Este 29 de octubre, una vez más la Asamblea General de la ONU comenzó a analizar el proyecto de resolución titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. El proyecto presentado por Cuba afirma que el bloqueo constituye una agresión sistemática que ha sido prolongada por más de seis décadas, siendo el eje central de la política exterior de Washington contra el país caribeño.
Es la trigésima segunda ocasión en la que el máximo órgano deliberativo de las Naciones Unidas debate sobre el tema. Desde 1992, cada año, este proyecto ha sido aprobado por abrumadora mayoría, tan solo con el voto en contra de Estados Unidos e Israel junto con algún aliado ocasional.
Se trata de una resolución no vinculante, donde Cuba reclama “la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales”.
El bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba constituye una flagrante violacion del derecho internacional y es contrario a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. El abrumador respaldo de la comunidad internacional, con independencia de las tradiciones y signos políticos de cada uno de los países, se debe a que no existen bases legales o morales que sustenten la agresión de Washington.
Sin embargo, a pesar del rechazo casi unánime a la agresión que sufre el pueblo cubano, la prepotencia de Washington mantiene incólume su política de guerra. Mientras se presenta a sí misma como el garante de la democracia y el “orden basado en reglas” del mundo.
Un arma de guerra no convencional
El bloqueo que Washington llama “embargo”, se trata de una serie de medidas económicas y políticas aplicadas luego del triunfo de la Revolución Cubana con el objetivo explícito de asfixiar la economía cubana y debilitar al gobierno revolucionario.
Esta estrategia de guerra no convencional se basa en un memorándum secreto que el entonces subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos Interamericanos, Lester D. Mallory, envió al presidente republicano Dwight Eisenhower (1953-1961), en donde sugería “la rápida aplicación de todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba” para privar al país de “dinero y suministros, reducir sus recursos financieros y salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.
El objetivo explícito del bloqueo es asfixiar la vida económica de Cuba y provocar malestar en su población. Una política similar a la que los ejércitos implementaban en la antigüedad al sitiar una ciudad con el fin de obligar que sus habitantes se rindiesen ante la hambruna que se ocasionaba.
El bloqueo se formalizó el 7 de febrero de 1962, al ser declarado como total por el presidente demócrata John F. Kennedy. Desde entonces, esta política se mantuvo a través de todas las siguientes 11 administraciones -demócratas y republicanas- de los Estados Unidos. Intensificandose, a lo largo de los años, cada vez que Cuba atravesó momentos difíciles.
Durante décadas, Estados Unidos argumentó que su política de bloqueo se debía a la supuesta amenaza de la Guerra Fría. Sin embargo, con la caída de la URSS, el bloqueo no sólo se mantuvo, sino que se agravó.
Durante el llamado “periodo especial”, en 1992 Washington aprobó la «Ley de la Democracia Cubana», conocida como Ley Torricelli, que estableció sanciones contra los barcos que toquen puertos cubanos, prohibiéndoles la entrada en Estados Unidos durante seis meses. Esta ley, en un claro ejemplo de la aplicación extraterritorial del bloqueo, también prohíbe a las entidades de terceros países que operen con más de un 10% de capital estadounidense comerciar con Cuba.
Años más tarde, en 1996 entró en vigor la elocuentemente denominada «Ley de Libertad Cubana y Solidaridad Democrática», más conocida como Ley Helms-Burton. Promulgada bajo la administración demócrata de Bill Clinton, la cual establece que cualquier empresa no estadounidense que firme contratos con Cuba puede ser objeto de represalias legales en Washington.
Recientemente, durante la administración de Donald Trump, se implementaron más de 240 medidas adicionales con el fin de establecer una política de “máxima presión” que continuó bajo la administración Biden.
Efectos del bloqueo
El bloqueo que sufre Cuba hace más de sesenta años constituye uno de los principales obstáculos para su desarrollo y la causa de la profunda crisis económica que el país sufre. No todos los problemas de Cuba son culpa del bloqueo. Pero ciertamente, todos los problemas de Cuba se ven profundizados por el bloqueo.
Durante las más de seis décadas en las que el país ha sido sometido al ilegal bloqueo, se calcula que los daños económicos acumulados ascienden en más de 1 billón 499 mil 710 millones de dólares. Una cifra fabulosa que le ha sido arrebatada, a través de generaciones enteras, a la población cubana para dificultar el desarrollo social y económico del país.
Cada uno de esos dólares que le ha sido arrebatado al pueblo cubano, ha sido un dólar que podría haber estado destinado a la salud, la educación, al desarrollo científico, cultural o deportivo que en la isla, acusada de terrorista por Washington, constituyen derechos de las y los cubanos.
Tan solo en el periodo que va desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024, el bloqueo generó una pérdida estimada de 5 mil 56,8 millones de dólares
Lo que significa una pérdida de más de 421 millones de dólares mensuales. ¿Cómo es posible dar cuenta de la actual crisis por la que atraviesa la isla sin considerar los efectos del bloqueo?
Actualmente se calcula que más del 80% de la población cubana ha vivido toda su vida bajo el bloqueo. El informe que votará la Asamblea Genera de la ONU califica al bloqueo como un “un crimen de lesa humanidad, un acto de genocidio y una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos de más de 11 millones de cubanas y cubanos. Es una cruel política de castigo”.
