Venezuela atraviesa horas que ya se inscriben como históricas. La reciente operación militar de Estados Unidos y el secuestro del presidente Nicolás Maduro marcaron un punto de quiebre no solo para el país caribeño, sino para todo el continente. Se trata, según analistas y dirigentes políticos de la región, de la agresión más grave y explícita ejercida por Washington contra la soberanía venezolana y de la ofensiva imperial más profunda contra los proyectos autónomos de América Latina en lo que va del siglo XXI.
Las propias declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump despejaron cualquier duda sobre el trasfondo de la operación. El objetivo central, afirmó, es recuperar el control directo de las reservas petroleras venezolanas, las más grandes del mundo.
En términos geopolíticos, la acción reaviva de manera abierta la Doctrina Monroe y la idea de América Latina como zona de influencia exclusiva de Estados Unidos, una concepción que parecía archivada tras la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento del derecho internacional moderno. Hasta ahora, un desembarco masivo de tropas estadounidenses había sido considerado inviable. La amplia organización popular en Venezuela, junto a una estructura de defensa que incluye millones de ciudadanos armados en respaldo del proceso bolivariano, funcionaba como un fuerte disuasivo.
A esto se sumaba un escenario internacional adverso para una ocupación abierta, en un mundo ya convulsionado por la guerra en Gaza y el creciente rechazo global a las intervenciones militares. También el frente interno estadounidense presenta fisuras. Trump no cuenta con una correlación de fuerzas sólida para sostener una guerra a gran escala.
La llamada “Operación Resolución Absoluta” provocó tensiones políticas internas, críticas tanto del Partido Demócrata como de sectores del propio Partido Republicano, y se da en un contexto de caída de popularidad del presidente, derrotas electorales recientes y dificultades económicas no resueltas, como la inflación y el malestar del sector agrario.
La dimensión militar del operativo fue, sin embargo, contundente. Más de un centenar de aeronaves, buques de guerra desplegados en el Caribe con capacidad misilística y la participación de unidades de élite como la Delta Force formaron parte de una acción cuidadosamente planificada. Hubo ensayos previos en territorio estadounidense y tareas de infiltración de la CIA en Venezuela. Durante el operativo se produjeron enfrentamientos armados que dejaron decenas de combatientes muertos, entre ellos ciudadanos cubanos, además de víctimas civiles aún no contabilizadas.
Pese a ello, grandes medios internacionales intentaron instalar la imagen de una intervención sin resistencia, omitiendo el uso abrumador de fuerza por parte de la principal potencia militar del planeta. Desde la muerte de Hugo Chávez, la estrategia de Washington ha sido clara: fracturar el proceso bolivariano desde adentro y romper la alianza cívico-militar que lo sostiene. El secuestro de Nicolás Maduro apuntó directamente a ese objetivo.
Sin embargo, la respuesta política fue inmediata. Una conferencia encabezada por Delcy Rodríguez, junto a Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y la cúpula de las Fuerzas Armadas, mostró que el chavismo conserva el control del Estado y mantiene su cohesión interna. En paralelo, se desplegó una intensa ofensiva mediática que intentó presentar a Delcy Rodríguez como una figura de “transición” funcional a los intereses estadounidenses. Desde el oficialismo venezolano advierten que se trata de una maniobra destinada a dividir al movimiento bolivariano y forzar concesiones políticas.
Al mismo tiempo, reconocen la necesidad de reabrir canales de diálogo internacional sin resignar soberanía, en un escenario global donde las fuerzas progresistas atraviesan un momento de repliegue. El contexto internacional añade complejidad. Rusia y China rechazaron la agresión y exigieron la liberación de Maduro, aunque descartaron
una intervención militar directa que podría escalar hacia un conflicto global. Ambas potencias han optado en los últimos años por fortalecer vínculos económicos, tecnológicos y energéticos con América Latina, consolidando espacios como los BRICS y promoviendo intercambios comerciales por fuera del dólar.
En la región, gobiernos como los de Brasil, México, Uruguay y Chile condenaron la intervención estadounidense y reivindicaron el principio de no injerencia. No obstante, sus pronunciamientos evitaron mencionar explícitamente el secuestro del presidente venezolano, una omisión atribuida tanto al temor frente a la imprevisibilidad de Trump como a las debilidades políticas internas y al peso negativo que la figura de Maduro tiene en la opinión pública de esos países. Para los movimientos populares de Nuestra América, el escenario es de máxima urgencia.
Una derrota de la Revolución Bolivariana tendría consecuencias históricas de largo alcance para los proyectos emancipatorios del continente. Por eso, dirigentes y organizaciones llaman a reforzar la unidad, disputar las narrativas dominantes y sostener la movilización social, con una exigencia central: la liberación inmediata de Nicolás Maduro y su regreso a Venezuela. Las próximas horas serán decisivas. Mientras el chavismo mantiene el control político y militar del país, Estados Unidos ya dejó entrever nuevas amenazas sobre Colombia y Cuba, confirmando que la ofensiva no se limita a Venezuela.
En este contexto, la consigna que recorre la región es clara: defender la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la continuidad de los proyectos populares. Como enseñaron las Madres de Plaza de Mayo, incluso en los momentos más oscuros no hay lugar para la resignación. Con organización, unidad y lucha sostenida, sostienen las fuerzas populares, la historia de Nuestra América aún está abierta.
