La turbulencia política después del golpe de Estado contra Evo Morales, el pasado 9 de noviembre, continúa afectado a la normalidad de Bolivia. Sumida en una crisis de representación, el país sufre los embates de una pandemia que causa estragos, con más de 120 mil infectados y 7.000 muertos.
Este es el panorama general de cara a lo que deberían ser los comicios del 6 de septiembre, en donde la ahora oposición liderada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) se encuentra como la fuerza favorita de la mano de su candidato, Luis Arce. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) volvió a postergar la fecha para el 18 de octubre y desencadenó una reacción en las calles.
Las protestas se dieron en forma de cortes y piquetes en varios puntos del país, y encendieron de nuevo la posibilidad de represiones a manos del gobierno de facto de Jeanine Áñez, quien el año pasado no dudó en dar la orden de disparar contra cientos de personas que protestaban pacíficamente contra el golpe de Estado.
Durante esos agitados días de noviembre del año pasado, el saldo de las denominadas “masacres de Sacaba y Senkata” se cobraron la vida de 37 personas y resultaron heridos unos 500 manifestantes. Para la oposición, la postergación de la fecha para las elecciones intentaba “ganar tiempo” para debilitar al MAS o incluso para conseguir la forma de impugnar su candidatura. De hecho, esto ocurrió el pasado 7 de septiembre cuando el juez constitucional Alfredo Jaime Terrazas impugnó formalmente la candidatura del expresidente Evo Morales, quien iba a acompañar la candidatura de Arce como senador nacional.
Sin embargo, Evo tomó una postura de mediación, para evitar que las protestas por su impugnación política desencadene en una inestabilidad social que finalmente legitime la -nueva- suspensión de las elecciones.
“Bajo amenazas y presiones de procesos, el dirimidor tomó una decisión política ilegal e inconstitucional. La historia demuestra que podrán inhabilitar a Evo pero no podrán proscribir al pueblo”, tuiteó el presidente depuesto, horas después de que se conociera la polémica decisión de la justicia que tuvo la particularidad de darse el mismo día en que otro tribunal inhabilitaba la candidatura de Rafael Correa en Ecuador. “Nosotros acataremos esa decisión porque nuestro compromiso y prioridad es que el pueblo salga de la crisis. No caeremos en ninguna provocación, el pueblo volverá a gobernarse a sí mismo, pacífica y democráticamente”, justificó así su decisión.
Por el lado de las fuerzas de derecha que participaron para derrocar al gobierno de Morales, se perfilan al menos tres candidatos claros: la actual mandataria de facto Áñez (cuestionada por la legalidad de su candidatura y su manejo de la pandemia), el ex vicepresidente, Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana) y el referente conservador de Santa Cruz, Luis Camacho (Creemos). Sin embargo, muchas de las primeras encuestas publicadas de cara a las elecciones (primero para septiembre) y ahora de octubre, le daban una ventaja a Luis Arce del MAS. Un ex ministro de Economía y un hombre de extrema confianza de Evo Morales.
Pero existen otros motivos por el cual la derecha en Bolivia se encuentra en aprietos y no descarta seguir recurriendo a medidas ilegales para evitar que se normalice la democracia en el país, y es que la pandemia del Covid-19 terminó de complicar sus planes de gobierno. Bolivia es hoy, uno de los países más afectados en el mundo si se compara el número de infectados y fallecidos en relación a su población.
La oposición se apura para evitar que la desesperación de los grupos de poder detrás de Jeanine Áñez radicalicen su postura. Para eso, el candidato a presidente por el MAS, aceptó en disconformidad la fecha de elecciones para el próximo 18 de octubre, siempre y cuando se apruebe una ley que ratifique esa fecha como “inamovible” y al mismo tiempo, el país se comprometa ante el mundo a realizar los comicios ese día.
