Ante la amenaza de un paro por parte del agronegocio, repasamos la implementación de retenciones a lo largo de la historia argentina. ¿Es una medida exclusiva de los gobiernos populares?
Por Julian Pilatti
Las retenciones son una de las medidas económicas más utilizadas por los gobiernos nacionales, incluso antes de que Argentina existiera como tal. Uno de los principales conflictos para unificar el país se dieron en el siglo XIX precisamente por la disputa de las riquezas del puerto. Desde entonces, el cobro a las exportaciones y los impuestos a las importaciones son moneda corriente.
Si bien esta no es una medida tan extendida en otros países, el modelo productivo de Argentina conformó un escenario desigual, en el cual muy pocos productores se establecieron como exportadores. Esas diferencias se profundizaron todavía más con las políticas neoliberales que alentaron y extendieron el agronegocio. Según datos oficiales del Foro de Davos, el 0,94% de los dueños de las grandes extensiones productivas manejan el 33,89% del total del territorio argentino. En contraparte, los productores restantes controlan apenas el 66,11% de la tierra.
De Mitre, pasando por Perón hasta llegar a Macri
La historia de las retenciones evidencia que esta medida no es sinónimo exclusivo de peronismo. Si bien a comienzos del siglo XX los liberales del Partido Autonomista Nacional decidieron eliminar los gravámenes a las exportaciones, esta herramienta se volvió a utilizar con la llegada de la UCR al poder, con Yrigoyen como presidente. La medida también fue continuada por su sucesor Marcelo T. de Alvear.
Durante el peronismo, el control de las exportaciones trajo muy buenos resultados económicos y se llevó a cabo mediante el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), que vino a suceder a la llamada “Junta Nacional de Granos”. Este organismo se encargaba de comprar una buena porción de la producción nacional para después venderla a un precio justo. Al mismo tiempo, garantizaba que el productor no pierda y que los ingresos sean distribuidos equitativamente en el mercado interno.
Tras el golpe a Perón en 1955, la autodenominada Revolución Libertadora no tocó el sistema de retenciones. Durante los años 60´los tributos se mantuvieron, aunque las alícuotas fueron bajas. Solo tuvieron un pico de aumento en 1967, bajo la dictadura de Onganía. En 1973 las retenciones se suspendieron indefinidamente con el objetivo de “aumentar la producción agrícola y ganadera”. Pero, tras la muerte de Perón, su esposa y sucesora María Estela Martínez elevó los derechos a la exportación hasta el 50%.
Con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 se inauguró la dictadura más sangrienta de nuestra historia y un periodo de destrucción de la soberanía. El terrorismo de Estado endeudó y fundió a la economía nacional. La junta militar encabezada por Videla nunca eliminó las retenciones por más contradictorio que parezca.
Con la llegada de la democracia, Raúl Alfonsín y posteriormente, Carlos Saúl Ménem, sostuvieron las retenciones entre el 33% y 44%. Aunque en los años dorados del menemismo esos gravámenes fueron eliminados en su mayoría. Algo que, de todas formas, no terminó de beneficiar al sector agroexportador: con la convertibilidad monetaria, la competitividad de las exportaciones nacionales se vieron afectadas fuertemente.
La invasión de los productos transgénicos y los productos agroquímicos en el país llevaron a que las producciones se multiplicaran y comenzara la expansión de la frontera agrícola, el prólogo del agronegocio en la Argentina.
Con la peor crisis económica que el país haya conocido y tras el estallido social del 2001, el gobierno de transición de Eduardo Duhalde decidió mantener y elevar las retenciones. De hecho —licencias de la historia—, esto fue aprobado y avalado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Pero uno de los capítulos más recordados en esta larga novela se dio durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Con el precio internacional de la soja a niveles récord, el gobierno de Néstor y posteriormente el de Cristina elevaron las retenciones hasta el 35%. Luego de que el entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, anunciara la Resolución 125/2008, cientos de productores de todo el país cortaron rutas y accesos sosteniendo un paro del campo por 129 días.
El sector del agronegocio y los pequeños chacareros impulsaron la misma medida de fuerza y eso llevó a que algunas ciudades sufrieran desabastecimientos. Finalmente, la presidenta decidió enviar un proyecto de ley sobre retenciones al Congreso y la votación se desempató en el Senado, con el famoso “voto no positivo” del presidente del cuerpo e integrante del frente de gobierno, Julio Cobos.
Tras la victoria de Mauricio Macri en 2015, uno de los ejes de su campaña fue eliminar las retenciones gradualmente. Pero esta posición se sostuvo unos pocos meses y tras la fuerte crisis cambiaria en 2018 las retenciones volvieron a elevarse por encima del 30%.
La voz del otro campo
La gran mayoría de quienes se oponen al aumento de las retenciones son representantes de la franja más rica del país. Mientras tanto, el país vive una crisis sostenida, en donde de acuerdo a los datos oficiales la pobreza ya supera al 40% de la población.
“Las retenciones, también llamados derechos a la exportación, no es algo nuevo, más bien datan de un presidente de índole liberal como fue Bartolomé Mitre en pleno modelo agroexportador”, indica Emiliano Gutierrez, economista de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El joven economista sostiene que una de las justificaciones “más relevantes” para la existencia de las retenciones se da en el marco de una “estructura productiva desequilibrada”, en donde resalta las características históricas del país: una alta productividad del sector primario por sobre el sector industrial, que en nuestro caso rara vez llegó a competir en el mercado internacional.
“Ese desbalance se resuelve con las retenciones. Cuando las retenciones tienen funciones más bien recaudatorias, están mostrando un desequilibrio importante en la estructura impositiva del Estado”, completa Gutiérrez en diálogo con ARG Medios.
El economista admite que son pocos los países que imponen grandes gravámenes a las exportaciones y el caso Argentina resulta ser “uno de los más altos en el mundo, superado solamente por Kazajistán”. Sin embargo, al mismo tiempo, la dependencia sistemática de la economía argentina al sector primario no deja muchas otras posibilidades. De hecho, este año, la soja alcanzó valores de cotización cercanos al 2014, uno de los momentos de esplendor para el agronegocio en el país.
Es importante comprender que aquello que se denomina “campo”, es un término que no visualiza la heterogeneidad que existe, desconociendo a la mayor franja de productores dentro del país. La Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), son algunas de las organizaciones más importantes de ese otro campo, que nuclea a familias productoras y practica otra forma de producir como lla agroecología.
Para ellos, las retenciones significan una medida “totalmente justa” que sirve para ayudar en “momentos críticos”. “Sirve para traer dólares y aplicar medidas distributivas, o pagar deudas. Nos parece totalmente justo sobretodo porque el precio de la soja se va por las nubes”, le cuenta a este medio Agustín Suárez, de la UTT. “Lo que sí también decimos es que las retenciones no pueden ser para todos por igual, como si el campo fuese uno solo”, agrega el referente.
Al mismo tiempo, estas organizaciones campesinas señalan que, mientras el sistema productivo del país depende de unos pocos empresarios del agronegocio, la economía tendrá sobresaltos y no será del todo solidaria.
