Luego de la destitución de Boluarte, tomó el poder el parlamentario conservador de derecha José Jerí, quien hasta entonces presidía el legislativo. Jerí ejercerá la presidencia hasta las elecciones generales previstas para abril del próximo año.
La destitución de Boluarte se concretó tras una solicitud firmada por 34 congresistas de diversos partidos, varios de ellos con procesos abiertos por corrupción, incluido el escándalo conocido como “Rolexgate”. La medida se dió en un contexto de creciente presión social, con varios días de movilizaciones que llevaron a la convocatoria de la sesión de emergencia.
La semana previa a la vacancia había sido la más crítica para el gobierno. El lunes, se inició un paro nacional de transportistas que denunciaban trabajar bajo la amenaza de bandas criminales y sufrir ataques directos. Un informe del observatorio “Ocurre Ahora”, basado en datos del Observatorio de Criminalística, confirmó que el transporte público se ha convertido en uno de los sectores más peligrosos del país, con más de 80 choferes asesinados en lo que va de 2025, la mayoría por sicarios.
La crisis se agudizó el miércoles pasado, cuando un tiroteo durante un recital del popular grupo de cumbia Agua Marina desató una renovada ola de indignación y protestas por la incapacidad del Estado para contener el crimen organizado.
Vacancia por “cálculo electoral”
Desde la Coordinación política de ALBA Movimientos, Lucía Alvites analizó la situación, argumentando que la decisión del Congreso respondió más a un cálculo político que a una genuina respuesta a la crisis. En ese sentido, expresó: “El Congreso de la República en este contexto se ha visto forzado a vacar a Dina Boluarte por el hartazgo de la gente, pero sobre todo por un cálculo. Estamos a puertas del momento electoral. En abril tendremos votación y se elegirá al presidente a la máxima autoridad del país. El Congreso ahora quiere desmarcarse de Dina Boluarte para poder disputar electoralmente el país.”
Además aseveró “…de ninguna forma, la vacancia de Dina Boluarte y ahora la asunción de Jerí, que era el presidente del Congreso, un sujeto cómplice de la dictadura al igual que todos los congresistas, un sujeto de haber legislado por el crimen organizado, un sujeto además acusado de violación sexual, está juramentando el día de hoy.”
Alvites sentenció que la salida de Boluarte no es suficiente: “No es suficiente sacar a Dina Boluarte, el Congreso debe irse. El Congreso debe irse porque ha sido parte del pacto mafioso que ha asesinado a más de 50 compatriotas y que mantiene el Perú en la absoluta inseguridad.”
Crisis política con salida por derecha
La salida de Boluarte cierra un capítulo político que comenzó en diciembre de 2022, cuando ella, entonces vicepresidenta, asumió el cargo tras la controversial destitución y arresto del presidente izquierdista Pedro Castillo. Castillo, un maestro de escuela rural que llegó al poder con promesas de reformas profundas y una nueva constitución, fue derrocado después de intentar disolver el Congreso para evitar un tercer intento de destitución en su contra, una maniobra que fue calificada por sus opositores y la fiscalía como un “autogolpe”.
Desde su investidura, Boluarte enfrentó una grave crisis de legitimidad, con constantes protestas que dejaron decenas de fallecidos y la acusación permanente de haber llegado al poder a través de un “golpe de Estado parlamentario”.
Con la asunción de José Jerí, Perú entra en un nuevo período de incertidumbre. La profunda crisis de seguridad ciudadana y la deslegitimación de las instituciones políticas, siguen sin resolverse, trasladando ahora el foco de la protesta social hacia un Congreso acusado de ser cómplice del “pacto mafioso” que sumió al país en la inseguridad.
