El gobierno de Javier Milei avanza en la reducción de la intervención estatal en la economía al derogar 43 normativas que permitían al Estado fijar precios, regular mercados y solicitar información sobre diversas actividades comerciales.
Esta medida, que se formalizó a través de la Resolución 1212/2024 publicada en el Boletín Oficial, forma parte de la política oficial de desregulación, con la idea de eliminar el control del Estado sobre los sectores productivos.
Eliminación de controles en sectores clave
Las normativas derogadas abarcaban una amplia gama de sectores estratégicos, con un impacto directo en la comercialización de productos esenciales como la carne vacuna, los lácteos y los servicios de telecomunicaciones.
Uno de los cambios más significativos se produjo en el mercado de alimentos, particularmente en lo que respecta a la carne vacuna, donde se eliminaron regulaciones que habían sido establecidas con el objetivo de controlar los precios y la distribución de los productos.
Entre las normativas derogadas se encuentran la Resolución 1/2006 y la Resolución 38/2008, que imponían precios máximos tanto para los cortes de carne industrial como para los de consumo minorista y mayorista.
Esta eliminación ocurre en un contexto donde el consumo per cápita de carne vacuna en Argentina ha caído a su nivel más bajo en 28 años, alcanzando los 47,2 kilos por persona al año, según un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).
Los lácteos y la desregulación de los precios
Otro sector afectado por la desregulación es el de los productos lácteos. En este caso, se derogó la Resolución 26/2007, que obligaba a las empresas lácteas a pactar los precios de sus productos con el gobierno.
Esta normativa, que originalmente buscaba garantizar la estabilidad de los precios de los productos esenciales, se consideraba obsoleta en el contexto de un mercado más dinámico, donde las empresas del sector enfrentan nuevos desafíos económicos y competitivos.
Telecomunicaciones y medios: un giro hacia la flexibilidad
La industria de las telecomunicaciones y los medios también se ve afectada por la desregulación impulsada por el gobierno de Milei. La Resolución 50/2010, que regulaba la comercialización de servicios de televisión paga y los ajustes de precios que debían ser reportados al Estado, fue eliminada.
Esta norma, que imponía restricciones a las empresas del sector sobre cómo podían ajustar sus tarifas, es ahora reemplazada por un enfoque que pretende brindar más flexibilidad a los operadores de televisión por cable y satelital, en un mercado cada vez más competitivo.
Papel Prensa: el beneficio para los grandes medios
Una de las medidas que ha generado mayor controversia es la eliminación de la Resolución 1/2010, que fijaba precios igualitarios para la venta de Papel de Diario. Esta norma había sido instaurada para garantizar que los medios de comunicación tuvieran acceso al papel a precios controlados, lo que en su momento se interpretó como una forma de proteger la pluralidad informativa en el país.
Con la derogación de esta resolución, las empresas periodísticas como el Grupo Clarín y La Nación se beneficiarán de un ajuste de precios más flexible en el mercado del papel.
