l gobierno nacional evalúa disolver alrededor de 60 organismos del Estado. La decisión, que se concretaría a través de uno o de una serie de decretos, forma parte de los planes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.
La norma no tiene aún fecha definida para ver la luz, pero su contenido seguirá la misma línea que se propuso Javier Milei de “destruir el Estado desde adentro”. La lista de los organismos todavía no está cerrada.
Desde el Gobierno pusieron algunos ejemplos de los que serán alcanzados por el desguace, como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que depende de Jefatura de Gabinete; el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), que quedó bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello; el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
Con la aprobación de la Ley Bases, la nueva legislación indica que el Presidente puede accionar en el marco de sus facultades delegadas para el caso de los “órganos u organismos de la administración central o descentralizada” creadas por normas con rangos de ley.
Entre esas atribuciones está la “centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Desde la Presidencia informan que con los movimientos que prevén hacer en varios de los organismos habrá miles de trabajadores que pasarán a disponibilidad. La ley Bases faculto al gobierno a “distribuir” a piaccere a aquellos trabajadores de planta permanente que quedan a tiro de “disponibilidad” durante 12 meses luego de que su área haya sido eliminada. Incluso destinarlos al sector privado.
