Con el triunfo de Luis Arce y la salida del gobierno de facto de Jeanine Áñez, se abrió la posibilidad de investigar hechos de corrupción y responsabilidades políticas del golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. Ese proceso incluye la detención de Áñez y varios ministros de su gobierno, la huida de ex funcionarios a EE.UU., y la revisión de la complicidad de la Organización de Estados Americanos (OEA), Ecuador y la Iglesia.
El soporte internacional fue clave para gestar el golpe pero también para apuntalarlo. El gobierno de Bolivia abrió una investigación sobre una posible entrega de armas de guerra por parte del gobierno de Ecuador —encabezado entonces por Lenín Moreno— al entonces gobierno de Áñez, hecho que coincide temporalmente con las masacres de Sacaba y Senkata.
Desde la gestión de Luis Arce anunciaron que iniciarán un proceso judicial internacional en contra Moreno y Áñez por delitos de “lesa humanidad”. La propia comandante general de la Policía Nacional de Ecuador confirmó el préstamo de armamento no letal al gobierno de Bolivia durante las protestas de noviembre de 2019, que incluyó más de 5 mil granadas y 2 mil proyectiles de largo alcance. Por su parte, Fausto Jarrín, asambleísta ecuatoriano que integra UNES, también presentó una denuncia contra Moreno ante la Fiscalía General.
La complicidad del gobierno ecuatoriano se destapó luego de que el exministro de facto, Arturo Murillo, fuera investigado y detenido por autoridades de Estados Unidos por recibir sobornos en una compra de material antidisturbio. Un informe del FBI indica que el exjefe de gabinete de Murillo había recibido 582 mil dólares de soborno.
El rol de Estados Unidos
Dos publicaciones de la revista electrónica The Intercept exponen el rol activo de Estados Unidos contra el gobierno de Evo Morales.
Por un lado, una serie de correos electrónicos muestran que el gobierno de Donald Trump amenazó a los investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts que cuestionaban el informe de fraude de la OEA en Bolivia. Un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos se puso en contacto en repetidas ocasiones con los investigadores que refutaron ampliamente las sospechas de que el partido socialista de Bolivia había manipulado las elecciones, a veces bajo amenaza de citación.
Por otra parte, grabaciones telefónicas y correos filtrados revelan que un alto funcionario boliviano había planificado usar tropas extranjeras para bloquear el regreso del MAS al poder en 2020. En una de las grabaciones publicadas por The Intercept, una persona identificada como el ministro boliviano de Defensa dice que su agenda está “centrada en evitar la hecatombe de mi país”. Las fuerzas armadas y la población tienen que “levantarse nuevamente”, agregó, “y no permitir el gobierno de Arce. […] Estas próximas 72 horas son fundamentales para el país”.
La hoja de ruta del segundo plan era llevar mercenarios extranjeros a Bolivia desde una base militar estadounidense afuera de Miami. El objetivo era unirlos con las unidades élite del Ejército boliviano, escuadrones rebeldes de la Policía y colectivos paramilitares.
Las grabaciones publicadas por The Intercept son entre Fernando López, un ex paracaidista y empresario nombrado ministro de Defensa por Áñez en noviembre de 2019, y Joe Pereira, un ex administrador civil del Ejército estadounidense radicado en Bolivia. Otra serie de grabaciones muestra que los desacuerdos entre el ministro de Defensa y el ministro de Gobierno que tenía el control de la Policía podrían haber desalentado el nuevo Golpe.
La versión de la Iglesia
El golpe de Estado en Bolivia en 2019 se caracterizó por su racismo y la persecución a las tradiciones indígenas. La quema de la bandera Wiphala y la entrada de Añez con la biblia y su frase “La Biblia vuelve al Palacio” sintetizan algunas de las motivaciones de los sectores conservadores.
El rol que jugó la Iglesia Católica será investigado por el gobierno boliviano. La Procuraduría General del Estado presentó a la oficina de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un informe en donde señala que hay “puntualizaciones que permiten asegurar que el golpe de Estado en Bolivia fue organizado, planificado y ejecutado por los comités cívicos, a la cabeza de Luis Fernando Camacho, por policías militares y la Iglesia católica”.
Luego de que la Fiscalía General de Bolivia enviara un cuestionario a la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), se rompió el silencio mediante un informe de la propia CEB dirigido al Papa y a la Fiscalía. Allí, los obispos justifican el Golpe de Estado citando el polémico informe de la OEA en donde se ratifican las sospechas de fraude electoral. Además, detallan que le solicitaron a funcionarios del gobierno de Evo Morales no hablar de “golpistas” para establecer un diálogo entre las partes.
El reporte también confirma que dos días antes de que Jeanine Áñez asuma la Presidencia, en una reunión reservada de cívicos, políticos y delegados de embajadas, la Iglesia pidió a Ricardo Paz, entonces jefe de campaña y asesor de Carlos Mesa, llamarla para consultarle si podía asumir la presidencia de Bolivia.
La Iglesia argumenta que la ruptura del orden constitucional y el vacío de poder debido a la “renuncia” de Evo Morales fueron el motivo para encontrar una salida dentro de la Constitución política del Estado. La versión de la jerarquía católica busca reflejar que la sucesión presidencial de Áñez y su régimen fueron constitucionales, tomando la postura de que “no hubo golpe de Estado”.
Sin embargo, no menciona la quita de apoyo del Ejército Militar al gobierno constitucional, la incitación a la violencia de actores políticos de la derecha boliviana, ni la violación a los derechos humanos durante el gobierno de Añez.
Sobre las masacres de Sacaba y Senkata, en el relato de los obispos, ambos hechos son una suerte de daño colateral de la “pacificación”. Con relación a Sacaba, el informe habla de “enfrentamientos”. Y respecto a Senkata, cita una noticia con la versión del exministro López en sentido de que “el ataque violento contra la planta de gas pudo haber producido una catástrofe”.
