El gobierno de Alberto Fernández sufrió un revés judicial de la mano de la Corte Suprema de Justicia, que le dio la razón al principal dirigente de la oposición, el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, respecto a la continuidad de las clases presenciales.
Si bien los cinco jueces del Máximo Tribunal del país ya habían dejado por sentado el año pasado que iban a acompañar las medidas extraordinarias que tomaría el Poder Ejecutivo en el marco de la pandemia, esta vez se metieron de lleno en una pelea política que terminó por aventajar al macrismo y devaluar la autoridad del presidente. Todo esto, en un contexto de grave crisis sanitaria y social.
La corte pudo esperar a resolver el conflicto entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires (CABA), pero decidió intervenir en el momento más álgido de la disputa respecto a la suspensión de las clases presenciales, que el presidente Fernández decretó sólo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una zona exclusiva que comparten CABA y el conurbano bonaerense.
Ahora, el fallo a favor de Larreta (y por ende en contra de las decisiones epidemiológicas que tomó Alberto Fernández) avivó una vieja pelea entre el sector kirchnerista que conforma el gobierno y el poder judicial: el Lawfare, los privilegios de la justicia y los ataques hacia algunos dirigentes populares.
De los cinco jueces de la Corte, cuatro —Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti— ratificaron que la Ciudad de Buenos Aires es “autónoma” y puede decidir sobre su territorio, tal como lo hace una provincia. Solo Elena Highton de Nolasco votó en línea con lo que había decidido el gobierno nacional.
Lo curioso es que en el fallo no se haya analizado algo relativamente sencillo: lo que haga tal o cual región en el país puede perjudicar a otros en un contexto de pandemia como el que nos toca. De ahí que el oficialismo entero salió a criticar lo que resolvió la Corte. Fue, por otro lado, un hecho que volvió a limar las diferencias internas para salir a enfrentar el enemigo comun.
La primera que cargó las tintas, a horas de que se publicara el fallo del Máximo Tribunal, fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ese mismo día casualmente pidió la nulidad de la causa Memorándum de Irán, en donde todavía aparece como imputada.
“Ante este escenario, digo yo… para poder gobernar ¿No será mejor presentarse a concursar por un cargo de Juez al Consejo de la Magistratura o que un Presidente te proponga para Ministro de la Corte?”, escribió la expresidenta de la Nación, quien en su perfil de Twitter concluyó: “Sinceramente, está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño”.
Al día siguiente, el miércoles 5, la foto de unidad del Frente de Todos volvió a verse como hace mucho no sucedía. Fue en un acto que se celebró en la localidad bonaerense de Ensenada, durante la presentación del programa “Reconstruir”, una iniciativa destinada a finalizar la construcción de 55 mil viviendas que habían sido paralizadas desde 2016.
“No usen las sentencias para favorecer a un candidato porque eso los degrada”, expresó Alberto Fernández, quien desafió a la Corte asegurando que “si quieren elegir un candidato vayan y voten, pero no usen las sentencias”.
A la vista está que lo decidido por la Corte no fue una acción aislada para destrabar un conflicto entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires: en el medio se juegan vidas. Pese a que las autoridades porteñas insisten con asegurar que las clases presenciales no aumentan los contagios, lo cierto es que las estadísticas marcan que la circulación aumenta un 30% con la presencialidad y que —semana tras semana— la población internada en los hospitales es cada vez más joven.
De hecho, los gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires advierten que al menos 10 trabajadores de la Educación han fallecido tras contagiarse de COVID. A todo esto, hay un dato que bien podría replantearlo todo: Larreta buscó a toda costa garantizar la presencialidad de la educación en el peor momento de la pandemia, con un promedio de 16 mil casos y 400 fallecidos por día.
Sólo en CABA, hay una ocupación del 83,8% de las camas de terapia intensiva en los hospitales públicos, una realidad que ha generado que cientos de porteños se trasladen a los hospitales de la provincia de Buenos Aires para poder atenderse, aunque allí la realidad no difiera demasiado.
Desde el oficialismo creen que Larreta busca expandir su figura política en un año de elecciones legislativas (las primarias se realizarían en septiembre y las generales en noviembre), al tiempo que, al interior de Juntos por el Cambio, hay cada vez más internas y no se posicionan demasiados dirigentes. Es decir, un camino tentador para el jefe de la Ciudad de Buenos Aires.
Claro está, en medio de las apetencias políticas de cada sector político, atraviesa la arrasadora segunda ola de COVID, que ya supera los 65 mil fallecidos en todo el país desde que comenzó la pandemia en la Argentina. La Corte Suprema decidió votar a sabiendas de todo esto.
