El 28 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Honduras. La campaña electoral se da en un contexto crítico del país centroamericano. El oficialista Nasry Asfura y la líder de LIBRE, Xiomara Castro, aparecen con posibilidad de disputar cabeza a cabeza la presidencia. Dos modelos de país en pugna y una amenaza latente de fraude.
Honduras atraviesa una crisis estructural que se agudizó con la pandemia del Covid 19: 73% de pobreza, 52% de pobreza extrema, 72% de la población en la economía informal y una fuerte crisis migratoria. En estas elecciones presidenciales se condensan las disputas sociales y vuelven a arder las heridas provocadas por el proceso político abierto con el golpe de estado a Manuel Zelaya en 2009, orquestado por Estados Unidos y llevado a cabo por las Fuerzas Armadas, la oligarquía criolla hondureña y la clase política.
A 12 años del golpe, las heridas abiertas
Al respecto, conversamos con Gilberto Ríos, militante y candidato a diputado por LIBRE, quien contó que “el golpe de estado del 2009 fue el cierre del ciclo progresista que se había iniciado en latinoamérica con la llegada de Hugo Chávez al gobierno de Venezuela. Luego comienza un proceso de reversión de los escenarios políticos para la izquierda en el continente. En Honduras el golpe se sigue perpetuando mediante los fraudes electorales que se sucedieron en 2013 y 2017.”
Tras la ruptura del orden constitucional y la destitución de Zelaya, se abrió un proceso de lucha entre los sectores del poder hondureño y las organizaciones y movimientos populares. Los tres gobiernos que siguieron desde Roberto Micheletti (2009-2010), Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (JOH) (2014-actualidad) buscaron imponer un modelo neoliberal extractivista y extranjerizante a partir del autoritarismo y la represión. Este plan se llevó a cabo a partir de un reforzamiento de la figura presidencial creando estructuras institucionales que debiliten el Congreso y el Poder Judicial, sancionando leyes como la Ley de Escuchas Telefónicas (2011) para ejercer control sobre la sociedad civil, y reforzando el aparato represivo como fueron la creación de la Fuerza de seguridad interinstitucional nacional (FUSINA) y la Policía militar de orden público (PMOP), a esta última la integraron oficiales que fueron entrenados por el Comando Sur de EE.UU.
Se llevó a cabo un programa de privatizaciones promovidas por el Fondo Monetario Internacional en sectores claves como la energía, el agua, la seguridad social, el sector minero, la salud y la educación. Esto vino de la mano de despojos de sus tierras a las comunidades indígenas y afrodescendientes y concesiones a empresas extranjeras —vinculadas a pocas familias ricas de Honduras— para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos y mineros.
A la par, fue creciendo una red de corrupción y negociados ilegales vinculados al narcotráfico, tal es así que se denomina al gobierno de JOH como un narcoestado, con pruebas que muestran como han usado capitales ilícitos ligados al narcotráfico para afirmar su poder y financiar campañas políticas, sobre esto Ríos señala: “Juan Orlando Hernández tiene un hermano preso en Estados Unidos y ahora condenado a cadena perpetua por formar parte de los cárteles del narcotráfico”, “se mueven enormes masas del capital ilícito que genera el narcotráfico. Esta estructura fue instalada en la región directamente desde la Casa Blanca, el Departamento de Estado, la CIA y el Comando Sur.”
La política represiva y autoritaria del régimen instalado con el golpe de estado desencadenó un espiral de violencia que ha tomado una dimensión estructural. La violación a los derechos humanos, la represión y desapariciones se volvieron una constante en Honduras. Esto lo vienen denunciando organizaciones como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) y el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH). Dos sucesos dan cuenta de la ligazón del aparato represivo con los sectores económicos y la impunidad judicial: uno es el asesinato de la ambientalista y defensora de los derechos del pueblo Lenca, Berta Cáceres, el 2 de mayo de 2016, quien murió a mano de sicarios vinculados a ex militares, a familias pertenecientes a la oligarquía hondureña y directivos de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA). El segundo caso son las desapariciones forzadas de integrantes de la comunidad garífuna, tras el secuestro de 5 de sus miembros el 18 de julio de 2020, al que se vincula a agentes policiales.
💭#MemoriasDeBerta| Recordamos la lucha incesante de nuestra compañera Berta Cáceres, quién nos dejó un gran legado que rememorar. Seguimos exigiendo:
✊🏽#JusticiaParaBerta pic.twitter.com/X5wT9Az6Ll— COPINH (@COPINHHONDURAS) October 20, 2021
Resistencia, Unidad y ¿victoria?
Las articulaciones y procesos de unidad de las organizaciones sociales y populares resultaron fundamentales para resistir tras el golpe de estado. Desde el 2009 con las movilizaciones en Tegucigalpa; los reclamos contra la corrupción en 2015; las protestas contra el fraude del 2017; la lucha de los maestros y médicos contra la privatización de la educación y la salud; así como la resistencia de las poblaciones indígenas y afrodescendientes en la defensa de sus territorios y contra el avance de las empresas extranjeras, dan cuenta de la diversidad de los movimientos que aglutina el campo popular hondureño. Una de las expresiones de unidad fue el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) que en 2011 se constituyó en el Partido Libertad y Refundación o LIBRE —liderado por Manuel Zelaya— que aglutinó a ex integrantes del Partido Liberal, grupos de ciudadanos contra la corrupción y sectores de izquierda.
El 16 de junio de este año se constituyó el Movimiento Nacional contra las ZEDE y por la soberanía nacional, siendo otras de las articulaciones desde la organizaciones y movimientos populares, en este caso, para luchar contra las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE). El modelo de las ZEDE es la carta que juega el gobierno de JOH para atraer inversiones y generar empleo, y consiste en permitir a las empresas privadas, a menudo extranjeras, tener vía libre para gestionar la mano de obra y la tierra. Este modelo de ciudades privadas o zonas liberadas de regulaciones estatales es, como indica Ríos, “el modelo del neoliberalismo para invertir el capital espurio del narcotráfico y la corrupción y tener mano de obra en condiciones prácticamente esclavistas, sin ningún tipo de derecho”.
Este proyecto condensa las fuerzas en pugna en el tablero político de Honduras. De un lado, el Partido Nacional aliado a la oligarquía y a grupos del capital transnacional y, del otro lado, un conjunto de organizaciones sociales y populares que vienen resistiendo a la implantación de este modelo. De los candidatos a la presidencia con posibilidad de ganar, sólo el oficialista Nasry Asfura se posicionó a favor, mientras que Xiomara Castro de LIBRE y Yani Rosenthal del Partido Liberal se han posicionado en contra.
Son 14 los candidatos y candidatas a la presidencia. Pero las encuestas señalan que la disputa estará entre Nasry Asfura y Xiomara Castro, más atrás queda Yani Rosenthal. En los últimos días el mapa político se movió porque otro de los candidatos, y bien posicionado en los sondeos, Salvador Nasralla, desistió de su candidatura y entabló una alianza con Xiomara Castro. Esto deja bien posicionada a la líder de LIBRE para poner fin a 12 años de gobierno neoliberal y oligárquico.
Pero la amenaza de fraude y las irregularidades electorales de elecciones anteriores encienden las alarmas sobre el desenlace de los resultados. Al respecto, Ríos señaló: “nuestro problema no es ganarle a la derecha, sino ganarle al fraude”, “la reforma electoral aprobada en mayo de este año hace que el Partido Nacional ya no pueda adulterar los padrones electorales, que haya un nuevo registro nacional de personas y que tengamos presencia en el Consejo Nacional Electoral”, indicó.
En caso de que Xiomara Castro resultara victoriosa el 28 de noviembre y se vuelva por el camino de un proceso de cambio truncado con el golpe a Zelaya, Ríos afirma “que se volverá a las articulaciones y espacios de integración latinoamericana y caribeña junto a los gobiernos progresistas y de izquierda del continente, además, priorizaremos la relación geopolítica con China”. Entre las primeras medidas de un gobierno de LIBRE se encuentran la eliminación de las ZEDE, así como rescatar a las empresas nacionales que fueron privatizadas como es el caso de la Empresa Estatal de Energía, eliminar la ley de empleo por hora y restituir a los trabajadores los derechos laborales que fueron quitados y avanzar contra la corrupción mediante una auditoría del Estado. “Es fundamental cambiar el carácter oligárquico del Estado hondureño hacia un Estado popular”, afirmó Ríos.
Como venimos analizando en los informes del OBSAL del Instituto Tricontinental Centroamérica es una región inestable, atravesada por múltiples crisis pero con organizaciones sociales y populares que vienen resistiendo al efecto depredador del neoliberalismo. Las elecciones en Honduras se vuelven centrales tanto por su lugar geoestratégico y político, como por las heridas que se abrieron en el 2009 y los vientos de cambio que pueden venir de allí.
Mauricio Ferolla es integrantes del Observatorio de coyuntura en América Latina y el Caribe (OBSAL), que impulsa el Instituto Tricontinental de Investigación Social.
