Artículo originalmente publicado en People Dispatch
El miércoles 3 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe sobre la situación de las violaciones de derechos humanos en Perú durante las protestas antigubernamentales que estallaron después de la destitución del ex presidente de izquierda Pedro Castillo en diciembre de 2022.
En su informe de 113 páginas, la CIDH establece que las fuerzas de seguridad del país cometieron “graves violaciones de los derechos humanos” al reprimir las protestas en todo el país contra el gobierno de Dina Boluarte.
La CIDH informó que 57 personas murieron en estas protestas, y dijo que la respuesta del Estado a los manifestantes se caracterizó por el “uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”. Añadió que, en algunos casos, las acciones podían calificarse de “ejecuciones extrajudiciales” y “masacres”.
“El elevado número de personas muertas y heridas con impactos de bala en la mitad superior del cuerpo, con armas de fuego y perdigones, y el hecho de que un número significativo de víctimas ni siquiera participaran en las protestas y se encontraran simplemente en las zonas donde estallaron los enfrentamientos, confirma los abusos masivos cometidos por las fuerzas del Estado”, rezaba el informe.
“Dado que (los abusos) fueron perpetrados por agentes del Estado, la Comisión concluye que las muertes que se produjeron podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, las múltiples privaciones del derecho a la vida podrían ser calificadas como una masacre”, agregó el informe.
En este sentido, la CIDH dijo que se debe realizar una investigación objetiva “con la debida diligencia y enfoque étnico-racial”, y por “fiscales especializados en derechos humanos”.
“Además, deben ser juzgados por jueces independientes, competentes e imparciales”, agregó el organismo de derechos humanos.
Delegaciones de la CIDH visitaron Perú en dos ocasiones. La primera vez, del 20 al 22 de diciembre de 2022, tras la masacre de Ayacucho, en la que murieron diez personas y 52 resultaron gravemente heridas después de que la policía y el ejército intentaran desbloquear el aeropuerto de Ayacucho que estaba ocupado por residentes que protestaban.
La segunda vez, del 11 al 13 de enero, tras la masacre de Puno, en la que murieron 18 personas y 68 resultaron gravemente heridas después de que policías y militares abrieran fuego contra miles de manifestantes que habían ocupado el aeropuerto de Juliaca. En ambas ocasiones, las delegaciones se reunieron con familiares de las víctimas, funcionarios del Gobierno y representantes de la sociedad civil.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo fue destituido en un golpe legislativo por el Congreso, dominado por la derecha. Posteriormente fue detenido tras intentar disolver el Congreso por decreto. A raíz de este hecho, se movilizaron cientos de miles de personas, principalmente del campo peruano, marginado durante mucho tiempo e identificado con Castillo, en distintas partes del país para exigir la dimisión de Boluarte, nuevas elecciones y una nueva Constitución.
El gobierno de la ex vicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte, desató una brutal represión contra quienes protestaban por su destitución. Según informes de medios de comunicación locales y organizaciones de derechos humanos, unas 70 personas han muerto en las protestas, la mayoría en violentas represiones de las fuerzas de seguridad del Estado.
La @CIDH concluyó que en el Perú se cometieron abusos y masacres entre diciembre 2022 a enero 2023. pic.twitter.com/4tQeLfkJwe
— 🇵🇪 Wayka (@WaykaPeru) May 3, 2023
Recomendaciones al Estado Peruano
La CIDH realizó un total de 36 recomendaciones al Estado peruano.
La comisión exigió que el Estado peruano adopte medidas de reparación integral para las víctimas, tales como acciones de compensación; rehabilitación médica y psicológica; rehabilitación social; verdad y justicia.
La CIDH señaló que las protestas también se originaron por demandas más profundas de las comunidades campesinas y pueblos indígenas, que Perú debe atender, incluyendo “demandas de acceso igualitario a derechos sin discriminación, mayor representación política, consulta previa respecto a proyectos extractivos y una distribución justa de la riqueza generada por estos proyectos”.
La CIDH comprobó un deterioro general del debate público, con una fuerte estigmatización por factores étnico-raciales y regionales, a través de mensajes que aluden a indígenas y campesinos como ‘terroristas’, ‘terrucos’, ‘senderistas’, ‘cholos’ o ‘indios’, entre otros términos despectivos, señalando que estas prácticas son discriminatorias. En este sentido, propuso integrar una estrategia de diálogo “con enfoque étnico y territorial”, así como garantizar la participación de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas.
En cuanto a la actuación de la fuerza pública, recomendó “adoptar un plan permanente y obligatorio de capacitación y evaluación de las fuerzas de orden público que intervienen en la contención de manifestaciones, priorizando la defensa de la vida y la integridad de todas las personas.”
En materia de institucionalidad pública, la CIDH sugirió al Estado peruano “abstenerse de adoptar reformas legislativas o constitucionales que debiliten la autonomía e independencia del Sistema Nacional Electoral o del Poder Judicial.”
También recomendó “delimitar los mecanismos, tales como la acusación constitucional, la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y la disolución unilateral del Congreso”.
Finalmente, la CIDH expresó su voluntad de brindar a Perú la cooperación técnica requerida para implementar las recomendaciones formuladas en el informe, incluyendo el establecimiento de un mecanismo especial de seguimiento.
Boluarte rechazó el informe de la CIDH
El jueves 4 de mayo, el gobierno de Boluarte rechazó el informe de la CIDH y se desmarcó de sus conclusiones.
“Rechazamos los supuestos hallazgos de ejecuciones extrajudiciales y la afirmación de masacres masivas”, dijo Boluarte en rueda de prensa.
Incluso restó importancia a la redacción del informe de la CIDH, diciendo que “no confirma la ocurrencia de violaciones de los derechos humanos, sino que podrían haber ocurrido”.
Cabe señalar que la Fiscalía de Perú también investiga a Boluarte, junto con tres de sus ministros y jefes policiales, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves.
