La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) publicó un listado de más de 300 inmuebles estatales que podrán ser rematados o transferidos, entre los cuales se encuentra el predio del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio «La Perla Chica», en Malagueño, Córdoba.
Este sitio fue un espacio de detención transitoria de personas perseguidas por su militancia política, social y sindical durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. La inclusión de este inmueble en la lista de propiedades a enajenar genera una profunda preocupación.
La «La Perla Chica», que funcionó a un costado de la autopista Córdoba-Carlos Paz y frente al conocido centro de detención «La Perla», fue un lugar de terror y cautiverio para quienes transitaban forzosamente por allí entre 1976 y 1977, en su paso hacia el centro mayor. Durante el Mundial de 1978, según testimonios, este lugar tuvo un rol central como centro de detención transitoria.
Protegido por la ley nacional de Sitios de Memoria, el predio en cuestión debería preservar un espacio de reflexión histórica y justicia, sin embargo, su inclusión en el listado de inmuebles enajenables ha puesto en alerta a sectores de derechos humanos.
La situación es más grave ante la acefalía de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, que desde diciembre carece de un titular. A pesar de las protecciones legales, el sector de derechos humanos teme que la falta de voluntad política impida una efectiva defensa de estos espacios.
En el predio, actualmente en uso, conviven la Sociedad Rural, el Mercado Cooperativo San Miguel y un Sitio de Memoria. Este espacio fue inspeccionado en varias oportunidades, y en 2016, se dictaron condenas por crímenes de lesa humanidad en la emblemática “Megacausa La Perla-La Ribera”.
En dicha sentencia, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba condenó a numerosos represores por delitos de lesa humanidad, entre ellos los cometidos en “La Perla Chica” y otros sitios similares en Córdoba, todos subordinados a la IV Brigada de Infantería Aerotransportada bajo el mando de Luciano Benjamín Menéndez.
El terreno mantiene una carga simbólica esencial para la memoria histórica de Argentina. La democracia recuperada en 1983 y la posterior Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) en 1984 permitieron que el horror vivido en estos centros fuera documentado, como lo confirmó en una inspección ocular en 2013 que detalló las dimensiones y el uso del predio.
