Por Atul Chandra y Pramesh Pokharel
Katmandú está en vilo no por las aplicaciones, sino porque una generación criada con la promesa de democracia y movilidad ha chocado con una economía y un orden político que les cierra las puertas constantemente. El detonante inmediato fue regulatorio: el gobierno ordenó a 26 importantes plataformas de redes sociales que se registraran localmente y comenzó a bloquear aquellas que se consideraban incumplidoras, como Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, X y otras. Multitudes invadieron el Parlamento; la policía utilizó gases lacrimógenos, balas de goma y, en varios lugares, munición real. Para finales del 9 de septiembre, al menos 19 personas habían muerto y más de 300 habían resultado heridas. Bajo presión, el gobierno levantó la prohibición de las redes sociales y el primer ministro K. P. Sharma Oli dimitió.
La chispa fue la prohibición. El combustible, la economía política
Es tentador, especialmente desde lejos, enmarcar esto como un conflicto sobre las libertades digitales. Ese sería un análisis superficial. Para la Generación Z de Nepal, las plataformas no son solo entretenimiento; son portales de empleo, medios de comunicación, herramientas de organización y redes de apoyo social. Cerrarlas, después de años de estancamiento económico, se sintió como un castigo colectivo. Pero la historia más profunda es estructural: el crecimiento de Nepal se ha estabilizado por las remesas del extranjero, no transformado por la inversión nacional capaz de producir trabajo decente. En el año fiscal 2024/25, el Departamento de Empleo en el Extranjero emitió 839,266 permisos de trabajo, una emigración asombrosa para un país de ~30 millones de personas. Las remesas representaron alrededor del 33% del PIB en 2024, una de las proporciones más altas del mundo. Estas cifras hablan de supervivencia, no de progreso social; Son un referéndum sobre un modelo que exporta a sus jóvenes a contratos de bajos salarios mientras importa bienes básicos y que se basa en el clientelismo, no en la productividad.
Por eso la prohibición se popularizó tan rápidamente. Con un desempleo y subempleo juvenil ya elevados, del 20,82 % en 2024, la rotación ministerial como norma y los escándalos de corrupción omnipresentes, los intentos de controlar el espacio digital se percibían menos como una “orden” y más como una humillación. La forma del movimiento —rápido, horizontal e interclasista— evoca las movilizaciones estudiantiles en Bangladesh y Aragalaya, Sri Lanka: estudiantes uniformados de secundaria y primaria, graduados desempleados, trabajadores informales y de pequeñas empresas, y un público más amplio y desilusionado convergieron en torno a un veredicto común sobre la mala gestión gubernamental.
Hechos sobre el terreno: Víctimas, toques de queda y retirada
La secuencia de acontecimientos es clara. Una orden de registro generalizada y la decisión de bloquear las plataformas desató las protestas; las fuerzas de seguridad respondieron con mayor fuerza; para el lunes por la noche, 19 personas habían muerto y cientos habían resultado heridas; los toques de queda y las prohibiciones de reunión se extendieron; el ministro del Interior dimitió; una reunión de emergencia del gabinete levantó la prohibición; para el martes, Oli había dimitido.
Es importante destacar que la queja nunca fue solo digital. Los carteles y cánticos de protesta se centraron en la corrupción, la impunidad de las élites y la ausencia de un horizonte de desarrollo creíble. Amnistía Internacional exigió una investigación independiente sobre el posible uso ilegal de fuerza letal, otra razón por la que el levantamiento pasó de ser una disputa sobre plataformas a una crisis de legitimidad.
La migración como un plebiscito silencioso
Si hay una métrica que explica el estado de ánimo de esta generación, son las salidas. Los 839.266 permisos de trabajo emitidos en el año fiscal 2024/25 (un fuerte aumento con respecto al año anterior) representan a miles de personas que salen cada día en horas punta. No son turistas; son la misma cohorte que ahora vive en la calle. Sus remesas (aproximadamente el 33 % del PIB) mantienen a las familias a flote y cubren las importaciones, pero también enmascaran la falta de transformación estructural en la economía nacional. En un sistema incapaz de absorber a sus jóvenes con formación en empleos estables y de valor añadido, el espacio público, tanto online como offline, se convierte en el único lugar donde se puede reivindicar la dignidad. Intentar cerrar este espacio en medio de la escasez estaba destinado a provocar una explosión.
Una herida autoinfligida para la izquierda nepalí
Tras el programa de cuatro años de la Facilidad de Crédito Extendida (FAC) del FMI en Nepal, el gobierno se enfrentó a presiones para aumentar los ingresos nacionales. Esto condujo a un nuevo Impuesto a los Servicios Digitales y normas de IVA más estrictas para los proveedores extranjeros de servicios electrónicos. Sin embargo, cuando las principales plataformas se negaron a registrarse, el Estado agravó la situación bloqueándolas. Esta medida, que comenzó como una medida de control fiscal, se convirtió rápidamente en una herramienta de control digital y se implementó en un momento en que la población ya lidiaba con el aumento de los precios del combustible y las dificultades económicas derivadas de la presión del programa para la consolidación fiscal. La prohibición gubernamental de las plataformas se convirtió en el detonante final de las protestas generalizadas contra la corrupción, el desempleo y la falta de oportunidades, poniendo de manifiesto que el malestar se debía menos a una “revolución de colores” y más a agravios materiales alimentados por las medidas de austeridad.
El hecho de que la represión y sus consecuencias políticas ocurrieran bajo un primer ministro del PCN (UML) la convierte en una calamidad estratégica para la izquierda nepalí. Años de divisiones facciosas, coaliciones oportunistas y deriva política ya habían erosionado la credibilidad entre los jóvenes. Cuando un gobierno de tendencia izquierdista reduce el espacio cívico en lugar de ampliar las oportunidades materiales, cede la superioridad moral a actores que prosperan gracias al cinismo antipartidista: la política de culto a la personalidad y el resurgimiento de la derecha monárquica. Esta última se ha movilizado visiblemente este año; con la dimisión de Oli, buscará presentarse como garante del “orden”, incluso si su visión económica es débil y regresiva. Este es el peligro: las fuerzas más hostiles a la transformación igualitaria pueden aprovechar el mal gobierno de la izquierda para expandir su influencia.
Desde una perspectiva antiimperialista —que se opone al privilegio del Norte pero insiste en un análisis no sentimental—, la crisis es un ejemplo clásico de dependencia sin desarrollo. Las remesas suavizan el consumo, pero consolidan la dependencia externa; los ajustes de gobernanza impulsados por los donantes rara vez se traducen en políticas industriales que prioricen el empleo; y el elevado gasto público en adquisiciones impulsa los circuitos de ingresos en lugar de la capacidad productiva. En tal orden, el Estado se ve tentado a vigilar la visibilidad en lugar de transformar las condiciones. Por ello, el intento de regular las plataformas mediante su cierre —en lugar de garantizar el debido proceso y medidas bien diseñadas— se interpretó como un esfuerzo para gestionar la disidencia, no para resolver los problemas.
Lo que nos dicen las señales de la oposición (y lo que no)
Las declaraciones de la oposición reconocieron el panorama general con mayor rapidez que el gobierno. Pushpa Kamal Dahal (Prachanda) expresó sus condolencias, exigió acciones contra la corrupción y abogó por la eliminación de las sanciones a las redes sociales. Las declaraciones del PCN (Partido Socialista Unificado) y del PCN (Centro Maoísta) condenaron la represión, exigieron una investigación imparcial y vincularon las restricciones digitales con fallas en el empleo y la gobernanza. Estas reacciones son importantes para el análisis porque demuestran que, incluso dentro de la política tradicional, se reconoce que la crisis tiene que ver con los medios de vida y la legitimidad, no solo con la ley y el orden.
Pero estas señales también revelan el dilema de la izquierda: si sus figuras principales solo pueden reaccionar ante una revuelta juvenil en lugar de prefigurar el horizonte de desarrollo que la habría impedido, entonces el escenario estará dominado por corrientes antisistema y monárquicas que afirman instaurar el orden con mayor rapidez, incluso a costa del espacio democrático.
Conclusión
Estas protestas en Nepal comenzaron porque un gobierno intentó regular cerrando la plaza pública. Estallaron porque esa plaza es donde una generación precaria busca trabajo, comunidad y voz ante la falta de oportunidades en su propio país. Por lo tanto, un recuento completo debe abarcar tanto el costo humano (19 muertos y cientos de heridos) como el costo estructural: cientos de miles de personas obligadas a irse cada año y las remesas que sustentan el consumo mientras retrasan la transformación. Con la renuncia de Oli y el levantamiento de la prohibición, la confrontación inmediata podría amainar, pero el veredicto emitido por la Generación Z no desaparecerá. Hasta que Nepal no sustituya la complacencia con las remesas y la aritmética de coalición por un modelo de desarrollo que priorice el empleo, las calles seguirán siendo el foro más creíble para la rendición de cuentas.
Artículo producido por Globetrotter, publicado originalmente en Peoples Dispatch
