El Gobierno nacional oficializó la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda a través del decreto 70/2025, el mismo que dio origen a la Ley Bases en 2024. Con esta medida, la gestión de los programas y proyectos de vivienda pasará a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas, que solo se encargará de cerrar las acciones en curso antes de que la responsabilidad pase en su totalidad a los gobiernos provinciales y municipales.
Según el decreto, esta decisión “responde a la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional en esta materia”.
La eliminación de esta secretaría deja en suspenso programas históricos como Procrear, Casa Propia y el Fondo Nacional de la Vivienda, todos destinados a la construcción de hogares para sectores medios y populares.
Además, la mayoría de los proyectos de la ex Secretaría de Vivienda se financiaban a través de tres fondos fiduciarios, los cuales están en proceso de disolución, incluyendo el FISU (Fondo de Integración Socio Urbana).
El Gobierno de Javier Milei sostiene que el acceso a la vivienda debe gestionarse de manera privada mediante créditos personales, argumentando que “la financiación para la construcción de viviendas es una función propia y fundamental de los bancos comerciales, tanto privados como públicos, y, por lo tanto, no se justifica la intervención estatal en esta área”.
Un golpe al acceso a la vivienda
La medida impacta directamente en miles de familias que aún sueñan con tener su casa propia. Desde su lanzamiento el 12 de junio de 2012, el programa Procrear permitió la construcción de más de 500.000 viviendas a través de líneas individuales de crédito, según datos del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. En su última etapa, entregó más de 44.000 viviendas y tenía más de 122.000 en construcción.
Casa Propia, otro de los programas afectados, tenía como meta la construcción de más de 30.000 viviendas en desarrollos urbanísticos y el otorgamiento de 264.000 soluciones habitacionales.
Ahora, con la eliminación de estos planes, la posibilidad de acceder a una vivienda digna queda librada al mercado y al acceso al crédito bancario, en un contexto de alta inflación y tasas de interés prohibitivas para la mayoría de la población.
Mientras tanto, provincias y municipios deberán enfrentar esta nueva responsabilidad sin financiamiento nacional, lo que pone en duda la continuidad de proyectos habitacionales esenciales para miles de familias en todo el país.
