La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) han manifestado su preocupación frente a las denuncias de represión estatal ocurridas durante las protestas de jubilados del 11 de septiembre.
Ambas instancias internacionales han llamado la atención sobre la necesidad de que el Estado argentino respete y garantice los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, al mismo tiempo que proteja la seguridad de quienes participan en manifestaciones.
En las movilizaciones que se dieron en el contexto del veto a la ley de movilidad jubilatoria, las fuerzas de seguridad recurrieron al uso de gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes.
Estos métodos afectaron no solo a los participantes de la protesta, sino también a personas ajenas a las mismas, entre ellas niños, niñas y personas mayores. Los incidentes, que resultaron en personas heridas, fueron documentados por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
El Estado argentino, por su parte, informó sobre el contexto en que se dieron las protestas, afirmando que el operativo de seguridad incluyó medidas preventivas, como controles en los accesos y estaciones de tren, y la remoción de elementos que podrían ser utilizados para vandalismo.
Frente a estos hechos, la CIDH y su RELE subrayaron que la protesta pacífica es un derecho fundamental en las democracias. Recordaron que el uso de la fuerza pública debe ser una medida de último recurso, aplicado bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, según los estándares interamericanos.
En este sentido, se enfatizó que las armas de fuego deben estar excluidas en los operativos de control de protestas.
La Relatoría reiteró que el Estado argentino tiene la obligación de garantizar tanto el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica como el orden público, y que cualquier violación a estos derechos debe ser investigada con diligencia. De comprobarse abusos, los responsables deben ser sancionados conforme a la ley.
