de decisiones. Por eso, una de las demandas es ir más allá de la representación política y entregarle más poder a la ciudadanía organizada. En esa tarea de romper con la democracia autoritaria y tutelada, la nueva Constitución podría otorgar un reconocimiento institucional a las organizaciones sociales para contrapesar la enorme concentración de poder del gran empresariado.
“Han salido propuestas de mecanismos que permitan una democratización de la ciudadanía. Se busca incorporar desde plebiscitos, presupuestos participativos, iniciativas populares de ley, y formas de democracia directa. Son grandes acuerdos que tiene la izquierda” agregó Salinas.
Desde el Frente Amplio buscan que se reconozca a la ciudadanía organizada como sustento de la convivencia democrática, consagrando el derecho a organizarse y participar de manera vinculante sobre los aspectos más relevantes de la vida social. Asimismo, proponen consagrar mecanismos de control, vigilancia y decisión del pueblo sobre las y los representantes del poder político, y las instituciones que regulan la economía y que resguardan el orden público.
Una de las demandas en crecimiento es la igualdad de géneros, instaurando el principio de paridad democrática en todos los ámbitos de la vida social.
Para impulsar una democracia más participativa, desde uno de los sectores de Chile Digno buscan que la nueva Constitución garantice condiciones reales para que la ciudadanía organizada ejerza los derechos de asociación y participación, mediante el financiamiento estatal a sus asociaciones y un fuero social que proteja el tiempo necesario para ejercer las actividades asociativas.
La movilización social que abrió el proceso constituyente provino de casi dos décadas de diversas luchas de resistencia al neoliberalismo. La Convención Constitucional no será el punto de cierre de todo este proceso, sino el inicio de un camino que pueda reconocer a la sociedad como protagonista.
