El pasado 16 de octubre se conoció que el diplomático venezolano, Alex Saab, fue extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde, donde había sido detenido en 2020 por presunto lavado de dinero.
Se le acusa de haber blanqueado 350 millones de dólares para pagar “actos de corrupción” a través del sistema financiero estadounidense. Casi la mitad de los 350 millones de dólares presuntamente malversados por Saab pasaron por bancos privados suizos. Tras una investigación, la fiscalía de Ginebra cerró la investigación al no encontrar delito alguno. Saab está vinculado a 22 cuentas en la Unión de Bancos Suizos (UBS), una de las mayores firmas de gestión de capitales del mundo; todas fueron allanadas sin encontrar irregularidades.
Sin embargo, el Tribunal del Distrito Sur de Florida le imputa ocho cargos en contra —siete de ellos por lavado de dinero y uno por conspiración para cometer este delito—. La extradición fue catalogada por el gobierno venezolano como un secuestro, violando la inmunidad diplomática y sin la debida notificación a la defensa ni a sus familiares.
En septiembre de este año, Saab fue designado como representante de la delegación gubernamental en el proceso de diálogo con la oposición en México y con la mediación de Noruega. Debido a la extradición, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la medida aplicada por Estados Unidos implica el fin del proceso de diálogo.
“El Gobierno de Estados Unidos sabía que secuestrando a Alex Saab, miembro de la comisión de diálogo en México, le metía una puñalada mortal a los diálogos y negociaciones de México”, expresó Maduro.
Saab y las CLAP
El gobierno de Donald Trump y sus aliados de la Unión Europea ya han aplicado cerca de 150 sanciones contra Venezuela. En los últimos 6 años, el bloque redujo en un 60% el PBI del país y un 99% de los ingresos en divisas del Estado, provenientes principalmente de la petrolera estatal PDVSA.
La estrategia fue doblegar a Venezuela a través del hambre y la miseria, considerando que los bienes de consumo masivos dependen fuertemente de las empresas importadoras que controlan la oferta. Esta situación es el trasfondo de una forma muy concreta de guerra económica: la hiperinflación. La gran burguesía que controla los alimentos es la que presiona al alza principalmente por dos vías: desabastecimiento de productos básicos y especulación con la moneda.
En ese contexto, nacieron en 2016 los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) para sortear los estragos la especulación y el acaparamiento. Los CLAP se transformaron en el principal mecanismo estatal para la compra de rubros de primera necesidad en medio de las sanciones económicas.
En una entrevista a la cadena RT, Alex Saab explica que su vinculación con el gobierno de Venezuela inició en 2011 cuando invirtió por primera vez en el país, relación que se mantuvo y se fortaleció cuando luego fue llamado a ser uno de los empresarios que tendrían los contratos relacionados con las cajas de alimentos que entregan los CLAP.
Los CLAP se transformaron en un blanco de ataque por parte de los Estados Unidos y la prensa opositora. El 25 de julio de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó la Orden Ejecutiva 13.850 mediante la cual dictó medidas coercitivas unilaterales sobre una lista de individuos y entidades, incluyendo a Saab. El entonces secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, señaló que “Alex Saab colaboró con allegados del círculo interno de Maduro para gestionar una red de corrupción de gran escala que utilizaron sin piedad para explotar a la población hambrienta en Venezuela”.
Crece campaña por la libertad del diplomático #AlexSaab, extraditado a EEUU pese a comprobadas ilegalidades de su detención y extracción de Cabo Verde. De lo que esto significa hablamos con su esposa @CamillaFSaab "No ha cometido ningún delito, simplemente trató de ayudar a Vzla" pic.twitter.com/b2MY34Tfbi
— EsNoticia teleSUR (@EsNoticia_tlSUR) October 21, 2021
Para contrarrestar la persecución, el gobierno venezolano lo nombró diplomático en una primera instancia y luego Embajador Plenipotenciario de la Misión de Venezuela ante la Unión Africana, para así dotarlo de inmunidad e inviolabilidad para viajar y negociar libremente en nombre del país.
La ilegalidad de la detención de Saab
El 12 de junio de 2020, en una escala para cargar combustible en un vuelo de Teherán a Caracas, las autoridades de Cabo Verde detuvieron al diplomático en un hecho que la defensa estima una extralimitación judicial. El primer punto clave para entender la ilegalidad es que al momento de la detención no existía una alerta roja de Interpol. Esa alerta y pedido se emitió recién al día siguiente.
Además, se quebró la inviolabilidad de la figura del Enviado Especial prevista en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas ratificada por Cabo Verde. El Tribunal Supremo de Cabo Verde se aparta así de las decisiones del Tribunal de Justicia de la la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), que tiene autoridad para juzgar violaciones de Derechos Humanos y disputas entre Estados africanos, y que considera que la detención es ilegal por la falta del pedido de Interpol al momento del arresto.
Otra de los vicios en el proceso es que no existe un acuerdo de extradición entre Cabo Verde y Estados Unidos. La decisión de Cabo Verde también viola la decisión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 8 de junio de este año, que expresamente solicitó a Cabo Verde abstenerse de extraditar al diplomático venezolano, así como las recomendaciones de un grupo de relatores especiales del Consejo de DDHH de la ONU.
Los comunicados internacionales
Desde el momento de la detención, varias cancillerías extranjeras y agencias internacionales se pronunciaron respecto al hecho.
En marzo del 2021, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental dictaminó que la detención de Saab era ilegal porque la alerta de Interpol que solicitaba su arresto se emitió al día siguiente de su detención.
En junio, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Cabo Verde que se abstuviera de extraditar a Alex Saab mientras su caso se examinaba por el Comité o hasta nuevo aviso. Este documento se acompañó con la filtración de una carta, fechada en julio, que señalaba que las torturas, detenciones arbitrarias y violaciones infligidas al diplomático debían cesar.
En agosto, la Cancillería iraní declaró que Alex Saab puede ser considerado un prisionero de guerra, en virtud de los hechos que rodean el caso. Mientras que la cancillería rusa, en septiembre, declaró que la persecución del empresario y diplomático venezolano estaba “políticamente motivada”.
La cancillería china también rechazó de manera firme la detención e instó al gobierno estadounidense a respetar las normas que rigen el derecho internacional.
