El calendario electoral latinoamericano y caribeño del 2022 promete no ser menos agitado que el del año precedente. Entre las elecciones y referéndum de distinto signo que se avecinan —Costa Rica, México, Chile, Perú, quizás Haití— dos contiendas suscitan la mayor de las atenciones, por el peso geopolítico específico de sus respectivos países: las elecciones generales de Brasil en octubre y las elecciones parlamentarias y presidenciales colombianas, programadas para la primera mitad del 2022.
Tras 20 años de Gobiernos aliados al uribismo —bautizado así por Álvaro Uribe Vélez, quien fue el presidente de Colombia entre 2002 y 2010— y con el eterno telón de fondo del conflicto armado, Colombia no solo se juega su alternancia, sino también el futuro del inconcluso proceso de paz.
¿Cómo será el proceso electoral colombiano?
La agenda electoral en Colombia empezará con la elección parlamentaria del 13 de marzo, en la que la ciudadanía deberá elegir un total de 108 senadores y 188 miembros de la Cámara de Representantes. En el Senado, 100 curules serán escogidos por circunscripción nacional; dos por la circunscripción especial para pueblos indígenas; uno será destinado al segundo candidato presidencial más votado —por el llamado “estatuto de oposición”—; y cinco corresponderán automáticamente a la representación política de Comunes (fundado en el 2017 por miembros del ex partido FARC [Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común] fundado en el 2016 a partir de los acuerdos de paz de la Habana).
En cuanto a la Cámara, 161 curules serán elegidos por circunscripción territorial en los 32 departamentos del país y en Bogotá, el distrito capital. Uno será destinado nuevamente al segundo candidato más votado por el estatuto de oposición; dos para los pueblos afrocolombianos; uno para la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; uno para los colombianos en el exterior —que representan una población estimada en 4,7 millones de personas según las cifras del 2012 del Ministerio de Relaciones Exteriores—; uno para pueblos indígenas, cinco para el partido Comunes; y 16 por la circunscripción especial para la paz, por la que 167 municipios rurales buscarán quien represente a los 9 millones de víctimas del conflicto armado interno oficialmente reconocidas por el Estado.
Además, coincidentemente con la elección parlamentaria del 13 de marzo, los distintos partidos en Colombia también elegirán a sus candidatos presidenciales en las consultas internas de las coaliciones que concurrirán a las urnas, en un esquema que parece desdibujar cada vez más el tradicional esquema bipartidista liberal-conservador de toda la historia colombiana. Las elecciones de presidente y vicepresidente, cuyo mandato se extenderá desde el 2022 hasta el año 2026, tendrán lugar el 29 de mayo. Si ninguna fórmula logra alzarse con la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta electoral el 19 de junio.
La crisis del uribismo y el favoritismo del Pacto Histórico
En el parlamento, el Centro Democrático (el partido fundado por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez) podría perder su carácter de primera minoría en el Senado, con 19 escaños, y de segunda minoría en Cámara, con 32, en función de los altos índices de desaprobación del presidente Iván Duque (cuyos índices de desaprobación alcanzaron el 75%, según la encuesta Invamer de septiembre 2021) y de su mentor Uribe (quien tienen un índice de desaprobación del 68%). Éste último es sindicado como responsable de un resonado caso de manipulación de testigos que le valió dos meses de prisión domiciliaria en agosto de 2020. Y también ha sido asociado al escándalo de la “presunta corrupción electoral” también llamada “ñeñepolítica”, por el cual el reconocido narcotraficante José “Ñeñe” Guillermo Hernández habría contribuido con dinero del narcotráfico para la compra de votos en la elección presidencial del año 2018, tal como fuera revelado por los periodistas Julián Martínez y Gonzalo Guillén de La Nueva Prensa.
Pero el hecho que mejor explica el panorama electoral en Colombia, que era impensable hace solo un par de años atrás, es el Paro Nacional del 2021, acompañado de una serie de multitudinarias protestas en las zonas rurales y en algunas de las principales ciudades del país, como Bogotá y Cali, en rechazo al proyecto de reforma tributaria presentado por Duque. La escalada represiva de las Fuerzas Armadas, los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD) e incluso el despliegue de grupos paramilitares en varias cabeceras departamentales, abonaron y visibilizaron la crisis a nivel internacional.
Según la ONG Temblores —que “[documentó] prácticas de violencia policial” durante el Paro en Colombia— entre el 28 de abril y el 26 de junio del 2021 se registraron 44 homicidios, presuntamente en manos de la fuerza pública (hubo 29 homicidios más cuya causa exacta de muerte no ha sido determinada); 1.617 víctimas de violencia física; 82 víctimas de trauma ocular, 28 víctimas de violencia sexual y 2.005 detenciones arbitrarias en contra de los y las manifestantes. Con cifras diversas, Human Rights Watch, Indepaz y la Defensoría del Pueblo, entre otros organismos, convalidaron también los numerosos casos de violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones en Colombia.
En medio de esta crisis, y tras una larga danza de seducción y rechazo con la derecha no asociada con Uribe, el candidato ungido por el oficialismo, el ex ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga, afirmó en enero del 2022 que competirá en soledad en representación del Centro Democrático, una jugada que probablemente hará mermar sus perspectivas electorales.
Además del partido de Gobierno, en los comicios serán tres las principales coaliciones que el 13 de marzo van a “definir candidatos únicos entre diferentes fuerzas políticas”. De la izquierda a la centroizquierda se ubica el Pacto Histórico, que reúne a “pre-candidatos presidenciales”, como el ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro (Colombia Humana) y a la lideresa social afrocolombiana Francia Márquez (Soy Porque Somos). Otros “movimientos políticos” que forman parte del Pacto Histórico son la Unión Patriótica —partido sobreviviente del “genocidio por razones políticas” de más de cinco mil de sus militantes y líderes en la década de los 80—; el Partido Comunista Colombiano; el Polo Democrático Alternativo, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS); el Congreso de los Pueblos; y el partido de la ex congresista Piedad Córdova, entre otros. Incluso, figuras que solían ser parte del partido de Uribe, como Roy Barreras y Armando Benedetti, sumaron su apoyo.
Pocas dudas quedan del favoritismo de Petro, principal armador de la coalición, quien comenzó su campaña electoral el pasado 14 de enero en la localidad de Bello, en el departamento de Antioquia —histórico bastión del uribismo— bajo el eslogan “si cambia Antioquia, cambia Colombia”. Petro, ex militante de la guerrilla urbana del Movimiento 19 de Abril en las décadas del 70 y 80, construyó su capital político como senador electo en el año 2006 y como denunciante de la llamada “parapolítica” —el contubernio de políticos y paramilitares durante el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)— durante la primera presidencia de Uribe. Petro revalidó su capital después, en su gestión de la alcaldía de Bogotá, hasta su destitución por el procurador Alejandro Ordóñez en 2013, en uno de los primeros casos de lawfare de la región. Como candidato presidencial, las encuestas de Invamer le otorgan un 48.4% de intención de voto, muy cerca del triunfo en primera vuelta, y un holgado 68.3% en la segunda.
En segundo lugar se encuentra un grupo de centro, la Coalición Centro Esperanza, que incluye al partido Dignidad, el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), el Nuevo Liberalismo, y Compromiso Ciudadano, el partido del candidato mejor posicionado de la coalición, el ex alcalde de Medellín y ex gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo.
Por último, y a la derecha del espectro político, se ubica la Coalición Equipo por Colombia, una liga de ex alcaldes y gobernadores de orientación conservadora. El espacio está conformado por Creemos Colombia, del ex alcalde de Medellín Federico Gutiérrez; País de Oportunidades, del poderoso empresario sirio-libanés de la Costa Caribe, representado por el ex gobernador del Atlántico y ex alcalde de Barranquilla Alejandro Char; el Partido de la U, quién declinó la candidatura de su presidenta Dilian Francisca Toro y apoyará al ex alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa; y por último, con candidaturas menos competitivas, el tradicional Partido Conservador y el partido MIRA.
El conflicto armado y la ausencia de garantías
Por el enfoque multicultural de la pionera Constitución de 1991, la ley electoral colombiana prevé representaciones especiales de carácter étnico, tal y como son localmente consideradas. A la exclusión política y económica de las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y a la postergación de regiones enteras de Colombia, como el Pacífico, la Orinoquía y la Amazonía colombiana, se suman las urgencias de representatividad de víctimas y ex combatientes de un conflicto que no ha dejado de recrudecer pese a la consecución parcial y formal de la paz hace 5 años, a partir del Acuerdo de la Habana.
La peores consecuencias de las “décadas de conflicto” en Colombia han sido el asesinato de más de 600 líderes sociales y defensores de los derechos humanos desde los acuerdos de La Habana, según las cifras registradas por la ONU en 2020, los 6.402 llamados “falsos positivos” un crimen de Estado que implicó el asesinato de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate; la continuidad de la actividad armada de las disidencias de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional, y sobre todo de numerosas formaciones paramilitares como el Clan del Golfo; las más de 90 masacres cometidas en el año 2021 y las 14 masacres en lo que va de este año según el Instituto de Estudios para el Desarrolo y la Paz (Indepaz) y, por último, el recalentamiento de la frontera colombo-venezolana, en particular en los departamentos colombianos del Norte de Santander y Arauca. En este último, la Defensoría del Pueblo estableció que 33 personas fueron asesinadas y 170 familias resultaron desplazadas por el accionar de grupos irregulares.
La continuidad del conflicto, y el hecho de que la llamada política “antisubversiva” haya sido históricamente el principal caballo de batalla del uribismo, explican algo de la incertidumbre del panorama político y electoral colombiano. Lo mismo sucede en relación a las garantías electorales, tras las denuncias de fraude y compra de votos del año 2018. E incluso en relación a la seguridad personal de los candidatos y candidatas, considerando las amenazas de muerte que los paramilitares de las Águilas Negras-Bloque Capital hicieron a Petro el 4 de diciembre del 2021, o a la historia contemporánea de un país en el que, tan sólo en el siglo pasado, se cometieron siete magnicidios.
La discutible “democracia más antigua de América Latina” verá en los tiempos por venir si logra consolidar la paz más precaria y reciente del continente.
Este artículo fue producido para Globetrotter.
