Por Tanya Wadhwa
A pocas semanas de las elecciones generales anticipadas en Ecuador, el país se enfrenta a una crisis sin precedentes debido a un aumento de la violencia y a las denuncias de acuerdos entre el gobierno y grupos delictivos. En las redes sociales han circulado vídeos que muestran a estudiantes refugiándose en escuelas en medio de tiroteos entre bandas de narcotraficantes en Esmeraldas, intentos de asesinato contra funcionarios públicos y mensajes públicos de líderes de bandas fuertemente armados anunciando acuerdos de paz.
Estos hechos provocaron una gran preocupación en todo el país y agravaron la actual crisis política, que se agudizó cuando el Presidente Guillermo Lasso activó la medida de muerte cruzada el 17 de mayo, disolvió la Asamblea Nacional del país y convocó elecciones generales anticipadas.
El gobierno de Lasso ha sido objeto de duras críticas, en un contexto de creciente inseguridad en todo el país. Luisa González, candidata a la presidencia por el partido de izquierda Movimiento Revolución Ciudadana, declaró: “Es indignante ver un gobierno totalmente inoperante. Que sean los líderes de las bandas criminales los que hablen sólo significa una cosa: las bandas tienen el control del país y no el presidente de la República”.
¿Qué ocurrió en Ecuador en las dos últimas semanas?
Motines en las cárceles y asesinatos de políticos
Después de tres meses de relativa calma, la Penitenciaría del Litoral o CPL Guayas 1, en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, volvió a ser escenario de violentos enfrentamientos entre el 22 y el 25 de julio de 2023. El 22 de julio estallaron en Litoral los choques entre las bandas criminales rivales Los Lobos y Los Tiguerones. Los internos utilizaron armas de fuego así como explosivos durante los enfrentamientos que duraron hasta el 25 de julio. Según la Fiscalía, 31 presos murieron y 14 personas, entre ellas un agente de policía, resultaron heridas en las reyertas.
Los incidentes en la Penitenciaría del Litoral también provocaron una serie de protestas en otras prisiones. Los internos de las cárceles de Latacunga, Riobamba, Ambato, El Inca, Azogues y Esmeraldas se declararon en huelga de hambre y tomaron como rehenes a más de 120 personas, entre policías, guías penitenciarios, auxiliares administrativos y visitantes, para exigir mejores condiciones sanitarias y de alimentación, entre otros temas.
Esto llevó a Lasso a declarar el estado de excepción por 60 días en las 36 cárceles del país el 25 de julio, autorizando el ingreso de las Fuerzas Armadas a los penales para retomar el control. Tras el estado de emergencia, 1.500 miembros de la Policía Nacional y 1.200 miembros de las Fuerzas Armadas entraron en la Penitenciaría del Litoral para controlar la situación.
El 26 de julio, el SNAI informó de que las fuerzas de seguridad del Estado habían recuperado el control de la prisión, y que se había levantado la huelga en otras prisiones y se había liberado a los rehenes con el apoyo de personal de seguridad adicional.
Mientras tanto, la Fiscalía informó de que había reabierto dos investigaciones previas contra las autoridades: una que investigaba el asesinato de reclusos en las cárceles y otra que indagaba actos de terrorismo debido a las detonaciones y la cantidad de armas y municiones encontradas en el interior de las prisiones en los registros realizados tras los últimos incidentes.
La emergencia carcelaria fue el segundo estado de excepción decretado por Lasso esta semana.
El lunes 24 de julio, Lasso también declaró el estado de excepción en las provincias de Manabí y Los Ríos, así como en la ciudad de Durán, después de que el alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Intriago, fuera asesinado a tiros el domingo. También se produjeron varios ataques en el centro de la ciudad de Esmeraldas el 25 de julio, incluidas explosiones frente a la Fiscalía y la Corporación Nacional de Electricidad, así como otros actos de violencia, que llevaron a las autoridades a suspender temporalmente diferentes actividades, incluidas las clases presenciales. El 28 de julio, dos policías fueron asesinados a tiros mientras desayunaban en un área de descanso en Samborondón, provincia del Guayas.
Crisis penitenciaria
Las cárceles de Ecuador están plagadas de tiroteos, motines y enfrentamientos violentos desde 2021. Los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso no han conseguido frenar la violencia. Lasso ha declarado periódicamente estados de excepción en las cárceles del país para tratar de atajar el problema. Según datos oficiales, desde enero de 2021 han muerto 485 presos bajo custodia del Estado en diferentes masacres en las cárceles.
La Penitenciaría del Litoral es la más grande de Ecuador y una de las más peligrosas. Desde 2021, ha registrado decenas de incidentes violentos y algunos de los motines más brutales y masacres más sangrientas. En septiembre de 2021, una batalla entre bandas provocó la muerte de 125 reclusos, algunos de los cuales fueron decapitados o asesinados a machetazos. En abril, 12 reclusos murieron y tres resultaron heridos durante un motín. El pasado fin de semana, Litoral registró su undécima masacre desde 2021.
¿Negociaciones del gobierno con las pandillas?
Luego del estallido de violencia y la declaración del estado de excepción, varias bandas criminales que operan en Ecuador, a través de videos difundidos en las redes sociales, anunciaron que habían llegado a un acuerdo para ofrecer un período de paz en el país. Incluso aludieron a que el pacto de paz también había sido firmado con el gobierno nacional y la policía. Mientras tanto, el gobierno derechista del actual presidente Guillermo Lasso negó cualquier tipo de acuerdo con las bandas criminales.
El martes 25 de julio, el líder de la banda criminal Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, anunció en un mensaje de vídeo que su banda había llegado a un acuerdo de paz con Los Lobos, Los Tiguerones, Fatales, Latin Kings, Ben-10, M-18 y R-7 para poner fin a las extorsiones, secuestros y muertes violentas. Macías también ofreció entregar las armas que las bandas criminales poseen en las cárceles del país para ayudar a pacificar la situación de violentos motines carcelarios. En el vídeo, supuestamente grabado en el interior de una cárcel de la ciudad de Guayaquil, se ve a ‘Fito’ rodeado de otros cuatro miembros, que iban armados con pistolas y fusiles, y de un agente de policía. Es importante señalar que la entrada de cámaras y armas, así como el acceso a Internet, están prohibidos en las cárceles de todo el país. La red digital ecuatoriana de noticias, Primicias, ha denunciado que el verdadero objetivo de Macías tras el acuerdo de paz es reagrupar a las micro bandas para rebajar las tensiones y asumir el control total en las cárceles.
Horas después del vídeo de Fito, el líder de los Chone Killers, Antonio Camacho, alias Ben-10, también se pronunció en las redes sociales, confirmando la tregua anunciada por Macías. “No quiero más problemas con Las Águilas, Latin Kings, Tiguerones y Fatales. Quiero estar tranquilo. Por mi parte, va a ser un cambio total”, dijo Camacho desde la clandestinidad.
El miércoles 26 de julio, un portavoz de la banda Tiguerones también anunció un pacto de paz con Los Choneros, Las Águilas, M-18, R-7, Lobos, Latin Kings y Ben-10. En un video, difundido desde la cárcel de Esmeraldas, se veía al vocero sentado junto al director del penal Iván Toledo, un sacerdote y una mujer, a quienes se refirió como los delegados del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y otros pandilleros. Ante ellos había una mesa con más de una docena de cuchillos y machetes y dos revólveres, que Toledo dijo que los integrantes de la banda habían entregado como muestra de su compromiso con la paz.
Igualmente, la noche del miércoles, el grupo delictivo Los Lobos también difundió un video en el que hablaban del acuerdo por la paz en Ecuador. El portavoz, que llevaba el rostro cubierto, aclaró que Los Lobos no habían difundido los panfletos en los que amenazaban a la población con actos de terror. También agradeció al ministro del Interior, Juan Zapata, por supuestamente escuchar su pedido y llegar a un diálogo de paz “en beneficio de todo el país.” Además, advirtió, acompañado de decenas de pandilleros, que si el pacto no se cumple, tienen la fuerza y las armas para hacer la guerra.
El anuncio de un acuerdo de paz entre bandas criminales se produjo días después de que un motín carcelario en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, se cobrara la vida de 31 reclusos, y de incidentes violentos en otras prisiones y en las calles que obligaron al Gobierno de Lasso a declarar dos estados de excepción en dos días.
Lasso niega haber llegado a ningún acuerdo con los delincuentes
A pesar de la participación de funcionarios policiales en los mensajes de video y los agradecimientos expresados al ministro del Interior, Guillermo Lasso negó que su gobierno haya llegado a algún acuerdo con el crimen organizado en el país.
“El crimen organizado está tratando de imponerse, pero no vamos a ceder. Quiero ser enfático: no hemos pactado con los delincuentes como pretenden hacer ver”, dijo Lasso el jueves 27 de julio, durante un acto realizado en la capital Quito para la entrega de municiones a la Policía Nacional.
Por su parte, Zapata aseguró que nadie en el Gobierno está autorizado para sentarse a dialogar con grupos delictivos. Sobre el agente policial que aparece en el video de Fito, Zapata dijo que se abrió una investigación.
Asimismo, el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Adultos Privados de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), organismo estatal encargado de los centros penitenciarios de Ecuador, Guillermo Rodríguez, afirmó que lo anunciado por estas bandas fue “una entrega voluntaria (de armas)” y recalcó que “los pactos son entre ellos y que la Policía no tiene nada que ver en ese tema”.
No es la primera vez que el gobierno de Lasso es acusado de tener vínculos con el crimen organizado. En enero, el medio digital ecuatoriano La Posta publicó una serie de documentos y grabaciones de audio que vinculaban a varios funcionarios del gobierno y al cuñado de Lasso, Danilo Carrera, con supuestos actos de corrupción y con miembros de la mafia albanesa.
La publicación del informe por el medio de comunicación llevó a la Fiscalía a iniciar una investigación contra varios funcionarios públicos de empresas públicas. También llevó al Congreso, de mayoría opositora, a iniciar un proceso de destitución contra Lasso. Para evitar la posibilidad de ser investigado y destituido, Lasso disolvió en mayo el parlamento unicameral del país y convocó elecciones presidenciales y legislativas anticipadas.
Artículo publicado originalmente en Peoples Dispatch
