Luis Arias habló con ARG Medios sobre las responsabilidades políticas de aquella catástrofe: “La inundación de La Plata es una tragedia política, porque quedó en evidencia la mentira del intendente, que estando en Brasil difundió una imagen fingiendo estar en la ciudad. También hubo ocultamiento del gobernador Daniel Scioli y de su ministro de Seguridad y Justicia Ricardo Casal respecto del número de víctimas”.
Para Arias, el problema central fue la falta de prevención y de gestión del riesgo. Expertos en cambio climático habían advertido sobre la posibilidad de un evento de esta magnitud, y existían antecedentes de inundaciones tanto a principios del siglo XX, como a comienzos del XXI. Aun así, el Estado no desarrolló un seguimiento adecuado que permitiera a la población tomar recaudos. La inundación dejó 89 muertos y más de 2.200 evacuados.
El ex juez también analizó el rol del Poder Judicial tras la tragedia: “Esto tiene dos facetas. Por un lado, el Fuero Contencioso Administrativo: desde mi juzgado intentamos establecer la verdad de los hechos y consagrar el derecho a la verdad objetiva. No solo el derecho a la información, sino a que las autoridades no mientan”.
Y añadió: “Por otro lado, la Justicia Penal no dio ninguna respuesta. Solo se sancionó a una persona de baja jerarquía. Hubo innumerables delitos que no fueron investigados, creo yo, por la complicidad con el Poder Ejecutivo provincial”.
Según Arias, el ocultamiento del número real de víctimas fue una maniobra del Fuero Penal, que disputó la competencia con el Fuero Contencioso Administrativo hasta el último momento. La Corte bonaerense resolvió que este último era el competente para establecer el cómputo de fallecidos. El Fuero Penal sólo contabilizaba muertes traumáticas —por ahogamiento en la vía pública o en los hogares— y excluía a las víctimas directas registradas como “fallecimientos naturales” en los hospitales. Esta clasificación reducía artificialmente la cifra final y minimizaba la magnitud de la tragedia. Gracias a la actuación del juzgado de Arias se reconocieron oficialmente las 89 víctimas.
“No solo hubo impunidad, sino complicidad del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo en la maniobra de ocultamiento. Y, sobre todo, faltó condena a los funcionarios responsables, incluidos los médicos forenses que falsificaron las causales de muerte”, sostuvo Arias. Esto quedó documentado en la causa tramitada ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1.
¿Puede repetirse un hecho como el de 2013?
Especialistas en cambio climático advierten que este tipo de eventos pueden repetirse con mayor frecuencia debido al aumento de fenómenos extremos. Las inundaciones serán más grandes y más frecuentes, al igual que las sequías, por lo que la prevención resulta indispensable.
Arias reflexionó: “Creo que se avanzó mucho en Nación, Provincia y Municipio en los planes de gestión del riesgo y en el monitoreo climático. Sin embargo, queda mucho por hacer. La falta de conciencia ciudadana es notable”.
Una investigación de la UNLP señala que las obras hidráulicas mitigan, pero no pueden evitar una inundación del calibre del 2013. Son necesarias, pero insuficientes sin una población informada y preparada.
Entre otras medidas, Arias recomienda establecer de manera visible los puntos de encuentro y los lugares de evacuación, y señalizar en columnas y carteles la altura que alcanzó el agua en 2013. También considera indispensable poner en vigencia los protocolos elaborados entonces y difundidos por la UNLP. Para enfrentar esta realidad, las obras públicas deben complementarse con políticas no estructurales, como planes de contingencia, ordenamiento territorial y ambiental, sistemas de alerta temprana y una ciudadanía capacitada para protegerse.
La gran incógnita ante cada tormenta es cuánta agua caerá y en cuánto tiempo, algo imposible de predecir con exactitud.
