El proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación que envió Guillermo Lasso a la Asamblea Nacional de Ecuador es un grave precedente para el acceso a la información y la responsabilidad mediática. Este no reemplaza a la actual Ley de Comunicación, elaborada por distintos comunicadores sociales y medios de comunicación durante el gobierno de Rafael Correa, sino que la divide en dos y elimina artículos fundamentales. Esto produce una importante desregulación de la comunicación en el Ecuador.
Medios comunitarios, comunicadores, periodistas, asociaciones, productores audiovisuales, pueblos afrodescendientes e indígenas, académicos e investigadores y hasta el propio sector público de medios rechazaron la nueva propuesta y solicitaron que se respete la Ley sancionada en 2013 y reformada en 2018.
“La Ley de Comunicación vigente en el Ecuador se fundamenta en el derecho a la información. Un derecho ciudadano universal que establece medidas para volverlo aplicable. La propuesta de Lasso tiene una propuesta de autorregulación mercantil y se adecua a la idea de libertad de expresión de carácter individual y no colectiva” sostuvo Irene León, socióloga ecuatoriana.
Una ley divida que omite puntos claves
La Ley de Libertad de Expresión y Comunicación quedará dividida en dos partes. La primera parte recoge algunos principios de la vigente Ley de Comunicación, y añade otros. La segunda parte recoge tres títulos de la actual Ley de Comunicación, y ellos son los que determinarían el nombre de la ley: Ley de publicidad, producción nacional y espectro radioeléctrico.
Uno de los artículos que elimina el actual proyecto es el delito de calumnia. Es decir que no existirá la sanción penal por realizarse una falsa imputación de un delito en contra de una persona. No deroga solamente la calumnia que podría realizar un medio de comunicación, comunicador social o periodista, sino cualquier ciudadano.
Esto podría generar lesiones a los derechos humanos de diferentes ciudadanos y un cheque en blanco a los medios de comunicación para un periodismo de guerra. Un ejemplo cercano vivió Ecuador cuando, en el estrenó del programa La Posta XXX, se habló sobre la elección de Leónidas Iza como presidente de la Conaie, usando un acróstico en el que se hicieron adjetivaciones al dirigente indígena, a la vez que se lanzaban dardos a su imagen colgada sobre una pared.
También se elimina el art. 11 de la vigente Ley de Comunicación que establece el principio de acción afirmativa. La acción afirmativa es un principio constitucional que tiene por finalidad promover la igualdad en favor de las personas o colectivos que se encuentran en situación de desigualdad.
Irene León comentó que “la nueva versión, que propuso Lasso, tiene como prioridad eliminar el derecho público a la comunicación y la posibilidad a recurrir a instancias públicas para ejercer el derecho a la comunicación. Sobre todo de sectores que tienen agudas disparidades de acceso a los medios de comunicación”
La nueva ley de Lasso también beneficia la concentración mediática eliminando el principio de democratización. La Ley de Comunicación vigente establece que el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación y facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. También apuntaba a otorgar frecuencias del espectro radioeléctrico.
El proyecto deroga la prohibición de contenidos discriminatorios y los mensajes de uso de violencia, como también cercena el principio de interculturalidad y plurinacionalidad, que implica que instituciones y servidores públicos promuevan medidas de política pública “para garantizar la relación intercultural entre las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
La voz de los medios comunitarios
Diferentes colectivos protagonistas de la redacción de la vigente Ley de Comunicación aprobada durante el gobierno de Rafael Correa exigieron que los posibles cambios a la actual Ley Orgánica de Comunicación no sean regresivos en derechos de la comunicación.
En ese sentido, sostuvieron que se debe garantizar el acceso a frecuencias, y a la fundación de medios propios de comunicación para las comunidades, colectivos y organizaciones sociales. La ley vigente reserva del 34% del total del espectro radioeléctrico para estos sectores. También se enfatizó la necesidad de permanencia de instituciones como el Consejo de Promoción y Regulación de la Información y la Comunicación aprobado, vía consulta popular en el año 2011, y cuyas funciones permitan viabilizar las políticas públicas de comunicación.
Además, sostuvieron que “el proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo coloca a la libertad de expresión como un derecho individual, y no como un derecho colectivo de los pueblos. Esta noción individualista de la libertad de expresión omite el derecho de los colectivos a crear su propia comunicación reduciendo la Libertad de Expresión como exclusiva de los periodistas y de los medios, y no como un derecho de toda la ciudadanía”.
El colectivo de medios comunitarios expresaron que en el art. 9 del proyecto de ley enviado por Lasso se reconoce el derecho a la comunicación intercultural y plurinacional, sin embargo este parece ser solamente declarativo. “Sin el acceso a frecuencias de radios y televisión, este postulado se convierte en letra muerta, ya que el acceso a medios radiales y televisivos, no se lo puede garantizar” declararon.
Lasso, a favor de la desregulación
Guillermo Lasso comienza a pagar los favores de campaña que los medios de comunicación hegemónicos le brindaron. La campaña sucia que montaron contra Andrés Arauz y el espacio otorgado para su campaña electoral tiene su precio y Lasso lo sabe.
En los primeros 100 días de mandato eliminó el Reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación. Ahora envío a la Asamblea Nacional un proyecto de “Ley de Libre Expresión y Comunicación” que solamente favorece a los medios privados y concentrados del país.
Lasso busca reemplazar los derechos de comunicación e información, previstos en seis artículos de la Constitución, y reemplazarlos por las libertades de expresión y de prensa. El proyecto tiene como objetivo principal eliminar todo tipo de regulación en la actividad de los medios de comunicación y, en su lugar pretende establecer la autorregulación como única respuesta a sus actividades de información.
“Se busca implementar una visión de la comunicación de corte individualista, un derecho de los periodistas y los medios y no así de la ciudadanía. Se apela nuevamente a la libertad de prensa, un concepto totalmente obsoleto” concluyó León.
