La ministra Sandra Pettovello confirmó la baja de alrededor de 900.000 beneficiarios que percibían un monto no remunerativo de $78.000. Según voceros oficiales, quienes manifiesten interés podrán acceder a vouchers para cursos de formación profesional con el fin de mejorar su inserción laboral.
Sin embargo el propio Gobierno eliminó el Fondo de Educación Técnico Profesional, que sostenía a más de 3.800 instituciones y 1,4 millones de estudiantes. Ese fondo, además, ya venía sufriendo un proceso de desfinanciamiento en los últimos dos años.
La reconversión del Potenciar Trabajo, iniciada apenas asumió Javier Milei, había dividido el universo de beneficiarios: unos 900.000 quedaron bajo Volver al Trabajo y otros 300.000 bajo el programa Asistencia Social, destinado a personas con mayores dificultades de empleabilidad. Por ahora, estos últimos no serán alcanzados por la baja.
Movilizaciones en todo el país
Más de 70 organizaciones sociales realizaron cortes de rutas y autopistas en rechazo a la medida. “Nos unimos organizaciones de Ushuaia a La Quiaca que pensamos distinto y decidimos enfrentar a un gobierno que no es compatible con la vida”, expresó Eduardo Belliboni, del Polo Obrero. “El movimiento piquetero existe hace 28 años”, recordó.
Algunos dirigentes cuestionaron que los recursos liberados por el recorte podrían haber contribuido a financiar créditos hipotecarios otorgados a funcionarios libertarios, ya que el Volver al Trabajo se pagaba a través del Banco Nación.
Dirigentes de la Educación Técnica Profesional también criticaron la decisión: “No hay lugar para la educación técnica en el país de Milei. Se eliminó el fondo que sostenía a 1,4 millones de estudiantes”, señalaron desde los sindicatos docentes.
De Jefes y Jefas al Potenciar Trabajo: un recorrido histórico
El primer gran programa de empleo surgió en 2002, durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde, con el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. La iniciativa, impulsada en medio de fuertes movilizaciones sociales y tras los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, alcanzó a más de 2 millones de beneficiarios. Con la recuperación económica, ese número comenzó a descender hasta llegar a 93.922 personas en 2010.
En 2009, bajo el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, el programa pasó a denominarse Argentina Trabaja, con un enfoque centrado en la autoorganización de los movimientos sociales. Desde entonces, la palabra “desocupados” dejó de figurar en los nombres de las políticas sociales.
Las ciencias sociales continúan estudiando a los movimientos sociales en tres grandes etapas:
- 1996-2003, nacimiento en cortes de ruta y asambleas barriales, con diciembre de 2001 como punto culminante.
- 2002-2012, marcado por el apoyo o rechazo a los gobiernos kirchneristas.
- 2012-2022, con la creación de la CTEP y el avance del reconocimiento de derechos en la Economía Popular.
En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, se sancionó la Ley de Emergencia Social, que creó el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, equivalente al 50% del salario mínimo.
La etapa del Potenciar Trabajo
Con la llegada de Alberto Fernández, los programas sociales fueron descentralizados y pasaron a ser gestionados por diversas organizaciones sociales bajo la denominación Potenciar Trabajo. Se impulsaron experiencias productivas en agricultura familiar, reciclado, polos textiles, ferias barriales y unidades económicas en barrios populares, muchas de ellas en articulación con universidades.
El fin de una era
Con la asunción de Javier Milei en 2023, el Potenciar Trabajo se dividió en dos líneas: Volver al Trabajo y Asistencia Social. Tras años de desactualización del monto, la primera fue finalmente eliminada en abril de 2026, marcando el fin de una etapa histórica de apoyo estatal a trabajadores informales.
La medida llega en un contexto en el que el 45% de la población económicamente activa es informal —más de 6 millones de personas—, las PyMEs no reciben subsidios, el cuentapropismo se retrae y no se generan empleos formales. Las plataformas de servicios están saturadas y carecen de regulación.
La reforma laboral recientemente aprobada, sumada al aumento del desempleo y al desmantelamiento de programas sociales, configura un escenario incierto. Sin un modelo productivo nacional claro, ni desde el Gobierno ni desde la oposición, el impacto social de estas medidas es difícil de prever.
