Lo que se busca con la denominada “guerra contra las drogas”, demostrado con la propia historia de nuestra región, es una fachada para el desarrollo de diversos mecanismos de intervención imperialista que han implicado desde la década del 70’ la combinación de métodos que van desde el financiamiento militar a los países de la región, la instalación de bases militares, hasta el apoyo explícito de algún candidato en una contienda electoral.
El dossier más reciente elaborado por el Instituto Tricontinental desarrolla la hipótesis principal de que en realidad la llamada “guerra contra las drogas” va en realidad dirigida contra las y los pobres, que son el eslabón más débil que la cadena productiva que deriva en narcóticos. Las drogas, precisamente, y en especial sus abultadas ganancias, son lo último que interesa a la clase dominante estadounidense y a los circuitos financieros del capital global, combatir, aunque hagan todo el esfuerzo propagandístico por desligarlo de las prácticas “legítimas” del capitalismo.
En realidad, la empresa transnacional de carácter criminal que constituye la industria del narcotráfico, es un elemento fundamental de los circuitos de acumulación del capitalismo a escala global. El dossier afirma que “la guerra contra las drogas es simplemente un intento de los Estados capitalistas de garantizar que estos circuitos de narcóticos permanezcan clandestinos para que el dinero extraído de comercio ilegal pueda continuar dando liquidez a un sistema bancario que no funcionaría sin él”.
En América Latina y el Caribe, región principalmente afectada por la denominada “guerra”, resalta el caso colombiano como el paradigmático a la hora de comprender las diferentes consecuencias de esta política estadounidense: desde la criminalización de las y los campesinos cultivadores, hasta el financiamiento de un aparato de guerra y represión contra las clases populares, pasando por una formación y financiamiento impartido por Estados Unidos a las fuerzas militares en el país con una doctrina contrainsurgente que encontró en la GCD su excusa perfecta.
La investigación indica que la demanda de las mercancías ilícitas no varía sustancialmente a pesar de la variación de precios, teniendo en cuenta la naturaleza de la misma respecto sus niveles de dependencia, siendo un caldo de cultivo para la comisión de delitos como pequeños hurtos para poder, de la forma que sea, solventar el consumo. “La violencia en el paso de la droga desde las fincas hasta las calles, y la violencia de las sobredosis, rara vez interrumpen la producción o el mercado”.
De esta manera, se pueden sacrificar vidas sin interrumpir el proceso de acumulación de capital en la economía formal. La economía de las mercancías ilícitas, con enormes niveles de explotación de los trabajadores/as, produce enormes volúmenes de efectivo que se lavan e ingresan, y por lo tanto lubrican, al sistema financiero, y permite controlar a las comunidades marginadas a través de la desmoralización social y la intervención policial.
Con un repaso por el proceso productivo de la coca, el dossier busca evidenciar de qué manera las ganancias están concentradas en los eslabones de la cadena más lejanos del cultivo de las plantas, siendo, paradójicamente, las y los trabajadores de estos cultivos de uso ilícito los más criminalizados y perseguidos por la supuesta “guerra” contra el narcotráfico.
El rol de las y los campesinos cultivadores es una de las principales preocupaciones de la investigación, destacando cómo, desde la perspectiva del campesinado colombiano, la economía política de la guerra contra las drogas responde a una compleja conexión entre cultivos, falta de desarrollo rural y conflicto armado que ha caracterizado la historia agraria en el país.
El caso colombiano ha sido el caso paradigmático a nivel continental de lo que está detrás de una narrativa simplificada de esta denominada “guerra”. Es la profundización del modelo neoliberal en la agricultura lo que ha acelerado la extinción de las y los pequeños agricultores. El campesinado enfrenta la falta de acceso y tenencia de la tierra, así como la exclusión social y económica, el desempleo, la opresión y marginación, lo que se ve agravado por la debilidad de las políticas públicas, salud y educación rurales inadecuadas, y la imposibilidad de acceder a vivienda digna.
En Colombia, la crisis se intensifica aún más por el acaparamiento de tierras, la usurpación y la legalización, la “regularización” de tierras ilegalmente despojadas, llevada a cabo a través de un modelo paramilitar con financiamiento y consentimiento estatal al servicio de grandes corporaciones transnacionales.
El campesinado no sólo es el blanco principal del discurso moralista de los medios de comunicación, que ignora su realidad económica y social; las grandes ganancias del negocio se la llevan los grandes capitalistas que, como ha insistido en varias oportunidades el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentran en lugares como La Florida y están perfectamente identificados por las autoridades estadounidenses que asisten a los mismos círculos sociales donde circula la cocaína que tanto señalan y por la que han muerto cerca de 1 millón de latinoamericanos/as.
Por otro lado, es importante anotar que el movimiento campesino en Colombia también ha construido herramientas para organizarse en territorios donde se cultiva coca. Desde históricas marchas campesinas a mediados de los 90’s, hasta la actualidad, las comunidades campesinas productoras de la hoja de coca exigen al Estado la sustitución voluntaria de los cultivos y el cese de métodos de erradicación forzada con glifosato, que lo único que han traído a los territorios es un aumento del pie de fuerza militar, generando violencia y despojo en los territorios
“El problema no es la planta de coca, sino el sistema económico que criminaliza a las y los pobres de las zonas rurales mientras absorbe y recicla la enorme liquidez generada por los mercados ilícitos. El sector financiero depende de estos flujos. Los bancos mundiales los acogen con agrado. Y las naciones más ricas que promueven la erradicación dependen al mismo tiempo de la estabilidad que proporciona este capital oculto. Tratar al campesinado como el enemigo es ocultar la verdadera arquitectura del narcotráfico, que se extiende hacia arriba, hasta los circuitos de las finanzas legales, las commodities globales y el poder estatal”, afirma la investigación.
Si el objetivo es terminar con la violencia y la dependencia económica del cultivo de coca, entonces el punto de partida no debe ser ni la militarización ni la erradicación, sino la reconstrucción de la vida rural: reforma agraria, precios garantizados para cultivos lícitos, infraestructura, servicios públicos y derechos políticos para quienes cultivan la tierra. Sin transformar las condiciones sociales y económicas que empujan a las familias a la agricultura ilícita, el ciclo simplemente se reproducirá. Sin confrontar a las instituciones financieras que lavan las ganancias, la economía mundial de las drogas continuará funcionando como un pilar no oficial de la liquidez capitalista.
*Artículo publicado originalmente en Globetrotter.
**Laura Capote es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires y maestranda en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata. Es investigadora en el Instituto Tricontinental e investiga sobre la realidad política y social de América Latina y el Caribe.
