El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que dispuso la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado luego de que se detectaran “distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, compartió un comunicado al respecto en su cuenta de la red social X afirmando que hay un “festival de pagos”. La medida fue tomada a partir de una causa judicial en la que fue procesado “un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional“.
A través de un posteo en la red social X, el exsecretario de Derechos Humanos de la Nación del gobierno de Alberto Fernández, Horacio Pietragalla Corti, cruzó a Cúneo Libarona por su decisión de auditar las indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado: “Bueno, con todo respeto, solo quiero informarles que hasta los diarios españoles informaban que a esta banda la descubrimos nosotros, la denunciamos y fuimos querellantes”.
La revisión será sobre 7.996 indemnizaciones. Esas reparaciones pueden ser solicitadas por quienes hayan sufrido desaparición forzada, familiares de las víctimas mortales y las personas nacidas durante la privación de la libertad de sus madres o que, siendo menores de edad, hayan estado detenidas por razones políticas.
El hecho le viene como anillo al dedo al gobierno que, según confirmaron fuentes del Ministerio de Justicia, “la auditoria va a frenar los pagos y los reconocimientos hasta contar con información 100% veraz que fundamente el reconocimiento de los beneficios”.
La revictimización a las víctimas del Terrorismo de Estado se suma a otros ataques a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia como el discurso negacionista de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel; la ejecución de un 17% menos de presupuesto en términos reales en políticas de Derechos Humanos; el desfinanciamiento cercano al 80% en programas del área; el despido de trabajadores de la Secretaria de Derechos Humanos y el desmantelamiento de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos pertenecientes al Ministerio de Defensa, entre otros.
